El programa "Jóvenes en Paz", uno de los proyectos insignia del gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta una fuerte controversia legal. Este programa, que busca prevenir la delincuencia juvenil mediante subsidios o incentivos económicos, ha sido demandado por presunta inconstitucionalidad.
Según la demanda, el decreto 1649 de 2023, que regula el programa, viola principios constitucionales fundamentales, especialmente el de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia.
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La demanda contra este programa llega en el momento en que Carlos Alberto Bolívar, director regional del Departamento de Prosperidad Social, había anunciado su inicio en Norte de Santander, donde además estaba contemplado como una de las ayudas humanitarias ofrecidas a los jóvenes de las comunidades campesinas del Catatumbo, para evitar que se vincularan a la economía alrededor de los cultivos ilícitos.
De momento, esta estrategia se viene implementando en los departamentos de Valle del Cauca y Chocó.
Los demandantes argumentan que el decreto otorga beneficios exclusivamente a jóvenes de 14 a 28 años en situación de extrema pobreza, ruralidad, explotación sexual y aquellos vinculados a dinámicas de criminalidad.
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Este enfoque, afirman, excluye a otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad y la primera infancia. Esta exclusión ha generado una ola de críticas y una demanda ante el Consejo de Estado, que podría anular la reglamentación de este decreto.
Según los juristas, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) no realizó una adecuada focalización para determinar a qué jóvenes se destinarían los recursos del programa. “No sabemos a quién va dirigido y bajo qué criterios va a ir dirigido los recursos multimillonarios destinados a este programa de Jóvenes en Paz”, indicaron.
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