"Este es mi segundo desplazamiento. En el 1999 fui desplazado por los paramilitares y ahorita con la guerra que se está sufriendo. En ese año tenía como 15 años y recuerdo ese momento en la finca, los animales, el ganado, la casa en La Gabarra (Tibú) todo se perdió y otra vez se repite la historia y volví a dejar lo que tenía”, afirma uno de los miles habitantes de este corregimiento, uno de los más poblados de Norte de Santander, a orillas del río Catatumbo.

Este hombre, cuyo nombre pidió ser omitido por razones de seguridad, le cuenta a La Opinión el flagelo de la violencia que ha vivido por más de 20 años y que nuevamente arrecía tras la guerra que le declaró el Eln a la disidencia de las Farc desde el pasado 16 de enero, la cual ha dejado al menos 52 muertos y el desplazamiento de  52.807 personas. Al 31 de enero, a Cúcuta habían arribado 23.830 refugiados en búsqueda de protección.

Invadido por el dolor y sin poder contener las lágrimas, menciona que después de aquel episodio de la época paramilitar ya había logrado rehacer  su vida, ya tenía otra vez su finca, su familia y también animales, pero ahora producto de esta guerra volvió a quedar sin nada porque otra vez volvió a huir, temeroso de ser asesinado.

Afirma que otra parte de su familia quedó allá, imposibilitada de salir de la finca porque no tenían recursos, pero que él por su esposa y sus hijas tomó la decisión de huir hacia  Cúcuta donde se encuentran la mayor parte de sus paisanos, unos en hoteles y otros en casas de familiares.

Al igual que la gran mayoría de los habitantes a quienes los combatientes de los grupos armados ilegales obligaron  a salir de sus hogares, ellos fueron testigos  de los enfrentamientos e incluso vieron los muertos tendidos en el camino, arrumados uno encima del otro. En medio de ese fragor de la guerra, el miedo a morir los empujó a escapar.

Así como este hombre doblemente desplazado y revictimizado, su relato coincide con el de una adolescente, cuya edad ronda entre los 15 y 17 años. Ella estaba en la finca de una familiar aquel 16 de enero, cuando muy temprano en la mañana les avisaron que la guerra estaba por empezar.

Ella y su familiar se vieron obligadas a alistar sus maletas para salir de la zona de confrontación.

“En el camino veía los retenes del Eln, ellos asesinaban a todo aquel que no se detuviera y los viera, la mayoría de muertos eran hombres”, recuerda.

La joven menciona que estaba muy acostumbrada a ver esas situaciones, pero expresó que tanta violencia se proyectaba en la crianza de los niños, quienes crecen y la normalizan en su diario vivir.

Precisa que a causa de los enfrentamientos no pudo volver a clases el 20 de enero, día en el que iniciaría su once grado. De sus compañeros de colegio, respondió que no sabía nada de ellos, lo último que supo es del asesinato de dos compañeras reclutadas a la fuerza por un grupo armado y posteriormente asesinadas en los últimos días.

La esperanza de esta joven es que cese esta violencia y así como ella, muchos niños y adolescentes puedan volver a sus hogares para retomar sus clases.

Entre tanta tensión, una lideresa social de Tibú narró su trágico calvario del 17 de enero cuando escapó de la muerte.

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“El día 16 de enero a las 3:00 de la madrugada llegaron tres hombres armados a mi casa en la cual no vivo desde hace meses atrás, ellos ingresaron por la parte de atrás, me llamaron, pero yo no estaba, le preguntaron a los vecinos por mí, pero dijeron que no me distinguían. Una persona me avisa, sin embargo, ellos van a mi otra casa, donde vivía actualmente, pero yo no me había quedado a dormir ese día ahí, gracias a Dios”, relata.

La líder contó que ese día había salido de su casa actual por un mensaje que pasaron a los grupos de comercio de su municipio, en el cual ‘Richard Suárez’, comandante de la disidencia del 33 frente de las Farc, decía que la comunidad y los líderes sociales debían prepararse porque el Eln había atacado las unidades de ellos.

“Nunca llegamos a pensar como líderes sociales que entre dos guerrillas como el Eln y la disidencia de las Farc se diera este enfrentamiento porque ellos  dos dicen defender al pueblo y pues hoy en día se han ido en contra de mucha gente del territorio, de gente que ellos dicen defender”, menciona la mujer.

También confiesa que ella es una de las tantas migrantes venezolanas que en el pasado llegaron a Colombia en busca de una vida mejor, pero tal como en esa época, hoy se ven doblemente desplazadas, pero esta vez a causa del conflicto armado.

“Sí pensaba volver en algún momento a Venezuela, pero no como volví. Esta vez me tocó salir por miedo, más que todo por la seguridad de mis hijos, igualmente salieron varios compañeros líderes sociales porque los rumores decían que había un listado de  los dirigentes que son objetivos militar”, relata con la voz entrecortada al recordar los momentos de pánico.

Revela que en los grupos de Whatsapp en los que están los habitantes del municipio, difundieron los listados en los cuales estaban escritos los nombres de muchos líderes que, actualmente, son presidentes de asociaciones y gremios que funcionan en Tibú.

Este medio de comunicación logró conocer, según cifras del Comité Permanente de Derechos Humanos, capitulo Norte de Santander, que al igual que varios líderes en Tibú, hay otras 10 lideresas sociales pertenecientes a la Red de Veeduría de mujeres y población diversa del Catatumbo, que también se vieron obligadas a salir de la región por las amenazas de los grupos armados.

