Durante los últimos tres años de gestión en Norte de Santander, la política de tierras del Gobierno nacional ha permitido la titulación de 13.565 hectáreas a favor de 999 familias campesinas, como parte de las acciones orientadas a garantizar seguridad jurídica y facilitar el acceso a créditos y programas de desarrollo rural.
Los avances, presentados con corte a diciembre de 2025 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), buscan reducir el índice de informalidad predial en el departamento, que actualmente se ubica en el 65 %.
La titulación de predios es concebida como una herramienta técnica clave para la sustitución de cultivos de uso ilícito y el fortalecimiento de economías legales en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
Dentro de las estrategias implementadas se destaca el programa Fincas para la Paz, mediante el cual se han entregado 13 predios, que suman 2.513 hectáreas y 6.925 metros cuadrados, destinados a asociaciones campesinas, organizaciones sociales, mujeres víctimas del conflicto y firmantes del Acuerdo de Paz, con el fin de impulsar proyectos productivos sostenibles.
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Uno de los casos representativos es la entrega de 724 hectáreas a un grupo de 54 mujeres del Catatumbo, así como la adjudicación de tierras a los habitantes de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, quienes ahora cuentan con terrenos para vivienda y el desarrollo de proyectos de vida.
Adicionalmente, en septiembre de 2023 se otorgaron 44 subsidios por más de 208 millones de pesos para respaldar iniciativas productivas de la Asociación de Productores Apóstol Santiago.
En materia de ordenamiento territorial, Javier Santiago Velásquez, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial, resaltó la constitución de la Zona de Reserva Campesina ‘Paz y Unión del Catatumbo’, que abarca más de 59.000 hectáreas y beneficia a 1.800 familias de los municipios de La Playa de Belén, Ábrego, Bucarasica y Hacarí.
De manera paralela, en cumplimiento de la Sentencia T-052 de la Corte Constitucional, se expidió la resolución de protección de 36.000 hectáreas de territorios ancestrales del pueblo Barí en los municipios de Tibú, El Tarra y El Carmen. Asimismo, se constituyó el resguardo indígena Irokobingkayra, en El Tarra, con una extensión de 63 hectáreas.
El balance también incluyó la formalización de 68 resoluciones sobre predios de utilidad pública, equivalentes a 19 hectáreas, destinadas a sedes educativas rurales y escenarios deportivos en los municipios de San Calixto y Sardinata.
Esta medida permite a las alcaldías realizar inversiones directas en infraestructura y dotación. Para articular estas acciones, se conformaron 12 Comités Municipales de Reforma Agraria en localidades como Ocaña, Convención y Villa del Rosario, con el propósito de fortalecer la concertación entre el Gobierno nacional y las organizaciones sociales.
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En el ámbito nacional, se impactaron más de 2,5 millones de hectáreas bajo el liderazgo de la Dirección de Tierras. De ese total, 703.121 hectáreas fueron gestionadas para facilitar el acceso de familias campesinas y comunidades étnicas, mientras que 1.878.711 hectáreas fueron formalizadas para garantizar seguridad jurídica en el campo.
Con un presupuesto de 1,7 billones de pesos y una ejecución del 79,9 %, la política agraria nacional consolidó 27 Zonas de Reserva Campesina y amplió 103 resguardos indígenas en todo el país.
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