La Defensoría del Pueblo pidió hoy la liberación inmediata y sin condiciones de los nueve contratistas de la Gobernación del Cauca que fueron secuestrados por las disidencias de las Farc en las últimas horas. Se trata de siete hombres y dos mujeres retenidos en el municipio de López de Micay.
"Hacemos un llamado urgente al respeto por su vida, integridad y dignidad. Ponemos a disposición nuestras funciones humanitarias para facilitar su pronta liberación en condiciones que garanticen su salud y bienestar", indicó la entidad, a través de su cuenta de X.
Horas antes y a través de un comunicado el Bloque Occidental de esa estructura armada reconoció el secuestro y acusó a las nueve personas de realizar la entrega de equipos de comunicación para favorecer al Ejército.
Según esa organización al margen de la ley, las labores de los secuestrados estaban enmarcadas en un contrato de compraventa con código BPIN20250000002243, financiado con recursos públicos por más de $4.100 millones. Los equipos instalados tenían capacidad para inhibir señales y derribar drones, aseguraron.
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Los nombres de las personas secuestradas son Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
La Gobernación del Cauca explicó que los retenidos realizaban una labor humanitaria y social, en articulación con Juntas de Acción Comunal (JAC) de la zona.
"Tenía como propósito promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado, en un ejercicio legítimo de servicio público, lejos de cualquier interés o acción militar, como erróneamente lo afirman los grupos armados en su comunicado", precisó la Gobernación.
El grupo armado ilegal acusó al gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, de destinar presupuesto público para tareas militares.
Argumentó que “la retención de los funcionarios y contratistas es legítima” y anunció que evaluarán la información contenida en los equipos incautados, así como la identidad de cada uno de los retenidos. Agregaron que los secuestrados “serán tratados de la mejor manera” y advirtieron que las operaciones militares en curso podrían poner en riesgo sus vidas.
También invitaron a los alcaldes del Cauca a “no vincular a sus funcionarios a tareas de guerra” y pidieron a las comunidades reportar la presencia de personal ajeno en zonas bajo control de ese grupo.
El gobernador Guzmán aseguró que "los funcionarios y contratistas secuestrados son civiles, padres, madres, hijos, hermanos, que solo buscaban servir a las comunidades más necesitadas del Cauca. Hacemos un llamado urgente a la Cruz Roja Internacional, y a las organizaciones de derechos humanos, para que intervengan y acompañen este momento crítico. La vida y la libertad deben ser protegidas".
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