Estas lideresas que, salieron por temor a ser asesinadas en sus hogares, trabajaban por la paz ejerciendo veeduría a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

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Otro drama, los firmantes

“Es una historia muy fatal para unas personas que estamos desarmadas y trabajando en nuestro proceso de reincorporación, pero hoy las organizaciones en armas, específicamente el Eln nos declaró la guerra y nos la declara con una justificación donde dicen en comunicados que el que no está en la disidencia de las Farc, está trabajando con el enemigo”, expresa un firmante de paz, cuya identidad se mantiene en reserva por su seguridad.

Este hombre, que hace parte del proceso de paz entre el Estado colombiano y las Farc, explica que en el Catatumbo, hasta el 16 de enero, residían alrededor de 627 excombatientes que decidieron dejar los fusiles y apostarle a la paz, desde la firma final del acuerdo el 24 de noviembre de 2016.

El excombatiente sostuvo que esa situación los deja en una desventaja y con mucha preocupación, puesto que ya son ocho años en los que han trabajado para reincorporarse en la sociedad civil.

“Algunos líderes y nuestros coordinadores a nivel nacional expusimos que no queríamos que se fuera a repetir la historia del M-19, de la Unión Patriótica con la exterminación de procesos y acuerdos que se han hecho en el país”, asegura.

El Eln ha comunicado en repetitivas ocasiones que los hechos violentos de los últimos días se deben a una guerra declarada contra las disidencias de las Farc y supuestamente, firmantes que habrían retomado a las armas. Sin embargo, los firmantes solicitan al Eln una explicación a sus afirmaciones.

Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes y firmante de paz, habló con La Opinión y dijo que, “es muy desafortunado sobre todo de dónde vienen las balas y que hoy a 8 años del Acuerdo de Paz nosotros tengamos que sumar y sumar cifras a los asesinatos”.

Según la congresista,  hay más de 440 firmantes de paz asesinados, a los que ahora hay que sumarle la cifra de muertos en el Catatumbo.

Ramírez mencionó que los excombatientes hoy son una comunidad y que además son personas que no tienen armas y están en proceso de reincorporación.

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También militantes de la UP

“Tenemos casos de compañeros que fueron víctimas de la incursión paramilitar en 1999 y en el 2000, que perdieron a sus padres, hermanos y tuvieron que padecer ahora en las circunstancias actuales, la agresión de una organización como el Eln que se supone actúa en el campo de la subversión”, lamenta un militante de la Unión Patriótica, quien ve con preocupación cómo también ellos vienen siendo blanco de esta guerra, que los vuelve a traer al escenario del conflicto, atentando contra ellos.

Según estableció La Opinión, seis presidentes de los comités municipales de la Unión Patriótica en el Catatumbo, los concejales del partido y alrededor de 32 militantes, todos con sus familias, se vieron obligados a dejar la región y desplazarse por las amenazas de la guerrilla del Eln, tres fueron los líderes de este partido político a los que el grupo armado secuestró, aunque fueron liberados, están confinados bajo la zozobra del conflicto.

También se supo que estas personas aparecieron en los listados del Eln, tal como sucedió con los firmantes de paz.

El partido político denunció en un comunicado que, “entre los afectados hay líderes del movimiento campesino y social, concejales, dirigentes políticos, sobrevivientes y afiliados a la Unión Patriótica, quienes han sido víctimas del exterminio y el genocidio por parte del Estado y el paramilitarismo, y que ahora son revictimizados por el conflicto armado”.

La persona dijo que para los sobrevivientes de la Unión Patriótica la crisis en el Catatumbo es totalmente incomprensible.

“Tuvimos que hacer la presión a nivel nacional e internacional para que estas personas que son civiles, sobrevivientes de la Unión Patriótica y que ha sido víctima de un exterminio y un genocidio, no tengan que ser ahora revictimizadas por el Eln”, enfatiza.

Estos hechos violentos causaron que la Unión Patriótica se haya visto obligada a salir del Catatumbo por el terror del conflicto. Tal como sucedió en la década de los años 1990 y 2000, solo que aquel entonces no fueron los paramilitares ni el Estado; sino que 20 años después, la guerrilla del Eln es la señalada de ser responsable de de ensangrentar y desolar a esta región.

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Lista en mano

Presuntamente, miembros del Eln, en la mañana de ese jueves 16 de enero de 2025, con listas en mano, tal cual como hace 20 años hicieron los paramilitares, pasaron casa por casa asesinando a todo aquel que encontraran y que presumieran tuviera contacto con la disidencia de las Farc.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que los catatumberos viven una oleada de violencia de gran magnitud.

Muchos de los habitantes que huyeron de la violencia recuerdan con dolor aquella arremetida paramilitar que tuvo lugar en los años 1999 y 2004, cuando el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) llegó a la región para hacerle frente a las guerrillas, posicionadas por años en la región.

Según los registros recolectados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en el informe ‘Con licencia para desplazar’, las Auc llegaron a Tibú con el objetivo de controlar el territorio. En ese momento ejecutaron alrededor de 30 masacres y causaron el desplazamiento masivo de 34.000 personas.

Otro de los informes del CNMH, ‘Una nación desplazada’, también registra que, “en el año 2000, el accionar militar de las Auc, con el auxilio de miembros de la institucionalidad estatal y el incremento de las fumigaciones, forzaron la huida de 50.834 personas de la región del Catatumbo (…) El pico del éxodo fue en 2002, año en el que arribaron grupos paramilitares Los Caguaneros y el Bloque Norte, y se puso en marcha del Plan Patriota”.

El documento menciona que en Norte de Santander se trazó el patrón paramilitar de masacrar para desocupar territorios e imponer un nuevo orden social, político y económico, como lo señaló el Tribunal Superior de Justicia y paz en la condena contra Jorge Iván Laverde Zapata, alias de el Iguano, excomandante paramilitar, miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia y comandante  del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo.

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