El proceso penal por el asesinato del universitario bogotano Jaime Esteban Moreno Jaramillo, perpetrado en la madrugada del pasado Halloween en Bogotá, tuvo un nuevo avance, luego de que la Fiscalía radicara el escrito de acusación contra dos de los sospechosos detenidos.

El ente acusador informó este martes que Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro fueron acusados formalmente de homicidio agravado.

El crimen, sucedió al amanecer del pasado 31 de octubre en una vía pública de la localidad de Barrios Unidos.

“Las evidencias obtenidas dan cuenta de que Suárez Ortiz habría interceptado y atacado por la nuca a la víctima, luego de salir de un establecimiento de comercio. El joven no reaccionó ante la agresión y tomó camino hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona para evitar que la situación trascendiera y buscar transporte”, reportó la Fiscalía en un comunicado.

Y prosiguió: “Sin embargo, los hoy procesados persiguieron y alcanzaron nuevamente al estudiante. González Castro es señalado de propinarle una patada por la espalda que lo hizo caer al piso. Entre tanto, aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia en el que quedó, Juan Carlos Suárez Ortiz presuntamente continuó golpeándolo. El universitario fue trasladado en grave estado de salud a un centro asistencial, donde le detectaron politraumatismos en cara, cráneo y tórax, y finalmente murió”.

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Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro están detenidos en la actualidad, pendientes del juicio oral en su contra, dado que se han declarado inocentes.

De otro lado, hay una orden de captura pendiente, con Circular de Interpol incluida, contra una tercera sospechosa: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, quien al parecer huyó hacia su natal Venezuela.

La mujer de 24 años, según las indagaciones preliminares, habría instigado a los dos hombres para que golpearan al estudiante.

La venezolana había sido detenida pocos instantes después del crimen, pero una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata la dejó en libertad por considerar que no se cumplían los criterios de una captura en flagrancia.

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