Los recientes asesinatos de cuatro personas desplazadas del Catatumbo encendieron las alarmas en la comunidad por lo que significaría la llegada del conflicto armado a la capital de Norte de Santander.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos indicaron que estos crímenes no tienen relación directa con la situación en ese territorio, sino más bien con otras problemáticas que se presentan en Cúcuta y su área metropolitana.
Lina Mejía, coordinadora de derechos humanos de Vivamos Humanos, explicó que este caso no se puede atribuir completamente a la crisis en esa región, puesto que se deben considerar otros factores, como la presencia de diferentes estructuras criminales en la ciudad.
“Si bien puede ser una suerte de expansión o consecuencia de conflictos bilaterales, no es algo que se pueda afirmar”, sostuvo.
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La coordinadora también aseguró que, a diferencia del Catatumbo, Cúcuta cuenta con mayor presencia de la fuerza pública, lo que impediría el desarrollo de un conflicto similar.
Asimismo, Mejía aclaró que en la organización no se han identificado con anterioridad persecuciones contra desplazados del Catatumbo. Sobre esta población, incluso recalcó que a algunos se les han activado hojas de ruta a nivel institucional y otros están pendientes por avanzar en ese proceso.
Acciones desarrolladas en el Catatumbo
En el marco de las acciones realizadas a favor de las víctimas del conflicto, Lina Mejía resaltó las labores humanitarias realizadas en el Catatumbo del 24 al 28 de marzo.
La misión, desarrollada durante cinco días, estuvo integrada por miembros de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, la Coordinadora Humanitaria y 22 entidades del Estado.
Así pues, las entidades llevaron a las veredas Campo 6, Bertrania, kilómetro 25 y Versalles servicios de salud, acompañamiento psicosocial y atención a niños y adolescentes.
Además, se ofrecieron otros servicios, como asesoría en situación de despojo de tierras, recepción de denuncias y orientación sobre derechos.
Sobre esta jornada, Mejía recalcó que se logró atender a más de 1.700 personas y también se pudieron evidenciar los retos que persisten en el territorio.
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Entre ellos, los miembros de la mesa humanitaria destacaron problemas como la presencia de minas antipersonal y de drones de grupos armados, la ausencia de puestos de salud en zonas críticas y la falta de garantías para la labor que ejercen los líderes comunales.
En relación con este último punto, los representantes de las organizaciones también manifestaron su preocupación frente a las próximas elecciones de Juntas de Acción Comunal que se desarrollarán el domingo 26.
Por otro lado, Judith Azoira, representante de Poderpaz, criticó la ausencia de la institucionalidad local, como la Alcaldía y Personería de El Tarra, y la regional de la Defensoría del Pueblo, durante la visita humanitaria.
Ante ello, los miembros de las entidades precisaron que, aunque existe una disposición de volver a la región, también es necesario que haya una mayor articulación entre las autoridades para beneficio de esa población vulnerable.
Entidades se pronuncian
Sobre su ausencia en la misión de marzo, la Defensoría del Pueblo informó que esta se debió a directrices de no ingresar al territorio, dadas directamente desde el orden nacional.
Pese a ello, la entidad manifestó que su compromiso de ayudar a la ciudadanía sigue en pie.
En ese sentido, comunicaron que en el presente mes han estado realizando jornadas interinstitucionales en algunos sectores de Sardinata.
De igual forma, el órgano de control manifestó que planea seguir llevando su oferta institucional a las comunidades y aunar esfuerzos para poder llegar así a más territorios.
Por su parte, la Unidad para Víctimas afirmó que, aunque tenían la expectativa de ir al territorio, las comisiones no fueron aprobadas por directrices nacionales.
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“Sin embargo, seguimos en algunos territorios como Hacarí y en Pacheli brindando atención y formación a las víctimas de esas zonas”, agregaron.
Adicionalmente, se conoció que la Unidad para Víctimas le solicitó a Vivamos Humanos el listado de personas que se atendieron para, de esa manera, hacer una valoración y avanzar con el tema de ayudas humanitarias.
En relación con las elecciones de Juntas de Acción Comunal en el Catatumbo, representantes del Ministerio del Interior expusieron que la semana pasada se llevó a cabo una reunión en la que participaron los alcaldes de los municipios de Tibú y El Tarra.
Según informaron, en ese espacio los mandatarios solicitaron que se aplazaran las elecciones comunales en un total de 32 veredas.
“Se tomó la decisión de concederles un plazo de dos meses, que es lo permitido por la ley. En caso de que en ese tiempo no se puedan desarrollar, puede haber una prórroga del plazo inicial”, añadieron los voceros del Ministerio.
Igualmente, el MinInterior destacó que las juntas de acción comunal que no han hecho la solicitud a la Alcaldía lo deben hacer durante el transcurso de esta semana para ser incluidas dentro de la resolución de aplazamiento.
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