En cumplimiento del plazo previsto y como se esperaba, la empresa Thomas Greg & Sons, a través de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, ganó el contrato de $2,1 billones que asignó la Registraduría Nacional para la logística electoral.
En tal sentido la Registraduría indicó que el mismo corresponde al Acto Administrativo 8135 del 9 de julio de 2025, mediante el cual se atenderán las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud de octubre próximo, Congreso de la República en marzo de 2026 y Presidente y Vicepresidente de la República en mayo de 2026 y segunda vuelta.
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La asignación de este operador logístico ha llamado la atención en los últimos días, en especial del Gobierno y del presidente, Gustavo Petro, por considerar que no hay todas las garantías que sean unos procesos electorales sin problema.
Al respecto, la Registraduría indicó este miércoles que para promover “la participación en el proceso de selección, la Registraduría Nacional envió comunicaciones a 14 embajadas para que, en caso de que existiera en sus países empresas con experiencia relacionada, dieran a conocer la convocatoria y así contribuir a la competencia y pluralidad de oferentes".
Se precisa que en todo el proceso de logística están incluidos 13 componentes como son la inscripción de ciudadanos y registros de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco.
Así como kit electoral, infovotantes, biometría, control de puestos de votación, preconteo y comunicaciones, escrutinios, acta de escrutinio de mesa de los jurados de votación E-14, actas de instalación y registro de votantes E-11, infraestructura tecnológica y mesa de ayuda.
También se indicó que fueron en total diez los posibles oferentes que tuvieron interés de participar en el proceso de selección, Colservico & Suministros S.A.S., S3 Simple Smart Speedy S.A.S., Portes de Colombia, Servientrega S.A., Multidestinos JRB S.A.S., Cadena S.A., Comercializadora Empresarial de Córdoba S.A.S., Toppan Security Colombia S.A.S., Smartmatic y Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026).
Precisó el ente electoral que “Toppan Security Colombia S.A.S. señaló que, a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos en los documentos del proceso, la casa matriz había tomado la decisión de no presentar propuesta formal y que la decisión respondía a una evaluación estratégica rigurosa que consideró, entre otros factores, aspectos asociados a la seguridad nacional en Colombia, entendiendo que el actual contexto nacional presenta desafíos particulares en materia de gobernabilidad y estabilidad institucional, los cuales inciden directamente en el desarrollo de operaciones de alta especialización técnica y confidencialidad. Así mismo, señalaron que evaluaron antecedentes sobre retrasos sustanciales en los pagos a contratistas por parte de algunas entidades estatales”.
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Sabrina Cajiao Cabrera, gerente administrativa y financiera de la Registraduría Nacional, indicó que Smartmatic informó que no se encontraba en condiciones de presentar una oferta en esta ocasión aduciendo, entre otros argumentos, una combinación de compromisos previamente adquiridos.
La Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026), la integran Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Thomas Processing & System S.A.S., Securid S.A.S., Thomas Greg Express S.A., Compañía Colombiana de Seguridad Transbank Ltda., Grupo Asesoría en Sistematización de Datos (Grupo ASD S.A.S.), Sociedad Operadora Opesa S.A.S. y Colombia Telecomunicaciones S.A.
Para la Registraduría, Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026) fue “sometida a un estricto proceso de verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros y la acreditación de los factores ponderables, establecidos en los estudios previos y el pliego de condiciones de la convocatoria: 1) Aspectos de verificación de la capacidad jurídica. 2) Aspectos de verificación de la capacidad financiera y organizacional. 3) Requisitos técnicos habilitantes: oferta técnica, área para el alistamiento del material electoral, operador de autenticación de identidad digital, registro proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, aval de propuestas, personal habilitante y prueba técnica habilitante”. También tener la experiencia del proponente: general y específica.
La Registraduría reportó que para “efectos de ampliar las posibilidades de participación de los interesados se adoptaron diversas medidas respecto de la experiencia general y específica. Por ejemplo: se eliminaron experiencias que pudieran ser muy propias de la práctica colombiana y se aceptaron experiencias que pudieran ser acreditadas también por empresas extranjeras, se amplió el número de contratos con los cuales se podía acreditar la experiencia, se amplió a 10 años el periodo de tiempo en el cual se debían haber ejecutado dichos contratos, se aumentó la posibilidad de cumplir con la experiencia a partir de la sumatoria de actividades en diferentes contratos, se eliminó la exigencia de que la experiencia tuviera que ser en asuntos electorales (a excepción del procesamiento electrónico de resultados electorales preliminares), entre otras medidas”.
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Finalmente se informó que el proceso de selección contó con el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, quienes realizaron una vigilancia preventiva a la etapa precontractual del mismo.
A su vez, la Procuraduría General participó en las pruebas técnicas realizadas a seis componentes del proceso. También socializó “con doce organizaciones de la sociedad civil y misiones de observación electoral nacionales e internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), IDEA Internacional, International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro Carter y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH/CAPEL, todos los detalles de este proceso, incluidos cada uno de los componentes técnicos, con el propósito de brindar mayores garantías de transparencia”.
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