En el marco de la conmemoración de los cuarenta años de la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurrida en noviembre de 1985 el Consejo de Estado emitió un nuevo fallo que encamina la búsqueda de verdad de las víctimas y sus familias.

La sección tercera determinó que el Estado colombiano tiene responsabilidad patrimonial por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa.

Según el documento: “la muerte del funcionario judicial se produjo por causas concurrentes: por una parte, la toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19 (...) y, por la otra, por la omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección del Estado y por el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas del orden durante la retoma”.

La historia de Jorge Alberto Echeverry

En una edición de 2017 del periódico La Patria, en Manizales, el poeta Wadiz Echeverry, hermano de Jorge Alberto Echeverry, habló de su familiar luego de enterarse de que en la tumba del magistrado no estaban sus restos, sino los de un mesero del Palacio de Justicia.

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Se enteraron de aquella confusión gracias a los medios de comunicación. “¿Dónde hallar a mi hermano querido Jorge Alberto? Mi madre decía que nadie era perfecto, excepto mi hermano, era muy buen estudiante, era una persona hermosísima, definido por la bondad. Llevaba apenas dos meses en el Palacio y tenía tres hijas Cristina, Juliana y Laura”, declaró.

El magistrado Echeverry era abogado de la Universidad de Caldas. Trabajó como Juez del Circuito en Aguadas y en La Dorada. Tenía apenas 32 años cuando la magistrada Fanny González lo vio en la lista de espera para ser magistrado de Caldas y lo llamó para ser su auxiliar. El holocausto cobró la vida de ambos.

Luego de la toma, del dolor y de la incertidumbre, las autoridades aseguraron que tenían los restos de Echeverry. Estos fueron llevados a Manizales, fueron enterrados, despedidos y llorados para que luego, 32 años después, un informe de Medicina Legal y la Fiscalía identificara que allí no estaba el magistrado, sino Bernardo Beltrán.

Beltrán tenía 24 años cuando murió. En ese entonces, 1985, el joven trabajaba como mesero en el Palacio. “Mi hermano no está en el ataúd, ni la doctora Fanny porque todo se quemó y quedaron cenizas. Creo que el Gobierno tenía afán de llenar los ataúdes. Nunca pudimos ver las tumbas, vinieron cerradas”, concluyó Wadiz Echeverry al hablar con La Patria.

Y a pesar de que tanto Fanny como Alberto siguen sin encontrar verdad, el trabajo de ambos quedará en la historia. Fanny, como la primera mujer magistrada de Colombia: la mujer que dominaba el derecho, se apasionaba por la rama laboral y quien dejó marcado un profundo respeto por lo que ejercía.

Las últimas palabras de Fanny las escuchó uno de sus hermanos por teléfono, y luego fueron consagradas en el impreso del editorial de El Tiempo.

“Por voluntad de Dios y autoridad de la Ley, vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia... no a llorar ni a pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio de Dios que yo muera para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces que Dios, el Presidente y las Fuerzas Armadas salven la Patria. Muero, pero no me doblego”.

Mientras tanto, Echeverry seguía sus pasos. También destacado por ser excelente, fue elegido por aquella profesional para estudiar y defender la Constitución Política colombiana. Tras tres meses en el Palacio y ejerciendo aquella tarea, la violencia lo detuvo.

Lo que dijo el Consejo de Estado sobre el asesinato de Echeverry

En el fallo también se estipula que la toma del Palacio por parte del M-19 no debe verse como una hazaña política ni como un acto heroico, sino que el holocausto ocurrido aquel día que cobró la vida de 43 civiles y dejó otros 11 desaparecidos constituye no solo una tragedia, sino un atentado contra el Estado de derecho.

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De hecho, para el Consejo de Estado, la toma del edificio “constituyó tal vez la afrenta más grave al Estado de derecho desde la fundación de la República, la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia, piedra angular de la estabilidad social y de lo que une a los colombianos como Nación”.

El documento también reconoció la verdad como algo necesario para las víctimas: un derecho. El Consejo de Estado resaltó que en el ámbito público, la verdad constituye un bien común que pertenece a toda la sociedad, y en el plano individual representa el escenario en el que las víctimas recuperan su visibilidad y dignidad.

En ese orden de ideas, aseguró: “Conocer la Verdad preserva del olvido la memoria colectiva y libera a las personas del silencio que encierra la injusticia y la mentira”, y declaró que el Estado colombiano tiene responsabilidad patrimonial en la muerte del magistrado.

Ante esto, el Estado y el Gobierno de turno deberán realizar varias acciones reparadoras: indemnizar a la familia Echeverry; publicar la providencia en un medio de amplia circulación y realizar un acto público de perdón. Durante aquel evento, el fallo deberá ser leído en su totalidad, para garantizar trasparencia y justicia.

Por último, el alto Tribunal exhortó al Ministerio de Defensa a “repetir en contra del M-19 como organización o colectivo, los autores por responsabilidad de mando y/o los directos perpetradores en la proporción causal en que contribuyeron a producir el daño”, asegurando que el movimiento subversivo contribuyó causalmente en la muerte del magistrado auxiliar al iniciar la toma.

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