Aunque el Gobierno Nacional y el mismo presidente Iván Duque estuvieron en Norte de Santander conociendo, entre otras cosas, las necesidades sobre la implementación del acuerdo de paz, hasta el momento no se han visto mayores avances o acciones para establecer planes que faciliten la paz territorial.

Según el secretario departamental de Víctimas, paz y posconflicto, Luis Fernando Niño, “dejamos todo claro pero vemos descoordinación en algunos temas”.

Por ejemplo, se solicitó a Emilio Archila, Alto consejero para el posconflicto que se implementen pronto los Planes de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) que culminaron pero no tienen recursos, así como claridad sobre el Plan nacional integral para la sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis).

Le puede interesar San Roque renace después de la guerra y contra la minería

Si bien se ha dicho que el Gobierno Nacional les responderá a las familias incluidas, preocupa que no haya nuevas inscripciones, es decir, más familias con posibilidad de dejar el cultivo de coca.

Así mismo se requirió saber qué pasará con las Agencias (de desarrollo rural y renovación del territorio), cuáles serán sus enfoques, y si se avanzará en la urgencia de saneamiento de las tierras.

“Todo eso lo hablamos, pero vemos que de lo que se dejó el sábado a hoy no ha pasado nada y eso nos preocupa mucho”, dijo Niño, preocupado por la realidad del territorio.

Estas situaciones también son de conocimiento de la comunidad internacional que este fin de semana estuvo en Cúcuta y Tibú, representada por las embajadas de Suecia y Suiza.

“Le hemos planteado al presidente varias opciones, entre ellas que nombren a una persona específicamente para el Catatumbo, como un ministro o un asesor. para que se eliminen los intermediarios y la desorganización de las organizaciones; si no, esto va a convertirse en un problema”.

Si bien se han hecho “muchas reuniones”, es necesario que se empiece a ejecutar lo proyectado, en especial cuando se está ad portas de un año electoral y del fin del mandato de gobernantes que tenían amplias expectativas con la paz, y excombatientes que hasta el momento han cumplido el acuerdo de La Habana.

Entre otras preocupaciones, a raíz del vencimiento de los tiempos, Niño recordó el caso del Espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR), y recordó que el contrato para seguir usando el terreno en que está este espacio vencerá el próximo 30 de diciembre.

“Si no se contrata más, porque el gobierno ha dicho reiteradamente que no hay recursos, entonces qué hacer, a dónde se van a ir”, y qué proyecto productivo sembrar, si la finca no es de de los excombatientes.

“Solo ese tema es neurálgico”, reiteró el secretario, quien señaló que si se comprara la finca por parte de alguna entidad, costaría cerca de 90 millones de pesos, pero la tierra no tiene título, situación que se encuentra cada vez con más frecuencia.

“Vemos reuniones, planes, interagencialidad, pero la Gobernación no puede echarse sola esa responsabilidad, porque los recursos son mínimos ante una complejidad como esa”, puntualizó.