La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, alertó ayer que la crisis humanitaria en el Catatumbo se agravó tras un nuevo desplazamiento forzado que dejó al menos 100 familias llegadas a Cúcuta y otras 15 a Ocaña en un solo día, mientras varias comunidades permanecen confinadas en zonas rurales de Tibú, sin posibilidad de salir debido a los combates persistentes, el uso de drones y la toma de poblaciones por parte de grupos armados.
“La situación en el Catatumbo sigue siendo crítica”, señaló Marín, al explicar que estas familias se suman a las que ya habían llegado desplazadas en jornadas anteriores, así como a aquellas que lograron refugiarse en el casco urbano de Tibú. Todo ello ocurre en un contexto que ha impedido la movilidad de la población civil por la intensidad de los enfrentamientos.
La Defensora del Pueblo advirtió que existen comunidades que no han logrado huir y permanecen atrapadas en sus territorios debido a la continuidad de los combates, lo que incrementa el riesgo humanitario y limita la respuesta institucional y de las organizaciones de ayuda en varias zonas rurales del municipio.
El pronunciamiento se produjo en medio de una nueva escalada de violencia en el Catatumbo, donde enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias y el Eln han provocado desplazamientos sucesivos desde el pasado 24 de diciembre, especialmente en sectores como La Gabarra y Pacheli, dejando a la población civil expuesta al fuego cruzado.
Lea aquí: Más familias huyen del Catatumbo ante enfrentamientos armados y ataques con drones
Durante la semana, Marín ya había advertido que la crisis en Tibú evidencia una brecha entre los compromisos asumidos en las mesas de diálogo y la realidad en el territorio. “Hay una incoherencia entre lo que se firma y lo que está pasando”, afirmó, en referencia a la persistencia de las hostilidades pese a los anuncios de cese.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias, los desplazamientos recientes se han concentrado en comunidades de Tibú y El Tarra, mientras otras personas permanecen confinadas, sin acceso seguro a alimentos, atención médica ni ayuda humanitaria, debido al bloqueo de vías y a la falta de condiciones de seguridad.
La Defensora reiteró el llamado a los actores armados para que cesen las hostilidades y permitan la protección de la población civil, en un contexto en el que autoridades locales y organismos humanitarios advierten que el número de familias desplazadas podría seguir aumentando si persiste la confrontación en la región.
En la madrugada de ayer, el Eln y el Frente 33 libraron intensos combates por el control territorial del corregimiento de Filogringo, en el municipio de El Tarra, lo que agravó la situación de las familias que habitan este caserío, estratégico por su conexión con Tibú.
Gobierno pide activar
Comisión Humanitaria
En un comunicado emitido este 30 de diciembre, el equipo negociador del Gobierno nacional en los diálogos con el ELN advirtió sobre el riesgo de un incremento de los enfrentamientos entre esa guerrilla y el Frente 33 de las disidencias.
La Delegación del Gobierno en los diálogos de paz —suspendidos desde enero— señaló que ha recibido información confiable sobre el aumento de tensiones entre el Eln y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) en la región del Catatumbo.
Lea también: A pocas horas de terminar 2025, Norte de Santander es el tercer departamento con más lesionados por pólvora
“Hacemos un llamado a ambas partes a que cesen sus hostilidades y eviten que se produzca nuevamente una situación similar a la vivida por la población del Catatumbo en enero del año que termina”, señala el comunicado divulgado este 30 de diciembre.
Asimismo, un pronunciamiento emitido el 29 de diciembre por organizaciones sociales y humanitarias del Catatumbo advirtió que los enfrentamientos entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han generado restricciones a la movilidad, bloqueos a misiones médicas y humanitarias, así como graves afectaciones a la soberanía alimentaria y al derecho a la alimentación de las comunidades.
El uso de artefactos explosivos, incluidos drones, incrementa el riesgo para la población civil.
La Defensoría del Pueblo señaló que el empleo de estos dispositivos se ha intensificado en medio de la confrontación armada.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion