El último Secretariado de las extintas Farc reconoció de manera colectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el reclutamiento forzado de más de 18.000 niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado en Colombia, solicitó al tribunal de paz unificar los casos y reiteró su compromiso con medidas de reparación y garantías de no repetición.

En un documento entregado a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los seis ex integrantes del Secretariado señalaron que el reclutamiento y utilización de menores fue “un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades”.

El pronunciamiento corresponde al Auto 005 del 2024, en el marco del Caso 07 sobre "Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado". Los comparecientes aseguraron que el reconocimiento se hace “desde un profundo compromiso con la verdad y la paz de Colombia” y que busca aportar a una “verdad judicial útil” que permita avanzar hacia la reparación y la no repetición.

Los ex jefes guerrilleros propusieron que se amplíe la resolución del Macrocaso 01, incorporando los hechos del Caso 07 para garantizar coherencia judicial y seguridad jurídica. También reiteraron la necesidad de una resolución de conclusiones única, con unificación de hechos y conductas.

 La respuesta fue firmada por Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra. En ella, afirmaron que asumen la responsabilidad no como una defensa individual, sino como un compromiso colectivo con el país y con las víctimas.

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Indicaron que vienen desarrollando acciones de reparación simbólica y material, como aportes a la verdad en el caso del atentado al Club El Nogal, participación en desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, propuestas legislativas a favor de las víctimas y procesos conjuntos con organizaciones como Revipaz.

También manifestaron que, aunque el reclutamiento se produjo en el contexto de una guerra prolongada marcada por el abandono estatal, la represión y la desigualdad, “eso no justifica el sufrimiento causado ni las cicatrices que aún perduran”.

En noviembre de 2024, la JEP les imputó cuatro patrones de criminalidad: reclutamiento de menores de 15 años, malos tratos y homicidios dentro de la guerrilla, violencia sexual y reproductiva contra niñas reclutadas, y violencia basada en prejuicios contra personas LGBTIQ+.

La Sala de Reconocimiento ordenó el pasado 4 de abril que los comparecientes respondieran si aceptaban o no su responsabilidad. El plazo finalizó el 21 de mayo y define si el proceso seguirá la ruta restaurativa —con sanciones propias— o pasará a una adversarial, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

Durante el proceso, más de 120 víctimas participaron en audiencias reservadas ante la JEP. Provenientes de 18 departamentos, entre ellos Caquetá, Meta y Antioquia, presentaron observaciones sobre los testimonios de más de 70 ex combatientes.

Las víctimas exigieron reconocimiento sustancial, una verdad restauradora y acciones concretas, incluyendo la búsqueda de menores desaparecidos. Actualmente, hay 289 casos registrados de reclutamiento infantil con desaparición forzada.

La etapa de observaciones continúa con enfoque regional y se prevé que la JEP defina responsabilidades por bloques guerrilleros en una segunda fase del caso.

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