Colombia sigue avanzando en el proceso de reapertura de la frontera con Venezuela, a pesar de que el vecino país no ha dado indicios de tomar la misma decisión. Después de casi un año y tres meses de cierre por la pandemia, el Gobierno Nacional anunció a través de la Cancillería  que abrirá nuevamente el paso por los puentes internacionales como una “medida de reactivación económica responsable” a partir de mañana. 

La disposición debe cumplirse siguiendo unas medidas especiales, como el establecimiento de un Puesto de Mando Unificado permanente con Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, la aplicación adicional de un sistema de reconocimiento facial detector de alertas  en el puente Simón Bolívar para control migratorio y medidas sanitarias en los centros migratorios.  

Para ello, el Ministerio de Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud elaboraron una serie de lineamientos que definen un plan de acción en los puentes internacionales ante la reapertura de la frontera con Venezuela en condiciones de bioseguridad debido a la pandemia aún activa en el mundo. 

Este procedimiento se dividió en tres partes importantes: la primera se refiere a la preparación de las acciones de reapertura de fronteras que garanticen a los departamentos fronterizos evitar y controlar la propagación del coronavirus durante la movilización transfronteriza.

La segunda corresponde a las acciones de coordinación y sostenibilidad de la ayuda humanitaria que se brinda a la población migrante por parte de las agencias de cooperación y las entidades del Estado. Y la tercera línea de acción se refiere a la vigilancia epidemiológica, enmarcada en las acciones del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass) a los viajeros de un país y del otro, el cual busca como resultado la detección, atención y respuesta oportuna  a la propagación de la COVID-19 en áreas de frontera.

Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud (IDS) en Norte de Santander, dijo que el  ente territorial acatará las disposiciones del Gobierno Nacional  y desde hace mucho tiempo  han articulado con la Secretaría de Frontera, cooperación nacional e internacional el apoyo necesario para ejercer un control sanitario en los puestos de revisión portuaria. 

Sin embargo, ha expresado desde el IDS su preocupación por la situación de contagios. “Hemos puesto a consideración el pico agudo que está enfrentando Cúcuta y el departamento de Norte de Santander (...) Hemos informado de la presencia de otras cepas mucho más contagiosas, aumentando el número de infecciones como lo hemos observado y por otra parte el avance de la enfermedad, ya casi que ni siquiera pasa por hospitalización sino que requiere cuidados intensivos”, expresó el funcionario. 

Señaló que están atentos a las disposiciones del Estado y tomarán las medidas necesarias de bioseguridad para minimizar todo riesgo ante la posible eventualidad de que se abra el paso legal en el departamento. 

Desde el gremio empresarial, Armando Peña, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, mencionó que desde el sector privado de la región hicieron una gestión de apertura, pero en realidad la competencia en ese asunto le corresponde al Gobierno Nacional y departamental.  

“Buscamos el diálogo intergremial. Los visitamos hace dos días en el Palacio Legislativo, donde estuvieron líderes de Fedecámaras, Freddy Bernal y se habló de la apertura. Se definieron unas comisiones en cuatro temas: salud, aduanas, migratorios y de seguridad, con las que se espera avanzar  en los temas más técnicos y dar inicio a una apertura de frontera con directrices del gobierno de Colombia”, enfatizó Peña. 

Peña aseguró que desde la instancia que preside solo están generando canales de entendimiento para que sea una reapertura segura y sostenida en el tiempo. “La voluntad está, el camino está, solo falta caminar sobre esa ruta (...) El retiro de los contenedores en el puente  es el gesto que estamos esperando”, indicó el presidente de la Cámara de Comercio.   

Desde el 2020, los empresarios y comerciantes de Norte de Santander han propuesto una apertura progresiva de la frontera con Venezuela para reactivar la economía de la región, siguiendo los protocolos de bioseguridad por la pandemia. También reiteraron la misma petición  al presidente Iván Duque, durante su visita a Cúcuta en abril pasado.
 

Del lado venezolano

Comerciantes, empresarios y gremios del estado Táchira ven con buenos ojos la apertura fronteriza anunciada por Colombia para este 1 de junio y mantienen la esperanza de que Venezuela se sume a la iniciativa en un futuro cercano.

