El acuerdo al que llegaron con la Fiscalía contempla una pena de tres años, siete meses y 13 días de prisión además del reintegro de $150 millones, tras reconocer su responsabilidad en los delitos de peculado y soborno y comprometerse a colaborar con la justicia.
En días pasados otro juez le dio viabilidad a un principio de oportunidad con la Fiscalía al determinar que Barreto es un testigo clave que puede aportar en la investigación por el escándalo de corrupción en esa entidad.
Barreto, según la Fiscalía, habría direccionado contratos por $94 mil millones de recursos trasladados de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras, y se habría apropiado de $12.065 millones en favor de terceros.
La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una "organización criminal", como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
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Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como "El pastuso", quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra.
Tiempo después encontró más irregularidades. Por ejemplo, en un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de la Guajira. Hecho en el cual se habrían realizado maniobras ilegales, como el cobro de coimas.
En ese contexto, el 25 de septiembre de 2023, Olmedo López asistió con Luis Carlos Barreto y César Manrique Soacha, entonces director de Función Pública a una reunión en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierra (ANT) a la que también concurrió el entonces director Gerardo Vega y sus asesores, para acordar la modificación del convenio para la reducción de su valor en $100.000 millones.
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