Previo a la sesión de ayer en la que el Gobierno Nacional justificó ante el Congreso la declaratoria de Conmoción Interior en la región del Catatumbo,  por la grave alteración del orden público por enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc–, se conoció que “era imprevisible la crisis humanitaria, de ahí la necesidad de impulsar la medida”.

Así lo afirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo en un documento de 12 páginas en el que además detalló que aunque no hay una cifra concreta de muertos los mismos pueden superar los 50. Pero además reveló que las pérdidas económicas ya ascienden a $58.465 millones. Inclusive, no se descarta la creación de un esquema de subsidios o apoyo con recursos a los afectados.

Al señalar que desde el pasado 16 de enero se presenta una “grave perturbación del orden público” en la región del Catatumbo, el Ministerio asegura que como consecuencia del despliegue militar, las hostilidades y las operaciones armadas del Eln “se ha generado una grave e imprevisible crisis humanitaria que compromete, entre otras, a poblaciones especialmente vulnerables”, entre ellos, indígenas, líderes sociales, niños y campesinos.

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Las cifras son dicientes. Según el balance de la entidad con corte al 22 de enero, hay reporte de 36.137 desplazados (hoy, más de 40.000), lo que contrasta con los reportados durante todo 2024, que ascendieron a 5.422 desplazados forzadamente. “Se observa el aumento del 318% en los desplazamientos forzados de la población desde el inicio de la declaratoria de conmoción interior”.

Por otro lado, el Ministerio señala que hasta el 21 de enero se habían confirmado 38 homicidios (incluidos cinco firmantes del Acuerdo de Paz). No obstante, el propio Gobierno admite que no se descarta “la existencia de un número mayor de víctimas mortales ante las extremas dificultades que enfrentan las autoridades para la recolección e identificación de cuerpos en las zonas más afectadas por la confrontación, así como múltiples casos de lesiones personales y desapariciones forzadas”.

Además, el Ministerio del Interior llama la atención por las amenazas contra el talento humano en salud e insuficiencias para trasladar a los pacientes que requieran atención médica. “El desplazamiento de la población presiona y desborda la capacidad instalada de la red hospitalaria dispuesta en la región”, dice el documento, que menciona también el colapso de albergues, donde la comunidad afectada demanda de agua potable y saneamiento básico.

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Por si fuera poco, a la crisis –argumenta el Gobierno– se suma la situación de inseguridad energética por el riesgo de ataques en contra de la infraestructura energética y vial de la región, especialmente en el oleoducto Caño Limón Coveñas y vías nacionales, así como subestaciones de energía y torres de comunicaciones, puentes y edificaciones públicas y privadas.

Por todo ello, con base en cifras de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial de la Gobernación de Santander, se estima que el departamento ha sufrido pérdidas económicas superiores a los $58.465 millones.

Los tres impuestos

La viceministra técnica de Hacienda, Juanita Villaveces, reveló ante el Congreso de la República las tres nuevas medidas tributarias que el Gobierno implementará en el marco de la conmoción interior decretada por la crisis de seguridad en el Catatumbo. Estos impuestos, según Villaveces, son una respuesta para financiar programas prioritarios en un escenario de alta tensión social y económica.

1.    Impuesto a los juegos de suerte y azar online: Este tributo apunta a las plataformas digitales de apuestas y juegos en línea, con una proyección de recaudo de $519 mil millones.

2.    Impuesto de timbre: Este impuesto aplicará a diversos trámites y documentos oficiales, de 1%, con una meta de ingresos estimada en $330 mil millones.

3. Impuesto a la exportación de carbón y petróleo: Esta medida impactará a las empresas que comercializan estos recursos en mercados internacionales, con un recaudo proyectado de $214 mil millones. Es decir, habría una contribución especial de exportaciones del sector de extracción de petróleo crudo y carbón del 1%.

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En total, las tres medidas sumarán $1,63 billones al fisco, recursos que, según el Gobierno, serán destinados a atender las urgencias derivadas de la crisis social y de seguridad que afecta a varias regiones del país.

La viceministra Villaveces destacó que estas decisiones son extraordinarias y se justifican bajo el marco jurídico de la conmoción interior, lo que permite al Ejecutivo adoptar medidas excepcionales para garantizar el orden público y el funcionamiento del Estado.

“Es una medida necesaria para responder a las necesidades del momento. Buscamos recaudar recursos de manera equitativa, gravando sectores que tienen la capacidad económica para aportar más”, explicó Villaveces.

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