La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes a Venezuela por violar los derechos políticos, la libertad de expresión y la protección judicial del excandidato presidencial Henrique Capriles durante el proceso electoral de 2013, lo que permitió el “uso del aparato del Estado para favorecer” al presidente Nicolás Maduro.
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El tribunal con sede en Costa Rica concluyó que las actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela “constituyeron un uso abusivo del aparato estatal dirigidas a favorecer al candidato oficialista”, Nicolás Maduro, y develaron la “falta garantía de la existencia de medios adecuados de impugnación y de transparencia en el proceso”.
Capriles y Maduro compitieron por la Presidencia venezolana en unas elecciones celebradas el 14 de abril de 2013, precedidas por la muerte de Hugo Chávez, un mes antes.
De acuerdo a los resultados anunciados por el organismo electoral, Capriles –quien representando a la Mesa de Unidad Democrática (MUD)– obtuvo el 49,12 por ciento de los votos frente al 50,61 por ciento de Maduro, que se había inscrito como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pese a ejercer de “presidente encargado de la República” en ausencia de Chávez.
Cabe recordar que un dictamen del TSJ lo habilitó días antes para presentarse a las presidenciales y estableció que no debía separarse del cargo para competir en la elección, en contra de la legislación venezolana del momento.
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La CIDH recordó que los comicios se celebraron “en un contexto de progresivo deterioro de la separación de poderes en Venezuela y de la independencia e imparcialidad del CNE y el TSJ”. Además, durante la campaña se emplearon “medios de comunicación públicos, declaraciones y movilizaciones de funcionarios del Estado, presiones indebidas, y uso de recursos públicos para la cobertura y promoción de Nicolás Maduro”.
Asimismo, constituyeron “un abandono de los principios fundamentales del Estado de Derecho en tanto desconoció las reglas previstas en el derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático, y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección”.
Todo ello, han concluido los magistrados del tribunal, “afectó el derecho de los electores venezolanos a elegir libremente a sus gobernantes”.
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