Horas después del atentado que ocurrió en Tibú y que dejó a dos policías y a una mujer (civil) muertos, al igual que 11 heridos, entre ellos cinco uniformados más, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, junto con la cúpula de la Policía y el Ejército, arribó a Cúcuta para hacer otro consejo de seguridad extraordinario.

Aunque en un principio se tenía programada la visita a esa población del Catatumbo, el jefe de esa cartera aseguró que por seguridad la reunión se realizó en las instalaciones de la Brigada 30, en Cúcuta.

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Luego de más de dos horas de la reunión, el Mindefensa endureció el tono con los grupos armados asegurando que fue un hecho terrorista, repudió el crimen de los uniformados y dio a conocer que una de las medidas que tomarán será enviar 10 pelotones más a Tibú, lo que indica que 360 militares llegarán a reforzar la seguridad. Así mismo anunció que se reforzará la policía judicial y el grupo Gaula para reducir el secuestro y la extorsión en esta zona del departamento.

En una entrevista exclusiva con La Opinión, el ministro Velásquez habló del cese al fuego en el departamento y del plan del Gobierno para contrarrestar el aumento de la criminalidad, para frenar las extorsiones y para transformar las economías ilegales que nutren a las organizaciones armadas en el Catatumbo.

¿Para qué ha servido el cese al fuego en el Catatumbo?

Ha contribuido a la disminución de homicidios. Ha permitido también pactos o acuerdos entre organizaciones armadas como el Eln y el estado mayor central de la disidencia de las Farc, que se venían enfrentando con mucha fuerza y estas acciones han disminuido también, de acuerdo a los reportes que tenemos.

A la Fuerza Pública le ha servido mucho el cese, porque ha sido mucho más efectivo en los términos en los que está planteado la suspensión de las operaciones ofensivas, lo que significa que la confrontación armada entre la organización ilegal y la Fuerza Pública disminuyó, porque en las cifras, en comparación con el año anterior, hay una reducción del 60%. Sin embargo, se están produciendo hechos como el de ayer, o como el de hace dos meses con los soldados, que son lamentables.

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¿Y para qué no ha servido el cese al fuego en esta zona de Norte de Santander?

En muchas partes no ha servido para la población. Ese es uno de los elementos de valoración que tenemos que analizar y como dice el presidente Petro ahora, un cese al fuego que no favorece a la población no nos conviene, porque no es útil.

Sin embargo, se ha generado la contribución a la disminución general del homicidio en Norte de Santander que ha sido significativo, pues para hoy debería ser un reducción del 19 por ciento, frente al mismo periodo del año pasado.

En las últimas acciones violentas que se han presentado en el Catatumbo contra la Fuerza Pública, ya van 16 uniformados asesinados en 2023. ¿Por qué la suspensión del cese al fuego no cobijó a esta zona de Norte de Santander?

Acá no se suspendió el cese, porque se tenía mucha más información de acciones contra las comunidades –como lo que ocurrió con los menores indígenas– en otras zonas del país, lo que le permitió al presidente decir que no se hiciera la suspensión del cese en todo el territorio, porque además, la situación del Catatumbo presentaba uno de los lugares donde había un cese entre los grupos irregulares que había producido un beneficio.

¿Si se comprueba que la disidencia del Frente 33 de las Farc es la responsable del ataque en Tibú, donde murieron dos policías y una mujer (civil), se podría romper el cese en el Catatumbo?

Esta es una decisión del presidente de la República, nosotros solo podemos dar recomendaciones.

Para mí, si esto es producto del estado mayor central de la disidencia de las Farc, no puede seguir con cese en Norte de Santander.

¿Existe alguna indicación de no atacar a los grupos armados ilegales?

Contra quienes no están en el cese, las Fuerzas Militares y la Policía pueden desarrollar todas las actividades sin ningún límite, siempre respetando los derechos humanos y la legalidad. Pueden actuar con operaciones ofensivas.

Pero quienes están en el cese, se suspende por decreto las operaciones ofensivas, que comprende la planeación de una operación para encontrar al enemigo y producirse un combate.

Eso no significa que haya inactividad o imposibilidad de actuar respecto de los delitos que esas organizaciones cometen.

Como siempre lo he dicho, si el Ejército encuentra un laboratorio y va a proceder a su destrucción, pero si aparece un grupo que enfrenta al Ejército para impedir eso, los militares pueden proceder válidamente, porque su acción no estaba dirigida contra la organización, sino contra una actividad ilícita.

¿Pero a pesar de eso que usted dice ministro, aún, entre la Fuerza Pública, no se tiene certeza de cómo proceder con un cese al fuego y hasta los mismos grupos se aprovechan de eso para mostrar el poder que tienen en zonas como el Catatumbo?

