El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación iniciar los trámites para extraditar desde Nicaragua al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, prófugo de la justicia por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El pedido de extradición se fundamenta en el tratado bilateral vigente, suscrito entre Colombia y Nicaragua en Managua el 25 de marzo de 1929. El Ministerio de Justicia informó que tanto esa cartera como la de Relaciones Exteriores colaborarán en el proceso una vez la autoridad judicial remita la documentación necesaria.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, notificó que ya inició los trámites correspondientes, una respuesta que el Ministerio de Justicia recibió con satisfacción al reiterar su compromiso en la lucha contra la impunidad.
De forma paralela al anuncio, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio Público busca establecer si hubo una presunta colaboración para que González obtuviera la residencia nicaragüense.
La investigación se originó por denuncias mediáticas que alertaron sobre la posible estadía del exfuncionario en ese país, a pesar de tener una solicitud de circular roja de Interpol en su contra desde el pasado 6 de agosto, cuando un juez ordenó su captura.
Las pesquisas se centran en los trámites para que González obtuviera cédula de residencia y permiso de ingreso por parte del gobierno de Daniel Ortega, así como en el posible uso de un vehículo y la casa oficial de la Embajada de Colombia en Managua. La Procuraduría ordenó una inspección disciplinaria a Migración Colombia y a los procedimientos surtidos desde la Cancillería.
El caso cobró una nueva dimensión tras revelarse una carta, fechada el 21 de mayo de 2025 y enviada por la Embajada de Colombia, en la que se solicitaba a Nicaragua renovar la residencia de González, quien, según el documento, se encuentra en ese país desde el 5 de noviembre de 2024. La Cancillería aseguró que la nota verbal "no fue consultada ni autorizada por este Ministerio" y que fue elaborada de manera inconsulta por un encargado de negocios.
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La Fiscalía investiga a González por su presunta participación en una "organización criminal" que operó dentro de la UNGRD, la cual habría direccionado contratos a cambio de sobornos.
Según la tesis del ente acusador, González, como director del Dapre, le ordenó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, entregar coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para que respaldaran las iniciativas del Gobierno en el Congreso.
Las pesquisas apuntan a la entrega de $3.000 millones a Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y de $1.000 millones a Calle. En su declaración, Olmedo López señaló que González le dijo que "tenía que cumplir con unos compromisos con el presidente del Senado y la Cámara: $60 mil millones a Name y un poco más de $10 mil millones a Calle en contratos".
El presidente, Gustavo Petro, quien inicialmente negó la participación de su Gobierno, anunció horas más tarde que actuaría. "La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país", afirmó el mandatario.
Posteriormente, Petro tomó distancia de su exfuncionario y lo vinculó con el partido Alianza Verde. “Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición entró al Gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno vienen de su núcleo político”, acusó el jefe de Estado en una discusión en redes sociales con la exalcaldesa Claudia López.
López, también de la Alianza Verde, respondió tildando al presidente de hipócrita. "Tras de ladrón, bufón. Nunca en la Alianza Verde hubo un problema de corrupción y usted se llevó una pequeña ala petrista del Verde a su Gobierno y se los llevó a robar”, señaló.
Por su parte, la excanciller Laura Sarabia, quien estaba al frente de la cartera cuando se envió la carta, se desmarcó de la situación y aseguró que no participó ni recibió información sobre dichos trámites. El exembajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, admitió su amistad con González, pero negó haberlo ayudado. “Carlos Ramón es un amigo, no negaré a un amigo. En ese momento él no tenía ninguna restricción. (...) pero yo no lo ayudé a que se escapara", aseguró.
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