El 19 de diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente delimitó a Santurbán por medio de la Resolución 2090. Pasados cuatro años la polémica por la conservación del páramo sigue activa y pese a que la Corte Constitucional ordenó, en virtud de una tutela, que se hicieran ajustes a la delimitación dando participación a las comunidades, las mismas reclaman información clara y tiempo para ser escuchadas.

La defensa de los ecosistemas ha sido liderada desde diferentes sectores sociales, pero fue en julio de 2015, cuando el colectivo de abogados Luis Carlos Pérez y el Comité por la Defensa del Agua y Santurbán, interpusieron una Tutela en la que argumentaron que la delimitación se hizo sin tener en cuenta los intereses de la comunidad y sin su participación. La misma, no prosperó en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Santander, ni en segunda instancia en el Consejo de Estado.

Pese a ello la Corte Constitucional dentro de sus facultades constitucionales selecciona la acción de Tutela y emitió la Sentencia T-361 de 2017, en la que reconoce que hubo vulneración de derechos y le ordenó al Ministerio de Ambiente ajustar la delimitación. Para ello dio un plazo de un año.

Los 361 días se cumplieron y los avances fueron nulos. Gran parte de ese tiempo se cumplió en el gobierno de Juan Manuel Santos y tras asumir Iván Duque la Presidencia, nombró en el Ministerio de Ambiente al santandereano Ricardo José Lozano Picón, quien reconoció retrasos y le pidió al Tribunal Administrativo de Santander una prórroga de ocho meses para cumplir con lo ordenado por la Corte.

Ese plazo se concedió y empezó a correr desde el 16 de noviembre de 2018. Tras varios meses de quietud, en marzo de este año se retomaron las actividades. El Ministerio consideró que las fases de convocatoria e información estaban cumplidas y se pasó a las consultas municipio a municipio (40 en total).

Fase de consulta

De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Ambiente, la fase de consulta se inició el 27 de marzo y culminó esta semana (26 de junio). Municipio a municipio se recogieron las propuestas de las comunidades y organizaciones, las cuales debían girar en torno a los puntos ineludibles que ordenó la Corte.

Los mismos son: delimitación no inferior a la de 2014, programas de reconversión y de sustitución de actividades agropecuarias, definición de mecanismos de fiscalización, directrices sobre fuentes hídricas, creación de una instancia de coordinación y definición de un modelo de financiación.

En el recorrido por los 40 municipios el Ministerio reportó la recolección de 468 propuestas escritas y la participación de 8.171 ciudadanos.

Pese a ello, las comunidades siempre se quejaron de la poca asistencia y de fallas en la convocatoria. En Cúcuta asistieron 230 personas, de las cuales 100 eran estudiantes del Sena, entre ellos técnicos en cocina. Además de medio centenar de funcionarios públicos.

En la frontera el procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Norte de Santander, Jaime Alberto Gómez Montañez, señaló que las quejas frente a la poca convocatoria fueron reiterativas y que así quedaría consignado en los informes que emiten al Tribunal Administrativo de Santander (TAS).

A la voz del representante del Ministerio Público se unió la de Mildred Hernández, representante del Comité para la Protección del Agua y los Páramos de Norte de Santander, quien argumentó que la poca asistencia a las jornadas de consulta era una consecuencia directa de falencias en las fases anteriores. “Sin información no hay participación”.

A su vez, Diego Rueda, fundador de la Mesa de Trabajo Ambiental de Norte de Santander, argumentó que fue un error no haber hecho la fase informativa municipio a municipio.

Para él, llegar a las consultas cuando las personas no tenían idea de qué les estaban hablando, fue una falencia. 

A modo de ejemplo, señaló que “si hacemos una consulta para curar el cáncer, pasaría exactamente lo mismo, si antes los médicos no explican cómo actúa y hace metástasis. Así, solo unos pocos investigan porque saben que nadie les va a enseñar”.

Se necesita tiempo

Producto de las falencias presentadas en la fase de consulta y el poco tiempo para la concertación, los accionantes de la tutela que dio origen a los ajustes de la delimitación, le pidieron al Ministerio de Ambiente que pida una nueva prórroga al TAS.

Desde el colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez se informó que “quien tiene la competencia para solicitarla es el Ministerio. Si antes de que se termine el plazo, en 16 días, no se hace, quedará en evidencia una falta de voluntad”.

Los accionantes presentaron en noviembre de 2018 una propuesta alternativa, en la que hicieron énfasis  en la necesidad de contar con estudios hidrológicos e hidrogeológicos, que no se tuvieron en cuenta en 2014.

Los estudios, de acuerdo con Erwing Rodríguez-Salah, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán y accionante de la tutela, “son fundamentales en el proceso de delimitación de un ecosistema y no se hacen de la noche a la mañana, entre cinco y diez años pueden tardar”.

De acuerdo con el Colectivo de Abogados “si todo el fin del proceso es la participación ciudadana, pero eso no se cumplió, el Ministerio no está en capacidad de tomar decisiones y debe tener la voluntad de solicitar una nueva prórroga. Además, no se tienen suficientes argumentos técnicos”.

Frente al desenlace que tendrán los ajustes a la delimitación, las respuestas de parte del ministro Lozano son tibias. Además, desde la Subdirección de Educación y Participación Ciudadana del Ministerio, presidida por Jorge Iván Hurtado, se informó que la fase de concertación está prevista municipio a municipio.

Así, para ello quedan solo 16 días y los municipios de Santander y de Norte de Santander con jurisdicción en Santurbán son 40. El tiempo juega en contra de la cartera ambiental.

Respuestas tibias

En Cúcuta, al ministro de Ambiente, Ricardo José Lozano Picón, se le hicieron cinco preguntas claves con relación a la delimitación del páramo, pero sus respuestas tibias no permitieron hacer claridad frente a los desafíos que enfrenta Santurbán.

Los accionantes de la tutela le han insistido en que pida una nueva prórroga, ¿se hará?

Terminada la fase de consulta se analizará el tema.

Metodológicamente, ¿cómo se hará la fase de concertación?

Lo más importante son las metas comunes. Todos necesitamos agua para vivir, para actividades económicas, sustento, nutrición, empleo. Esos mínimos comunes permitirán avanzar.

¿Qué respondió al incidente de desacato que abrió el Tribunal Administrativo de Santander?

Entregamos la información que nos pidieron y hay satisfacción por parte de todos.

¿Se hicieron los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que reclaman las comunidades?

La academia tiene información, las autoridades territoriales, los municipios, las Corporaciones Autónomas Regionales, el Ideam. Esa recopilación de ese mapa de información nos servirá para la zonificación.

Si no se da la prórroga, ¿el tiempo alcanzará?

Estamos en ese proceso, en julio viene la concertación.

¿Qué propuestas relevantes les han hecho?

Han insistido en el tema de educación para las comunidades urbanas y rurales. En los mecanismos de financiación, en la integración de lo social en el ejercicio de participación colectiva. Además, las comunidades han pedido información precisa y científica de los institutos de investigación.