El conflicto armado no cesa en el Catatumbo. Hoy, cuando se cumplen 14 días desde que el sonido de las balas rompió con la tensa calma que se vivía en la zona desde hacía meses, alertada  por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, el incontenible éxodo masivo de personas desde esa región, huyendo de la guerra, es el principal síntoma de que la situación no mejora.

A corte del pasado 27 de enero, de acuerdo con cifras del Puesto de Mando Unificado de la gobernación de Norte de Santander, la cantidad de personas víctimas de desplazamiento forzado ya era de 49.021, y las posibilidades de superar el umbral de los 50.000 eran de prácticamente un100 por ciento.

Y es que aunque el flujo de desplazados ha bajado considerablemente en comparación con los primeros días de la crisis -1.017 personas fue la variación entre el 26 y 27 de enero- la movilidad es constante, y a ese ritmo “la mitad del Catatumbo está quedando vacía”, dijo Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz de Norte de Santander.

Richard Claro, alcalde de Tibú, uno de los principales municipios afectados por el conflicto, aseguró que de acuerdo con la medición que maneja la administración, han salido alrededor de 12.300 personas, es decir, un 18 por ciento de la población total del municipio, que está por el orden de los 65.000, mientras que 17.733 se encuentran en confinamiento.

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No obstante, Claro no da por sentada que esa sea la cifra exacta, toda vez que hay gente que sale y no se registra, así como también hay gente que ha comenzado a retornar al pueblo y a algunas veredas, sin contar que el casco urbano es uno de los primeros municipios receptores de desplazados, a donde habían llegado hasta el pasado lunes 13.085 personas.

Recientemente, tras el asesinato de tres personas en el casco urbano del municipio, Claro decidió adoptar medidas administrativas para salvaguardar a la población, como la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y la circulación en motocicletas a partir de las ocho de la noche.

“Estamos previendo que no suceda, o que al menos no se traslade este índice de violencia desde la zona rural al casco urbano, que es lo que nos está preocupando en ese momento”, dijo el alcalde de Tibú.

En el caso de Teorama, otro de los municipios seriamente afectados por la violencia guerrillera, que ha dejado 32 muertos, según su alcalde Uber Conde, incluidas 13 personas muertas el pasado lunes en la vereda Cecilia, alrededor de 2.000 familias han tenido que salir por desplazamiento forzado, y otras 3.000 se mantienen en confinamiento.

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En este orden de ideas indicó que como alcaldía y con el acompañamiento de los procesos comunales, de la administración del departamento y el gobierno nacional, ha iniciado unos protocolos para poder entrar con ayuda humanitaria para poder atender temas de alimentación, salud, y buscar el retorno gradual a la tranquilidad en el territorio.

Generar las condiciones de retorno

Para el alto consejero de paz del departamento, tan preocupante es la soledad en que están quedando algunas regiones del Catatumbo, como la búsqueda de medidas humanitarias que propicien las condiciones para el regreso de la gente.

Con este propósito ayer la Unidad para las Víctimas celebró una reunión en la sede de la Gobernación, con presencia del gobernador William Villamizar, alcaldes del Catatumbo, representantes de las diferentes dependencias nacionales, así como representantes de la cooperación internacional.
 
“El objetivo es ver cómo vamos a salvar las vidas de los que salieron, cómo vamos a hacer para retornarlos, porque esta tierra no puede quedar sola y necesitamos darle garantías a la gente: de seguridad, de orden público, pero sobre todo de seguridad social para volver, porque a qué vuelven después de semejante guerra”, reflexionó Niño.

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Nuevos riesgos

La crisis del Catatumbo intenta atenderse en diferentes frentes, mientras el fuego cruzado entre los grupos armados sigue en el territorio, sin contar que falta la entrada del Ejército y que se están metiendo otras organizaciones ilegales al territorio,  lo que puede atizar más la violencia, como advierte Niño.

Pero mientras eso sucede en el Catatumbo, el alto consejero llama la atención frente a un nuevo riesgo, y es que el conflicto alcance a Cúcuta y su área metropolitana, donde la cifra de desplazados ya  bordea los 23.000.

“Ese tema se tocó en el consejo de seguridad con el Ministro de Defensa en Ocaña, porque efectivamente hay presencia de los dos grupos -Eln y Farc- en la ciudad y tenemos temor que vengan a buscar gente que huyó para acá y sigamos con esta ola de violencia”, dijo.

Indicó que frente a esta situación ya hay funcionarios de inteligencia trabajando para que esto no se dé en el territorio del área metropolitana de Cúcuta.

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