Física (18 %), sexual (6 %), psicológica (42 %), patrimonial (6 %) y económica (27 %) fueron los tipos de violencia que más se presentaron en 2020 en los departamentos de Arauca, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Santander, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el boletín anual ‘Situación de las mujeres y personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD), refugiadas y migrantes en Colombia’, durante 2020 se registraron 1.617 casos de algún tipo de violencia basada en género, que fue agudizada durante la pandemia.

De estos, el 31 %, es decir 515 casos, corresponden a población refugiada, migrante y solicitante de asilo, y de ese porcentaje, el 12 % son personas OSIGD.

“Hemos atendido estos casos con activación de rutas y acceso a la justicia, apoyo psicosocial y ayuda a la reconstrucción de sus proyectos de vida. Continuaremos trabajando en esta línea en coordinación con otras entidades para disminuir esta violencia”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

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Siguiendo con la población migrante, de acuerdo con la entidad, “se ha identificado que debido a los flujos migratorios mixtos, la población en mención se enfrenta a hechos de violencia, trata y tráfico de personas, violencias de género incluida abuso sexual y discriminación”, entre otras problemáticas.

En cuanto al por qué de la agudización de las violencias mencionadas anteriormente, el boletín explica que “la casa y cotidianamente habitar el mismo espacio solo con las personas del núcleo familiar fue la estrategia del Gobierno Nacional para mitigar el riesgo de contagio, pero esto puso en riesgo a quienes ta estaban siendo víctimas de hechos de violencia, pues al ser confinadas, aumentaron”.

La violencia psicológica, en particular, es transversal a los demás tipos de violencia, “ya que cualquier hecho que cause daño a la persona en cualquiera de sus formas, desencadena también un daño y sufrimiento psicológico (comentarios intimidatorios, acoso, amenazas, aislamiento, desprecio y humillación”.

Otros asuntos agravados por la pandemia fueron la estabilidad de la población refugiada y migrante dependiente del trabajo informal, pues se vieron “expuestas a la escasez alimentaria y la habitabilidad de calle”. Por otro lado, las mujeres y personas OSIGD que ejercen trabajo sexual “percibieron una reducción en sus ingresos”. También hubo retos en el acceso a los servicios de salud y, en particular, a métodos de planificación familiar.

Un problema que también se evidenció fue que “la participación de mujeres y personas OSIGD en espacios de incidencia no solo se afectó, sino que convirtió en un factor de riesgo asumir ese tipo de liderazgo” por cuenta de amenazas y hostigamientos.