Un año y cinco meses después de que las autoridades colombianas, en conjunto con la DEA, capturara a una red de narcotraficantes que mantenía alianzas con el cartel de Sinaloa de México, el golpe fue para los bienes de esta estructura.
Los bienes están valorados en más de 83.000 millones de pesos, representados en inmuebles, muebles, sociedad y establecimientos de comercio, ubicados en Cúcuta, Chinácota, Los Patios, Villa del Rosario, Sardinata, El Zulia (Norte de Santander); Valledupar y San Alberto (Cesar); Bucaramanga (Santander); Villavicencio, Puerto Lleras, Barranca de Upía y Acacias (Meta); San José del Guaviare (Guaviare); Barranquilla (Atlántico); Santa Marta (Magdalena), Cartago (Valle del Cauca); San José y Manizales (Caldas); Cota y Chía (Cundinamarca); y Bogotá.
Según la Fiscalía, las propiedades intervenidas, al parecer, fueron adquiridas con dineros producto la exportación de cocaína desde la región del Catatumbo hacia Venezuela, con destino final a Guatemala, Honduras y Belice.
Las investigaciones contra los responsables de esta actividad ilegal dan cuenta de que tendrían nexos en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y Los Pelusos, y en México con el cartel de Sinaloa.
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El material de prueba recopilado demostró que este grupo narcotraficante, supuestamente, se valió de sociedades comerciales de textiles, hidrocarburos y transportes, bares, casas de cambio, inmobiliarias, hoteles y ganaderas para mover millonarias sumas de dinero.
En una investigación que publicó La Opinión en noviembre de 2019, se evidenció cómo la red de ‘narcos’, liderada por Miguel Ángel Flórez Pineda, alias Roca, se alió con miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela para utilizar pistas clandestinas en el vecino país y de esta manera transportar la droga que producía en los laboratorios artesanales en Tibú.
“Pero de nada le servía tener las pistas, si no contaba con los códigos especiales para el tránsito aéreo en Venezuela, por eso buscaron quién se los vendiera, teniendo que pagar hasta 500.000 dólares por cada uno”, aseguró una fuente judicial que le siguió de cerca los pasos a esta banda, en ese momento.
Agregó que, “Son códigos de cuatro dígitos que aparecen en los radares y cuando se reflejan, indican que no tienen ningún problema y que pueden moverse tranquilamente. Los ‘narcos’ también tuvieron que pagarle 200.000 dólares a la Fuerza Aérea, cada vez que se movían, para que sus aviones no salieran a ver qué estaba pasando”.
Uno de los contactos que consiguió la estructura fue el capitán Gino Alfonso Garcés Vergara, a quien le decían Coro y trabajaba en el Comando de Defensa Aeroespacial Integral de Venezuela (Codai).
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Garcés Vergara, quien fue capturado, resultó ser la mano derecha del comandante de la Fuerza Aérea venezolana, afirmó la fuente. “Con él tenían acceso a los códigos de ingreso y salida de ese país; las avionetas que iban y venían de Centroamérica se desplazaban tranquilamente por el espacio aéreo venezolano”.
El investigador que le siguió los pasos de manera sigilosa a esta red, contó que cargaban avionetas con 400, 500 o hasta 4.000 kilos de cocaína, y para que aguantara el viaje hasta Honduras, Guatemala o México, metían el combustible en canecas, y el copiloto tenía que comenzar a llenar los tanques manualmente, arriesgando su vida.
Fabián Mauricio Ortiz Cañizares, alias Rolex o Totoy; Ariel Augusto Irreño Gómez, alias Hamilton; José de San Martín Gil, alias JK o Juanca; Juan Carlos Vergara Montes, conocido también como Gabriel, Rolo o Nariz; Luz Dary Bautista Lázaro, Pocahontas; Eustaquio Rodríguez Rincón, Tacho; Luis Alfredo Náñez Duarte, Camilo; Jorge Antonio Moreno Lizarazo; Miguel Ángel Díaz Córdoba, Miguelón, quienes pertenecían a esta estructura, también fueron capturados en ese momento.
