El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, por las omisiones del Gobierno nacional en materia de seguridad que han permitido la violación reiterada de los derechos colectivos en el departamento.
La admisión de la demanda da inicio al proceso judicial en el que se evaluará la responsabilidad del Gobierno en la protección de la población frente a la violencia en la región.
Además, el Tribunal corrió traslado a las entidades demandadas y vinculadas para que respondan antes de decidir sobre las medidas solicitadas.
La acción fue presentada en diciembre de 2025 y busca la protección de derechos colectivos como la seguridad pública, la paz y las condiciones dignas de vida de las comunidades.
Según la Fundación, la situación se ha deteriorado desde 2022 sin una respuesta suficiente del Estado y ha afectado a municipios como Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, San Calixto, Hacarí, Ábrego, Sardinata, Ocaña, La Playa de Belén, Bucarasica, El Zulia, Toledo y La Esperanza, así como el área metropolitana de Cúcuta (Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander).
Lea aquí: Cáchira declara calamidad pública por riesgo de creciente del río
En la demanda se describe un aumento sostenido de la violencia por la presencia de grupos armados ilegales como el Eln, el Estado Mayor de Bloques y Frentes (disidencias de las Farc), el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia.
Estos grupos se disputan el control del territorio y han cometido y causado desplazamientos masivos, confinamientos, homicidios, extorsiones y restricciones a la movilidad de la población. El documento recoge cifras de entidades oficiales y organismos internacionales.
Desde el 16 de enero de 2025, más de 91.879 personas han sido afectadas por el conflicto, de las cuales 56.091 han sido desplazadas masivamente y 27.381 enfrentan restricciones severas a la movilidad.
También se menciona la masacre de más de treinta personas en el Catatumbo en enero de 2025. La Defensoría del Pueblo ha calificado esta situación como la crisis humanitaria más grave registrada en el país a causa del conflicto armado.
Lea también: La crisis en el Catatumbo sigue activa: Defensoría alerta agravamiento de la violencia en Tibú
Además advierte sobre el riesgo extremo que enfrentan comunidades indígenas, como el pueblo barí, en municipios como Tibú, Teorama, El Tarra, Hacarí y Convención. 1 La demanda también señala que las medidas adoptadas por el Gobierno, como los ceses al fuego y el estado de conmoción interior en 2025, no lograron frenar la violencia y, en algunos casos, coincidieron con un aumento de los enfrentamientos.
Incluso, el propio Comisionado para la Paz reconoció en diciembre de 2024 que los ceses al fuego no lograron garantizar la seguridad en los territorios.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
