Los violentos no esperaron a que se terminara el primer mes del año para volver a marcar huella. Ayer, en la vereda Totumito-Carbonera, de Tibú, que colinda con la zona rural de Cúcuta, se volvió a registrar una masacre que alteró la breve tranquilidad que había desde hace unos días.
Una vez más, la razón para entender los hechos macabros que ocurren en este sector es la fuerte presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), Los Rastrojos y ahora las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Las disputas a sangre y fuego de estos grupos armados ilegales siguen siendo el mayor temor de los habitantes de esta población que se mantiene sometida a las órdenes de los violentos, sin tener la protección de la fuerza pública.
Según denunció Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, hacia las 9:00 de la mañana de ayer, un grupo de hombres armados que se identificó como Autodefensas Gaitanistas, llegó a una finca del sector Las Tanquillas, de la vereda Totumito-Carbonera y asesinó a tres hombres que trabajaban en este lugar. Al menos otros siete, al parecer, alcanzaron a huir y se salvaron del indiscriminado ataque.
Desde que se conoció la versión del defensor de los derechos humanos a través de su cuenta de Twitter, el Ejército y la Policía del departamento iniciaron las pesquisas correspondientes para verificar si la información era real.
Una fuente judicial aseguró que, hasta el cierre de esta edición, los uniformados se trasladaron a Totumito, a la vereda La Silla y al corregimiento Petrólea, de Tibú, lugares que habían sido referenciados del posible escenario violento, pero aún no habían podido confirmar el sitio donde ocurrió el hecho.
Sin embargo, la situación de orden público estuvo tan alterada, que ni siquiera los miembros de una funeraria que serían los encargados de trasladar los cadáveres al casco urbano de Tibú, habían podido llegar al lugar, por razones de seguridad.
Desplazamiento
Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, rechazó el hecho violento y aseguró que la Defensoría está al tanto del acompañamiento para las 80 familias que salieron desplazadas por esta masacre.
“Rechazo tajantemente el asesinato de tres campesinos perpetrado por grupos armados ilegales que hacen presencia en este sector, que, además, generó el desplazamiento forzado de 400 personas de cerca, de 80 familias”, dijo Camargo.
Asimismo, Felipe Corzo, secretario de Gobierno de Norte de Santander, aseguró que se instaló un Puesto de Mando Unificado con el Ejército y la Policía para esclarecer el hecho.
Dijo que hay más de 300 hombres entre soldados y policías para garantizar la seguridad en el sector.
Además, reconoció que se adelantan acciones para controlar las confrontaciones entre los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP OEA), rechazó también el hecho a través de su cuenta en Twitter.
“Este hecho se suma a otras acciones violentas contra la población civil en el departamento. Exigimos a los grupos armados cesar todo acto de violencia contra las comunidades”.
Asimismo, instó a las autoridades a investigar de manera “exhaustiva” este crimen.