Precisamente, se tuvo una reunión con algunos empresarios y se planteaba esa problemática de seguridad en la vía Tibú-Cúcuta y se organizaron unos planes específicos para frenar esas situaciones.

Pero se necesita tener información oportuna por parte de la Fuerza Pública para reaccionar.

Es probable que en algunos lugares haya miembros de la Fuerza Pública que no actúen, porque creen que el cese les impide actuar o porque se aprovechan de la circunstancia del cese para decir que no se puede, pero en todo caso la instrucción para los comandantes es que tienen el deber de actuar.

Ya dijimos que si en alguna parte del territorio nacional hay alguien que diga que no puede reprimir el delito porque está en cese, necesitamos saber eso, porque significa que una persona de esa naturaleza no está cumpliendo con su deber y, además, está propiciando espacios de mayor inseguridad o de actividad impune.

¿Qué hacer con la extorsión que tiene tan agobiados a comerciantes, campesinos, ganaderos, arroceros y transportadores, entre muchas más víctimas?

Sobre ese tema, muchos dirán que como hay cese se puede extorsionar, porque no se puede actuar contra ellos, pero eso no es así.

En el consejo de seguridad se acordó que se va a fortalecer al Gaula, la Dijín y Policía Judicial para colaborar con la Fiscalía en las investigaciones y estas son acciones en las que no se dice, pero fíjese contra quién es, no, es contra todos.

Sabemos que en el Catatumbo hay un gran temor por denunciar las extorsiones, pero eso es un delito que se tiene que investigar de oficio.

¿Cómo lograr resultados contundentes en el Catatumbo, cuando se sabe que desde hace muchos años se vive una una problemática compleja. ¿La solución sigue siendo meter más Fuerza Pública?

Se debe buscar un cambio estable, donde no se den afectaciones transitorias con la llegada de más Fuerza Pública.

Por lo que se tiene que trabajar es por transformar el territorio y ¿cómo se hace? Ahora el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el Pnis, está en un proceso en el Catatumbo de contacto con comunidades, para empezar ese proceso de sustitución voluntaria, que no es simplemente cambiar la coca por el plátano, sino que logren competir para alcanzar los ingresos que tienen ellos.

Vamos a ver cómo puede desarrollar el Pnis esa propuesta que tiene sobre procesos productivos semi industriales e industriales.

Lo que se necesita es una presencia integral del Estado, pero es un tema complejo en todo el país.

¿Qué significa el Catatumbo para el Gobierno nacional?

La zona del Catatumbo tiene una atención especial y ya lo ha demostrado el presidente con todas las cosas que ha hecho allá, con los proyectos para El Tarra y que de allí se puedan difundir para toda la región.

El tema de la universidad de El Tarra va avanzando. El director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, nos decía que van avanzando en ese proyecto, pero pidió que haya presencia de los ministerios de Agricultura, Salud y Vivienda.

Entonces para producir una transformación integral del territorio, es necesario recuperar al Catatumbo para el Estado, porque sabemos que hoy está en manos de los ilegales.

No queremos dejar todo el peso de la transformación a la Fuerza Pública, porque además, ella no va a transformar esta realidad del país, porque hay condiciones de vida de las personas que hacen propicio para que las organizaciones ilegales se aprovechen de eso.

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¿Cómo será la lucha contra el narcotráfico?

Es bien sabido que el narcotráfico está siempre presente, por eso las acciones que ha determinado el presidente van contra los que él denomina los ‘dueños del negocio’.

La lucha no va a ser contra los pobres, que son los cultivadores. Por eso la lucha del narcotráfico ya no se va a medir por cantidades de hectáreas erradicadas forzosamente, sino por la eficacia de la represión, no solo en cuanto a la producción y comercialización, sino en los rendimientos económicos de los narcotraficantes.

Porque afectando eso, se debilitan las finanzas criminales y si esto pasa, se debilitan las organizaciones ilegales.

¿Qué planes se adelantarán en conjunto con Venezuela para frenar la criminalidad fronteriza?

Con Venezuela hemos venido superando un largo periodo de incomunicación incomprensible, que lo único que sirvió fue para la delincuencia.

Hemos venido avanzando en las conversaciones, pero hay que restablecer la confianza, que se va generando con acciones que se están desarrollando.

El comandante de la Policía del departamento (coronel John Chavarro) nos decía que los vehículos que se roban acá y los llevan a Venezuela ya se estarían recuperando, porque se tiene un contacto con las autoridades de ese país. Igual ha pasado de allá para acá.

Frente al narcotráfico lo que tenemos con Venezuela es que están en toda la disposición en desarrollar acciones conjuntas o simultáneas.

Sobre la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela, nosotros suministramos una información respecto a ubicaciones probables y campamentos de estas organizaciones y allá se han dado resultados que ya nos han presentado algunos de ellos.

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