La reciente propuesta de desvincular ciertos cobros de la factura de servicios públicos ha generado un amplio debate en Colombia.
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Y es que, la medida, promovida por el Gobierno nacional, plantea que algunos pagos adicionales a los servicios básicos como aseo y saneamiento, además de cuotas de financiamiento para bienes de primera necesidad, sean cobrados por separado. Aunque esta decisión busca simplificar los cobros, sectores críticos advierten que podría traer serios perjuicios, especialmente para la economía de hogares y microempresas.
Y es que, actualmente, según como menciona Camilo Sánchez, en su columna de opinión, 'De vuelta al gota gota', la Ley 142 establece que algunos servicios, como aseo y saneamiento, deben incluirse conjuntamente en la factura de servicios públicos. Sin embargo, la nueva propuesta plantea excluir estos rubros del recibo tradicional, lo cual podría generar inconvenientes jurídicos.
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Además, los impuestos regionales y municipales, como el alumbrado público y la seguridad, también forman parte del valor de la factura en algunas regiones, representando hasta el 30% de su total en zonas como la Costa Caribe, según destaca el columnista. Este porcentaje elevado ha llevado a que organizaciones soliciten una revisión de estos valores, debido a su impacto en las finanzas de los usuarios.
Otro aspecto fundamental de la propuesta es la eliminación de los pagos relacionados con préstamos que los usuarios han adquirido voluntariamente a través de las empresas de servicios públicos. Este tipo de financiación no bancaria permite a muchas personas acceder a bienes básicos y mejoras en vivienda sin necesidad de acudir a los sistemas bancarios tradicionales.
Sánchez detalla que, según datos recientes, solo el 35,3% de los colombianos tiene acceso a financiamiento formal, por lo que estos programas representan una alternativa clave para sectores de bajos ingresos y pequeñas empresas que necesitan soporte financiero accesible.
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Además, las líneas de financiación no bancarias ofrecidas por empresas de servicios públicos brindan a los usuarios opciones para adquirir bienes esenciales sin recurrir a métodos informales como el "gota a gota".
Este último es una modalidad de préstamo informal caracterizada por sus elevadas tasas de interés y prácticas de cobro agresivas, que afectan a uno de cada cinco colombianos. Las empresas de servicios públicos, al incluir opciones de financiamiento en sus facturas, ayudan a reducir la dependencia en estos esquemas, brindando a sus usuarios soluciones financieras con mejores condiciones.
Así las cosas, la propuesta de separar estos cobros de la factura podría plantear un riesgo para los sectores más vulnerables, quienes podrían perder acceso a este tipo de financiamiento si se aprueba la medida.
Muchos expertos señalan que esta modalidad de cobro conjunta ha demostrado ser efectiva en términos de cumplimiento, ya que facilita el pago en un solo recibo, pero en caso de eliminarla, los usuarios tendrían que buscar otros mecanismos para realizar sus pagos, lo que podría aumentar la tasa de morosidad y generar dificultades para quienes dependen de este servicio inclusivo.
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A pesar de que el Gobierno sostiene que esta medida busca mejorar la eficiencia y la transparencia en los cobros, críticos advierten que podría derivar en una carga administrativa adicional para los usuarios y el riesgo de que pierdan el acceso a mecanismos de crédito fundamentales para su bienestar. La discusión sobre la propuesta continúa, mientras se espera que el Gobierno explore alternativas para fortalecer estos sistemas de inclusión financiera, atendiendo a las necesidades de los sectores más vulnerables.
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