Se habla de la Zona Económica desde mediados del 2016, cuando transcurría el gobierno de Vielma Mora. Durante los años 2018 y 2019 el tema quedó en el aire, hasta que nuevamente en el 2022 volvió a surgir, pero convertida en una Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, en donde queda la duda de si Táchira está incluida o excluida, y que, por tanto, no ha generado ninguna respuesta a las demandas de los municipios fronterizos de la región hasta la presente.
Cabe destacar que la normativa legal establece que se definen las Zonas Económicas Especiales (ZEE) como: “delimitación geográfica que cuenta con un régimen socioeconómico especial y extraordinario, en cuyas poligonales se desarrollan actividades económicas estratégicas previstas en esta Ley, en consonancia con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.
Al respecto, Carlos Casanova, coordinador del Centro de Estudios de Frontera e Integración (CEFI) de la Universidad de Los Andes, expuso que lo que falta para que de una vez por todas comience a rendir frutos es la elaboración de las políticas públicas.
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También, en Táchira está aprobada la Zona de Integración Fronteriza, programa que fue impulsado por el Centro de Estudios de Frontera e Integración de la Universidad de Los Andes, que fue aprobada durante el gobierno de Ronald Blanco La Cruz, que además tiene decreto de la Comunidad Andina de Naciones, lo que indica que hay instrumentos que han funcionado, apuntó Casanova.
En este caso, Colombia, que tiene activas tres Zonas de Integración Fronteriza, dijo: “cabe preguntarse, es por qué del lado venezolano no se arranca desde los instrumentos que ya están aprobados”.
El tema de las ZEE tiene que ver más que con acuerdos, con políticas públicas, porque la reactivación de la zona comercial de San Antonio, por ejemplo, no depende de un acuerdo de integración, sino de una política nacional que fortalezca y fomente el comercio fronterizo, tanto en el caso de San Antonio, como lo que sucede con el apalancamiento de la zona industrial de Ureña, la cual necesita una política nacional, puntualizó Casanova.
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“La industria en Ureña tiene que producir para Venezuela y para el mercado internacional”, comunicó, por lo que de igual modo queda en duda cuál es la política económica del gobierno para la frontera.
“¿Hay casas de cambio? ¿Hay sistema bancario? ¿Hay apuntalamiento de los servicios públicos para el sector industrial y comercial? ¿Hay créditos? ¿Hay estímulos? Eso es lo que el gobierno tiene que desarrollar en un principio”, afirmó el especialista en el tema.
Recordó que el parque industrial de Ureña aportaba casi el 60% del sector industrial de este municipio y era un centro de producción bruto de pantalones.
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Expuso que solo Norte de Santander tiene 42.000 pequeñas empresas, pero el registro del Servicio Autónomo de Registros y Notarías de Venezuela tiene 46.000, una gran diferencia de un estado colombiano a un país entero.
Por otro lado, Mauricio Valencia, diputado del Consejo Legislativo del estado Táchira, expuso que la Zona Económica Especial solo incluye dos municipios de la región, lo cual podría profundizar las asimetrías con el departamento de Norte de Santander, motivo por el cual apoya la propuesta de incluir al menos tres municipios más a este proyecto.
Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión
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