Wladimir Tovar, vocero del sector aduanero, coincide con el presidente Nicolás Maduro en que la decisión de abrir la frontera no puede ser unilateral, por lo que insiste en destacar los acercamientos que desde hace varios meses, los gremios de la frontera han venido sosteniendo con autoridades locales y nacionales a ambos lados de la línea binacional

“Este 1 de junio Colombia retirará los obstáculos al tránsito binacional y Venezuela debe prepararse para levantar los contenedores y en un futuro próximo iniciar una apertura comercial, porque las condiciones están dadas para eso”, señaló Tovar. 

Considera que en las actuales circunstancias no hay condiciones para una apertura peatonal, debido a los controles de bioseguridad que se requieren, pues usualmente se producen aglomeraciones durante el paso de un país a otro.

Pietro Ceníccola, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del estado Táchira (Aceta) afirmó que abrir los puentes es una de las mejores medidas sanitarias que se pueden adoptar, porque sobre los puentes se pueden aplicar medidas de bioseguridad que es imposible cumplir por las trochas. Señaló que entre las razones por las que hasta este momento no se ha adoptado en firme la decisión de abrir la frontera venezolana, está la preocupación por la pandemia.

“Debe tomarse en consideración que si Colombia no tiene miedo, Venezuela tampoco debería tenerlo”, dijo al apuntar que las condiciones sanitarias en Colombia con relación a la COVID-19 son mucho más seguras, debido a que el gobierno colombiano está vacunando a la población, lo que le da un margen de protección que respalda la decisión de la reapertura; “mientras tanto en Venezuela el programa de vacunación masivo aún no ha empezado y el gobierno ha rechazado la propuesta de los sectores empresariales de asumir la vacunación de su personal”.

Para Ceníccola, “la apertura se tiene que dar, porque esta situación de cierre ha traído cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo y eso ha afectado otros sectores de la economía; “estamos conscientes de que no se puede dar de manera plena, sino que tiene que ser gradual y comenzar por el transporte de carga e ir avanzando en materia de salud pública”, precisó.

Sin apertura no hay ZEE

Eliécer Useche, presidente del comité promotor de Fedeindustrias Táchira centró su análisis en la necesidad del intercambio fronterizo para explotar las potencialidades de la tan anunciada Zona Económica Especial (ZEE) de San Antonio y Ureña.

“Si el Táchira tiene una zona económica especial en una frontera cerrada, en un estado que no puede exportar, es imposible que pueda funcionar. Si hay una ZEE en Paraguachón, una en Paraguaná, entonces quiere decir que ellas van a competir entre ellas y nosotros (en Táchira) no tenemos ninguna probabilidad, porque nadie va a invertir en una ZEE que está bloqueada en la frontera”, explicó.

Destacó que desde el empresariado están impulsando una campaña denominada “La Frontera somos todos”, porque el cierre fronterizo afecta a toda la entidad, “y las decisiones políticas no deben pasar por encima de los pueblos”.

Useche considera que el cierre de frontera acabó con Ureña y San Antonio, pero también con las zonas industriales y el aparato productivo regional, “da dolor que detrás de cada galpón y de cada santamaría hay una familia esperando para abrir”.

El cierre prolongado, trajo consigo la pérdida de unos 20.000 empleos.

Desde su óptica, una frontera cerrada sólo genera informalidad y contrabando, “cada vez que pasa un producto por las trochas, pagando coimas que no se reinvierten en el bienestar de la población, esto se refleja en el precio final del producto, un producto que bajo el esquema de las ZEE pudiese recibir subsidios arancelarios que ayudarían a bajar el precio de venta al público”.

Actualmente, para mover cualquier mercancía por la vía formal entre Táchira y Norte de Santander, la empresa tiene que ir hasta Paraguachón y volver, en un recorrido de más de mil kilómetros, lo que encarece el producto.

Finalmente destacó que si el gobierno venezolano utiliza el argumento de la COVID-19 para no abrir la frontera, debe tomar en cuenta que el virus está pasando por las trochas, donde no existe ningún tipo de control epidemiológico, que sí sería posible implementar sobre los puentes internacionales; “lo mismo pasa con el contrabando, pues a partir de la apertura fronteriza se activa la recaudación formal de impuestos vinculados al movimiento de mercancías de exportación e importación”, acotó.