Dejusticia presentó un análisis del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, al cumplirse tres años de su mandato. El informe resalta tanto avances en áreas clave como derechos humanos y justicia fiscal, como retrocesos en temas de violencia territorial, corrupción y ejecución de políticas públicas. Según el balance, la administración ha enfrentado desafíos políticos y sociales, reflejados en la falta de estabilidad en su gabinete y un panorama de violencia que sigue siendo grave.

En el campo de la justicia social, Dejusticia celebró la reducción de la pobreza monetaria al 31,8%, el nivel más bajo desde 2012, y el crecimiento económico del 1,7% en 2024. También destacó el aumento en el pago de indemnizaciones a las víctimas del conflicto, que pasó de 143,602 en 2023 a 285,537 en 2024. Sin embargo, persisten problemas como las altas tasas de violencia, especialmente en los primeros meses de 2025, con un incremento de masacres y desplazamientos forzados.

En términos fiscales, el informe señaló que el gobierno ha promovido la justicia tributaria a nivel internacional, con su apoyo a la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe y su participación activa en la Convención Marco de la ONU contra la evasión fiscal. Sin embargo, los retos internos continúan, ya que la ejecución de recursos en 2024 estuvo por debajo de lo prometido, con solo un 57% de los $90.6 billones destinados a inversión social ejecutados, el nivel más bajo desde 2002.

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La seguridad en el país sigue siendo uno de los puntos más críticos. A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad, las agresiones contra líderes sociales y territoriales aumentaron en 2025, y la tasa de homicidios subió en varias ciudades, lo que refleja un retroceso en las condiciones de seguridad en los territorios. Además, la corrupción se mantiene como un obstáculo significativo, con investigaciones abiertas sobre financiamiento ilegal de campañas y prácticas irregulares en la contratación pública.

En el ámbito ambiental, aunque el gobierno ha colocado a Colombia en el centro de los debates globales sobre cambio climático, persisten problemas como la violencia contra líderes ambientales y un incremento en la deforestación. La implementación del Acuerdo de Escazú y la regulación de la venta de alimentos ultraprocesados siguen pendientes, lo que limita el impacto de las políticas ambientales y de salud pública.

En cuanto a la justicia de género, Dejusticia destacó la paridad de género en el gabinete, pero también señaló contradicciones en el enfoque gubernamental, con nombramientos y declaraciones que han generado incertidumbre en los movimientos de mujeres y colectivos LGBTI+. Además, la reforma al sistema penitenciario no ha avanzado lo esperado, y la crisis carcelaria sigue siendo un problema sin solución.

En resumen, el informe de Dejusticia concluye que, aunque ha habido avances en algunos frentes, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ha enfrentado serios retrocesos en áreas fundamentales como la seguridad, la justicia fiscal y la lucha contra la corrupción. De cara al futuro, el reto del gobierno será consolidar los avances logrados y abordar los temas que siguen siendo una preocupación para la ciudadanía.

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