Ni las medidas de restricción que se impusieron desde marzo de 2020 para contener la propagación del coronavirus lograron frenar la estela de sangre y muerte dejada por los grupos criminales y las organizaciones al margen de la ley en departamentos como Norte de Santander.

Según el más reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que analizó la situación del país entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año pasado, 11 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en el departamento, en ese periodo.

Esta cifra ubica a Norte de Santander como la segunda región, junto a Chocó, con más homicidios de defensores y defensoras registrados en el año anterior.  El primer lugar lo ocupó Cauca con 23 asesinatos.

A nivel nacional, el número de líderes muertos a manos de los violentos llegó a 133, aunque la ONU aclaró que, por cuenta de las restricciones derivadas de la pandemia, hasta ahora se han documentado 90 casos y los otros 25 continúan en verificación. En 2019 fueron 108 los asesinatos. (Ver gráfico evolución)

De los hechos verificados, el 9% de las víctimas fueron mujeres (7 casos), el 21% indígenas (18) y el 4% afrodescendientes (3).

En cuanto a los responsables de estos ataques, Naciones Unidas encontró que el 25% fue cometido, presuntamente, por grupos criminales, el 15% por disidentes de las Farc, un 13% por el Eln, y el 4% restante por integrantes de la Policía o del Ejército.

El informe presentado por Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indica que el 81% de los homicidios ocurrieron en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. (Ver tabla).

El 82% de los casos se concentró en zonas rurales, un 93% en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional y 92% en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia endémica, el 96% en municipios con economías ilícitas y 85% en departamentos donde existen “enclaves de producción de coca”.

“Los altos índices de violencia y la desprotección que viven algunas regiones del país crean contextos de vulnerabilidad aguda para líderes y lideresas sociales”, manifestó la representante de la ONU.

En lo que va corrido de 2021, la oficina de este organismo en Colombia tiene reportes ya de 21 asesinatos de líderes sociales o defensores de derechos humanos, de los cuales uno está plenamente documentado y los otros en proceso de análisis.

El año con más masacres

La compleja situación de violencia que registró Norte de Santander durante el 2020 también se evidenció en el alto número de masacres documentadas por Naciones Unidas.

De acuerdo con el informe anual presentado ayer a los medios de comunicación, en este departamento se cometieron el año pasado 6 masacres, de las 76 verificadas a nivel nacional por el organismo internacional.

Al igual que en el caso de los homicidios, Norte de Santander se ubicó como uno de los departamentos más impactados por masacres, junto a Antioquia, Cauca y Nariño. En estas regiones se concentró el 62% de estos hechos violentos.

La escalada sangrienta por parte de los actores armados ilegales, que no dio tregua ni por la llegada de la COVID-19, llevó a que 2020 se convirtiera en el año con la cifra más alta de masacres registradas desde 2014.

“Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014”, asegura la ONU.

Según la información recopilada por ese organismo, estos hechos implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Otras cinco masacres están en proceso de verificación.

La ONU llama la atención en cuanto a que el panorama sigue siendo preocupante y la acción de los grupos al margen de la ley parece no dar tregua, puesto que entre el primero de enero de este año y el pasado 22 de febrero ya se habían documentado seis masacres, con un saldo de 21 víctimas, entre ellas una niña, un niño y dos mujeres. Otros cinco casos están siendo investigados.

Desplazamientos y amenazas

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia alertó que, producto del difícil panorama al que se enfrentan las comunidades de los territorios en conflicto, el desplazamiento también se sintió con fuerza en el 2020.

“La violencia habría causado 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño”, dice el informe, citando datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Y agrega que, “según la misma fuente, 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales”.

Juliette de Rivero, la representante de la ACNUDH en el país, manifestó que la violencia está afectando los proyectos de vida de las poblaciones, así como la protección de sus derechos culturales, espirituales y territoriales.

“En las misiones realizadas por la oficina se observó el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos en estas localidades. Muchas de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación”, dijo.

En el informe se señala, nuevamente, que Norte de Santander hace parte de ese bloque de regiones afectadas por el incremento de la violencia de los grupos armados ilegales y criminales.

En ese sentido, la situación de desplazamiento tendría su origen, también, en el alto número de amenazas que se profirieron el año pasado en contra de los defensores de derechos humanos.

Al respecto, la ONU dijo que recibieron información sobre 795 amenazas y agresiones contra personas que ejercen algún tipo de liderazgo social en sus territorios. De estos casos, 71 fueron denunciados en esta región del país. El 67% de las víctimas de intimidación fueron hombres, 26% mujeres y 2% pertenecían a la población LGBTI.

La representante en Colombia de las Naciones Unidas consideró que el 2021 presenta una oportunidad importante para hacer frente a estos diferentes retos de derechos humanos en el país y en particular en los territorios más afectados.

“Confiamos en la capacidad y voluntad del Gobierno y del Estado en su conjunto de buscar soluciones prácticas y eficaces a estos desafíos, con la participación de la sociedad civil. Es importante hacer ajustes para poder prevenir las violaciones de derechos humanos”,  dijo.