Ante el recrudecimiento de la violencia en Tibú, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia en la que advierte un riesgo elevado de violaciones de derechos humanos y graves vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario.
Según el organismo, la situación se ha agravado por la intensificación de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc del Frente 33 ‘Mariscal Antonio José de Sucre’, Bloque Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte’.
El riesgo se concentra principalmente en la zona rural del municipio, en las veredas:
Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Líbano, Bertrania, Nazareth, La Angalia, Guachimán, Caño Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Caño Indio, Chiquinquirá, Km 19, Km 25, Km 28, Palo Quemado y Llano Grande.
También se alerta sobre riesgo en los corregimientos de Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra; así como en la zona urbana de Tibú y los corredores viales que conectan estas áreas rurales con la cabecera municipal.
La Defensoría advierte que el Eln mantiene una estrategia de control territorial y social, imponiendo normas de comportamiento, restricciones a la movilidad, horarios y retenes ilegales.
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Esta situación estaría derivando en graves afectaciones para la población civil, incluyendo:
- Homicidios y amenazas.
- Secuestros.
- Desplazamientos forzados y confinamientos.
- Reclutamiento y utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
- Violencias Basadas en Género (VBG).
- Presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
Los campesinos han sido uno de los grupos más afectados, pues se han reportado casos en los que son obligados a abandonar sus fincas tras ser señalados de supuesta cercanía con alguno de los actores en confrontación.
La alerta también señala afectaciones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, juntas de acción comunal, firmantes del Acuerdo de Paz, miembros de los pueblos indígenas Barí y de la comunidad binacional Yukpa, docentes, comerciantes, transportadores, personal humanitario, misión médica y trabajadores públicos y privados.
La Defensoría menciona que estas violencias hacen parte de una estrategia para controlar la vida comunitaria y limitar la presencia institucional, lo que configura un escenario de alto riesgo y vulneración masiva de los derechos humanos en Tibú.
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Además, advierten que el escenario de riesgo en Tibú podría agudizarse y extenderse en los próximos meses. Entre los factores identificados está la posibilidad de alianzas tácticas o coordinaciones temporales entre los grupos armados que buscan controlar las rutas del narcotráfico, el contrabando de combustible y otras economías ilegales en la región.
De concretarse, esto podría ampliar los repertorios de violencia y provocar desplazamientos masivos y confinamientos prolongados en la población rural.
Otro punto crítico señalado por la Defensoría, es la posible expansión del conflicto hacia otros municipios del Catatumbo, como El Tarra, San Calixto, Sardinata, Teorama y Convención. Estas zonas comparten corredores de movilidad, economías ilícitas y una débil presencia institucional, lo que facilitaría el reacomodo territorial de los grupos armados. Corredores como La Gabarra–El Tarra–San Calixto y Campo Dos–Sardinata–Cúcuta, son considerados de alta importancia estratégica para el transporte de insumos y coca base, lo que los convierte en puntos de alto riesgo de escalamiento y nuevas afectaciones humanitarias.
La alerta también contempla la posible reaparición de otros actores armados, como estructuras remanentes del antiguo EPL u organizaciones de crimen local, lo que podría complejizar aún más la confrontación y derivar en un mayor control social, extorsiones y cooptación de economías comunitarias.
En el ámbito urbano, la Defensoría no descarta una escalada de atentados con explosivos o acciones armadas contra la fuerza pública en Tibú, como mecanismo de demostración de poder y control territorial por parte de los grupos ilegales.
Finalmente, el organismo expresa especial preocupación por los pueblos indígenas Barí y la comunidad binacional Yukpa, cuyos territorios y rutas ancestrales se traslapan con los corredores estratégicos utilizados por los grupos armados.
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