Las denuncias hechas por la sociedad civil y el Ministerio Público frente a las falencias del Ministerio de Ambiente con el proceso para una nueva delimitación del páramo Santurbán, no son un capricho y están fundamentadas en lo ordenado por la Corte Constitucional, que pidió, desde 2017, permitir la participación de las comunidades y una concertación equilibrada para conservar sin generar un conflicto social.

Para lograr una delimitación no inferior a la de 2014, con programas de reconversión y de sustitución de actividades productivas, mecanismos de fiscalización, directrices sobre las fuentes hídricas, una instancia de coordinación y un sólido modelo de financiación, se requiere de acciones planificadas.

Sin embargo, el trabajo estuvo paralizado entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. Hace 27 días el Ministerio retomó las acciones en Salazar y en Cácota, Norte de Santander. 

Pese a ello y producto de no contundentes avances según lo informado por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo al Tribunal Administrativo de Santander (TAS), se le abrió al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, un incidente de desacato.

El auto del TAS fechado el 19 de marzo de 2019 y firmado por la magistrada Solange Blanco Villamizar, le dio al ministro Lozano cinco días para informar las razones por las que no se han dado avances. 

En el informe del Ministerio Público, firmado por el procurador delegado para asuntos ambientales, Gilberto Blanco, y la defensora delegada para derechos colectivos, Sandra Rodríguez, se alerta por la parálisis de cinco meses, la falta de claridad en el territorio y el poco tiempo para concertar una nueva delimitación (plazo vence el 16 de julio).

Frente al tema, el Ministerio de Ambiente señaló que fueron notificados por el TAS y que tienen plazo hasta el 27 de marzo para demostrar avances basados en un cronograma que entregaron en octubre de 2018. 

Sin derecho a participar

Erwing Rodríguez-Salah, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán, uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, dijo que “en más de 7 meses que lleva el ministro Lozano en el cargo no se ha reunido con nosotros (accionantes), quienes somos voceros legítimos de los defensores del agua y Santurbán”.

Para él “la actitud displicente del Ministerio permite deducir que el actual Gobierno podría estar interesado en ratificar la delimitación de 2014, o expedir una similar que no garantiza el agua para Santander y Norte de Santander”.

Consultas estilo fast track

Esta semana se conoció que el Ministerio de Ambiente hará, entre el 27 de marzo y el 13 de abril, reuniones en 19 de los 20 municipios de Norte de Santander que tienen jurisdicción en Santurbán, como parte de la fase de iniciativa y consulta. 

De acuerdo con lo informado por la cartera ambiental las comunidades podrán presentar propuestas, garantizándose una amplia participación y buscando la construcción armónica entre la dupla Estado-Ciudadanía.

Pese a ello las veedurías, la Mesa de Trabajo Ambiental de Norte de Santander y el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, lanzaron alertas. El recorrido que propone el Ministerio con hasta cuatro reuniones en un día y en municipios distantes, no va a permitir que el Ministerio Público pueda hacer un seguimiento del ciento por ciento.

La presidenta del Colectivo de Abogados, Julia Figueroa, dijo que “el Estado no puede decir que el tiempo se le acabó, la obligación es desarrollar un modelo que implica no solo socializar un estudio que en su momento no dieron a conocer, sino revisar propuestas como la que diseñamos los accionantes”.

El presidente de la veeduría Todos somos Santurbán, Fredy Maldonado, dijo que el Ministerio no tiene una propuesta sólida, lo que contrasta con el espíritu propositivo que pidió el ministro Lozano el 26 de febrero en Cácota.

En ese sentido, Diego Rueda, fundador de la Mesa Ambiental, argumentó que las comunidades no están preparadas para consultas, por tanto el Ministerio no culminó la fase dos de nodos territoriales, lo que no permitió una participación plena.

Además de lo anterior y para lograr una delimitación equilibrada, el Ministerio hizo un convenio con el Instituto Alexander Von Humboldt por $1.900 millones para reorganizar los estudios hechos en 2014, que dieron las bases para la delimitación mediante la Resolución 2090.

Concertación Corponor - Humboldt

En la visita del ministro Lozano a Cácota se fijó el compromiso de que el modelo predio a predio y georreferenciado que hizo Corponor, reconocido por las comunidades por incluir información sobre actividades productivas, sería integrado al estudio del Humboldt.

La subdirectora de Recursos Naturales de Corponor, Sandra Gómez, dijo que el 5, 6 y 7 de marzo se presentó en detalle a funcionarios del Humboldt y del Minambiente el estudio con la metodología de zonificación, además de la propuesta de la Corporación para dar cumplimiento a los seis puntos que definió la Corte Constitucional. 

Según lo informado por Gómez, el Humboldt evaluará si tiene en cuenta o no el estudio y la propuesta de Corponor, que responde a lo técnico y social.

El coordinador de áreas estratégicas de Corponor, Sergio Niño, dijo que la propuesta es un mapa de gestión integral para la conservación del páramo, con 122.498 hectáreas, que incluye bosque andino, altoandino y los cuatro Parques Naturales Regionales (PNR) que hay en el departamento. 

Para que la propuesta sea exitosa se requieren programas de reconversión y de sustitución de actividades productivas. En cuanto a fiscalización se propone que sea desde los municipios, con audiencias regionales. 

En cuanto a zonas claves para el agua se debe dar la compra y el saneamiento predial, el pago por servicios ambientales y que los PNR cuenten con recursos.

