En Colombia, los conductores de aplicaciones de transporte como Uber e InDriver, entre otras, enfrentan la constante amenaza de que sus vehículos sean inmovilizados por las autoridades debido a la falta de regulación específica para estas plataformas. 

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Por esta razón, en respuesta a esta problemática, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca regular estas aplicaciones a través de la creación de un Registro Único Nacional de Servicio de Movilidad Intermediado (Runsmi), el cual transformaría las condiciones bajo las que operan los conductores que las usan. 

El funcionamiento de Runsmi sería administrado por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dependencias que tendrían el control sobre cuántos vehículos y conductores estarían habilitados para prestar el servicio a través de estas aplicaciones. También intervendrían las superintendencias de Transporte y de Industria y Comercio. 

En ese sentido, de aprobarse la ley, los conductores tendrían que registrarse en el Runsmi y cumplir con varios requisitos: contar con la revisión técnico-mecánica y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), actualizar los datos cada seis meses, las plataformas deberán garantizar pólizas de seguros tanto para conductores, como pasajeros y terceros y las tarifas a aplicar serían dinámicas, es decir, según la oferta y demanda del servicio. 

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Uno de los objetivos principales sería eliminar la infracción del Código Nacional de Tránsito que sanciona a los vehículos que prestan servicios de transporte público no autorizado. 

Opiniones divididas 

Esta propuesta ha generado opiniones divididas. Por un lado, los conductores ven en Runsmi una herramienta que les permitiría trabajar sin el temor constante de perder su medio de sustento debido a la inmovilización de sus vehículos. 

“Los que trabajamos con estas aplicaciones no somos delincuentes, salimos todos los días a buscar el sustento para las familias, así como los taxistas y los buseteros, pero nos han montado una persecución, porque piensan que no pagamos nada, pero las aplicaciones cobran un porcentaje y realmente a veces pagan muy mal, esto es un rebusque, no nos hacemos ricos, entonces sí necesitamos una ley que nos proteja, porque estamos trabajando honradamente”, dijo un conductor de la ciudad que usa algunas aplicaciones como medio de trabajo. 

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Pero, por otro lado, las autoridades y conductores de servicio público consideran que el uso de este tipo de aplicaciones fomenta la informalidad y dificulta la regulación del servicio de transporte.

“Falta una regulación clara y actualizada que permita la convivencia de las plataformas digitales con el sistema de transporte tradicional, con ventajas por igual. Acá en Cúcuta hemos salido varias veces a hacer paros por esa razón, porque hay muchos que trabajan es con esas aplicaciones y son una competencia desleal, entones no nos parece que se favorezca a algunos solo con unos requisitos y a otros nos exijan de más”, dijo un taxista de la ciudad. 

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