Norte de Santander fue el tercer departamento que más tutelas interpuso en el año 2021 para demandas relacionadas con los accesos al sistema de salud, según un informe de la Defensoría de Pueblo que en ese periodo recibió 92.499 recursos judiciales

El defensor del Pueblo nacional, Carlos Camargo, indicó que el departamento registró un total de 44,7 tutelas por cada 10 mil habitantes, superado solo por Arauca (71,2) y Caldas (58,4).

“Al revisar los recursos judiciales interpuestos por la vulneración al derecho fundamental a la salud encontramos que los ciudadanos en las zonas de frontera - receptoras de alto flujo de migrantes y desplazados por cuenta de las acciones de grupos armados ilegales-, deben acudir cada vez más a la tutela para lograr la garantía de este derecho”, indicó Camargo en un comunicado.

Jaime Ricardo Marthey, defensor del pueblo regional, precisó que 332 tutelas han recibido este año en ese despacho por violaciones a derechosque tienen que ver directamente con Entidades Promotoras de Salud (EPS), tanto en régimen contributivo como subsidiado.

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Explicó que los recursos se han ejercido principalmente por tres demandas. La primera tiene que ver con la falta de atención oportuna, la segunda con las debilidades en el despacho de medicamentos y por último, las remisiones de atenciones con médicos especialistas. “Es una atención bastante crítica”, afirmó. 

Expresó que la crisis que han generado las EPS en el servicio de salud en el Departamento empeoró con las recientes liquidaciones a algunas entidades. 

La mayoría de recursos fueron interpuestos en contra de la liquidada Medimás, la Nueva EPS, Ecoopsos y Cruz Verde. Sin embargo, Marthey aclaró que esto solo en los referente a las tutelas que se accionaron desde la Defensoría, que no conoce del universo total, por cuanto la mayoría se realiza a través del órgano de control.

Por otro lado, dijo que desde la Defensoría la labor ha consistido en poner bajo la óptica del IDS todas estas situaciones para que este tome las acciones necesarias a fin de elevar las denuncias ante Supersalud. “Es el instituto el que debe hacer las indagaciones para poder sustentar ante la Superintendencia las solicitudes de determinadas acciones por vulneraciones de los derechos de los usuarios”, explicó.

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“No hay control”

Nicolas Salazar, veedor del sistema de salud, sostuvo que mientras no haya una inspección, vigilancia y control por parte del ente territorial, los ciudadanos no tendrán otra vía que la protesta o la tutela para defender sus derechos. “No hay órganos de control que realmente salvaguarden los derechos de los usuarios”, añadió.

El veedor dijo que denunciar esta inoperancia de los entes de control no tiene éxito, porque en este momento la Procuraduría favorece a los funcionarios, la Defensoría no da abasto para atender tantas denuncias y la Personería, se muestra indiferente, opinó.

“Este es un estado de derecho fallido donde las instituciones ni siquiera respetan la Constitución ni la ley”, agregó. 

Hasta 30 tutelas diarias

El Director del Instituto Departamental de Salud (IDS), Carlos Martínez, indicó que a diario reciben entre 30 a 40 tutelas, porque ellos tienen la trazabilidad de las PQR que se tramitan de los usuarios del sistema de salud manifestando “su inconformidad por la atención o por la inoportunidad en la entrega de medicamentos o por la inoportunidad en las referencias a otros niveles de complejidad”, explicó.

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En una reunión sostenida en Bogotá, hace mes y medio, con el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, y los presidentes de las Entidades Promotoras de Salud, Martínez expuso que uno de los principales problemas el departamento tiene que ver con la red de atención limitada que tienen las EPS. “Si ellos utilizan la suficiencia de red que hay en el territorio se acaba con todas esas demandas  no atentidas por parte de los afiliados”, afirmó. 

Según el funcionario, en la región  hay suficientes unidades habilitadas, pero las EPS no quieren invertir  en la contratación de empresas prestadoras de servicios, ante una población que les quedó grande por dos motivos principales, la liquidación de algunas entidades y el fenómeno migratorio que elevó el número de asegurados. “quieren trabajar con su propia red y no es suficiente”, explicó.

Aseguró que desde el IDS han inspeccionado y hecho seguimiento a las distintas quejas de los usuarios, lo que les ha permitido ejerceer sanciones a la par de las que se gestionan ante Supersalud.

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