La Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior y a las autoridades de Norte de Santander que entreguen en un plazo máximo de diez días un informe detallado con pruebas reales sobre su respuesta a la crisis en el Catatumbo, al determinar que los esfuerzos del Estado no han dado resultados duraderos y la violencia sigue afectando gravemente a la población civil.
Las Salas Especiales de Seguimiento de la Corte emitieron el Auto 002 de 2026 tras confirmar que la situación en la región es crítica. Aunque las autoridades tomaron algunas medidas desde enero de 2025, el tribunal concluyó que "la crisis humanitaria continúa" y que las acciones institucionales no lograron detener el daño a las comunidades ni evitar nuevos ataques.
La decisión judicial se basó en la gravedad de la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc. Según la información recogida por la Corte, esta confrontación provocó "el mayor desplazamiento masivo registrado hasta la fecha, con más de 52.000 personas desplazadas" y dejó a otras 21.000 confinadas, sin posibilidad de moverse libremente por sus territorios.
En su orden, los magistrados exigieron al Ministerio del Interior, encargado de coordinar la respuesta rápida a las alertas de riesgo, que explique exactamente cómo atendió la Alerta Temprana 017 de 2025. Esta alerta advertía sobre el aumento de la violencia en el municipio de Tibú y su posible expansión a otros lugares de la región.
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La Corte pidió saber "si existe un plan de acción integral con fechas, responsables" y un estado claro de ejecución. El tribunal fue enfático en que no bastan los anuncios: el Gobierno debe entregar "soportes sobre sesiones realizadas, decisiones adoptadas" y resultados que se puedan medir y verificar.
El reclamo también recayó sobre la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de Cúcuta, Tibú, El Tarra y Ocaña. Estas autoridades deberán explicar cómo incluyeron las advertencias de peligro en sus planes de prevención y cómo se coordinaron con el Gobierno Nacional.
Un punto clave de la exigencia es el dinero. La Corte solicitó información precisa sobre "los recursos públicos asignados para atender la crisis", pidiendo que se detallen los montos y las fuentes de financiación para ver si el dinero destinado coincide realmente con las necesidades urgentes de la gente.
El documento de la Corte relató hechos violentos recientes que demuestran el fracaso de la protección estatal. El tribunal citó reportes sobre "ataques con drones en el corregimiento de Filo Gringo", en el municipio de El Tarra, y combates que obligaron al confinamiento de 6.000 personas en Tibú durante diciembre de 2025.
La violencia también golpeó a quienes firmaron el Acuerdo de Paz. La Corte registró el "homicidio de 6 personas, 6 desapariciones forzadas" y múltiples amenazas contra este grupo. Por eso, las autoridades también tendrán que explicar "cuáles medidas diferenciales se implementaron" para proteger sus vidas.
La Corte insistió en que "la prevención —es decir, actuar antes de que ocurran nuevas violaciones masivas de derechos— es central" en la respuesta del Estado. Con esta orden, los magistrados buscan verificar si las autoridades están actuando de forma coordinada o si sus planes se quedaron solo en el papel mientras la crisis en el territorio empeora.
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