Para la financiación se requiere de un modelo público - privado, el pago por obligaciones ambientales y el aporte de las comunidades. Así, se vincularía a los 20 municipios con jurisdicción en Santurbán para reunir $600.000 millones que permitirían dar un manejo del páramo por 20 años.

Minería impacta la conservación en zonas de alta montaña

Entrada del primer túnel y por el que se extraería el oro en concentrado polimetálico.

Las acciones humanas generan impactos positivos y negativos en los ecosistemas y bajo esta premisa se ha dado un intenso debate frente a la minería en páramos y en bosques de alta montaña.

Hace 24 años las mineras canadienses llegaron al páramo Santurbán con el objetivo de explotar oro y plata. Décadas antes la minería ilegal se había apoderado de los ecosistemas en la Provincia de Soto Norte (Santander) y con el paso de los años en la zona se asentaron otras compañías, maravilladas por la gran bonanza minera.

Desde entonces Santurbán se convirtió en referente en Colombia por dos razones. De un lado, sus montañas son perfectas fábricas de agua, y de otro, su suelo alberga vastas provisiones de minerales y metales.

La presión minera sigue vigente y de acuerdo con un informe que le presentó la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo al Tribunal Administrativo de Santander, basados en información del Ministerio de Minas y Energía, hay 156 unidades productivas de las cuales 44 están dentro del área delimitada por la Resolución 2090 de 2014. 

Vista del punto donde está ubicado el campamento de Minesa en Soto Norte.

En este escenario surgió la Sociedad Minera de Santander (Minesa), que tiene como presidente a Santiago Ángel Urdinola, antes presidente de la Sociedad Colombiana de Minería. La compañía es respaldada por Mubadala Investment Compañy, grupo del gobierno de Abu Dhabi (Emiros Árabes Unidos).

La compañía, este año, le presentó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el estudio de impacto ambiental y tras la verificación preliminar de documentación se emitió el auto de inicio para la evaluación del proyecto. (Ver gráfico ubicación y proyección)

De acuerdo con información de Minesa, una vez se otorgue la licencia ambiental y posterior a la fase de construcción de cuatro años, se entregará una mina subterránea que producirá anualmente un promedio de 410.000 onzas de oro en concentrado polimetálico.

A la pregunta de cómo está el proyecto con respecto a la delimitación hecha en 2014, la compañía respondió que está fuera del área delimitada y del páramo. “El primer portal de acceso estaría a 2.640 metros y se extendería en sentido contrario al páramo Santurbán”.

En cuanto al manejo ambiental y la conservación de la biodiversidad, la compañía Minesa dio a conocer que  cuentan con un estudio hidrogeológico, un diseño minero de bajo impacto basado en ingeniería de alta calidad y cinco sistemas de tratamiento que garantizarán condiciones de óptima calidad del agua que verterá el proyecto.

Además, hay planes de manejo ambiental y compensación con un enfoque integral.

¿Qué dicen los defensores?

Para Erwing Rodríguez-Salah, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán, el que la empresa Minesa afirme que el proyecto minero es factible por estar por fuera del páramo basándose en la delimitación hecha en 2014, “resulta anacrónico pues la Corte Constitucional declaró viciada la Resolución 2090”. 

De acuerdo con el defensor del páramo “la legislación ambiental vigente en Colombia hace que cualquier proyecto minero por encima de las bocatomas de los acueductos metropolitanos de ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, sea indefendible e inviable”.

La afirmación es soportada en la Ley 99 de 1993, que incluye un principio de precaución; el Decreto 2372 de 2010, sobre áreas protegidas; el Decreto 3930 de 2010, sobre usos del recurso hídrico, y unido a ello está el mandato de la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017.

A la par de lo anterior, Rodríguez-Salah reseña que dicha sentencia, que ordenó una nueva delimitación, pide incluir dentro de los límites del páramo la zona de transición bosque-páramo como medida para proteger la alta montaña.

“Las empresas mineras no pueden hacerse falsas expectativas con proyectos por fuera de la línea de delimitación con la Resolución 2090, como si esta se fuera a ratificar, pues tiene graves vacíos técnicos, entre ellos no tener en cuenta estudios fundamentales e imprescindibles como los hidrogeológicos”.

Autoridades ambientales han hecho visitas al campamento de Minesa.

En este orden de ideas también se pronunció la Mesa de Trabajo Ambiental de Norte de Santander. Su fundador, Diego Rueda, dijo que la minería en ecosistemas estratégicos es rechazada pues la afectación se da sobre las fuentes de agua que surten a centros poblados.

Por ello en el pacto por Santurbán que promueve la Mesa, se le está pidiendo al Gobierno Nacional la elaboración de una política pública para conservar las zonas de amortiguación de los páramos.

“Frente al tema de Minesa y para tener un acercamiento con el proyecto en el territorio, se está coordinando con la compañía una visita entre el 8 y el 12 de abril”, argumentó Rueda.

Datos:

-156 unidades productivas mineras identificó la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, de las cuales 44 están dentro del área delimitada por la Resolución 2090 de 2014.

-44 unidades productivas corresponden a 39 títulos mineros, 1 solicitud de legalización, 2 títulos terminados y 2 unidades productivas sin figura.

-24 títulos mineros están vigentes en Santurbán de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), lo que contrasta con los 39 identificados por el Ministerio Público.

-20 títulos no tienen actividad minera y 4 la desarrollan dentro del área autorizada y por fuera de la zona delimitada, según la ANM.

-13 propuestas para contrato de concesión minera se han presentado para Santurbán. Están en estudio técnico según la ANM para ser recortadas o rechazadas si están dentro del área delimitada.