Cada dos semanas ha muerto un integrante del Ejército en acciones de francotiradores en el Catatumbo, y son recurrentes los ataques a puestos militares y de la policía, lo que hace de Catatumbo, Cúcuta y el área metropolitana uno de los territorios de mayor conflictividad en este 2021.
No son hechos aislados. Toda la frontera se ha convertido en tierra de nadie. La Fundación Paz y Reconciliación ha documentado la presencia de 27 grupos ilegales, 13 de los cuales son de origen extranjero, que trafican con armas y drogas, controlan los pasos fronterizos, someten a esclavitud sexual a los migrantes, especialmente a mujeres y menores de edad, vinculan a los habitantes de lado y lado de la frontera a actividades económicas ilegales, atentan contra la población civil y eventualmente se enfrentan a las fuerzas militares de los dos países.
En el trasfondo de esta situación está la ruptura de todos los puentes diplomáticos y la ausencia de estrategias concertadas entre las fuerzas militares y de inteligencia de los dos países.
También la grave interferencia que sufrió el proceso de paz y reconciliación de Colombia con la llegada del presidente Duque, la pobre implementación de los acuerdos de paz firmados en la Habana y las enormes tensiones entre el Palacio de Nariño y el Palacio de Miraflores.
Igualmente, la fallida política antidrogas en una región especialmente fértil para los sembrados de coca. Por último, la negativa del Eln y el Gobierno a sentarse en una mesa de negociación.