El viernes 8 de octubre, hacia las 9:30 a. m., en Tibú se dio un hecho violento que conmocionó, no solo a esa población, sino a todo el país. Un niño de 15 años, de la etnia wayúu, y Jackson Enrique Arriaga Parra, de 23, fueron asesinados por presuntos miembros de la disidencia del frente 33 de las Farc, porque supuestamente algunos comerciantes los sorprendieron robando.

Desde el mismo instante en que se conoció el suceso, se escucharon las voces de rechazo que pedían justicia, no solo para capturar a esos dos hombres que dispararon contra las víctimas –quienes habían llegado al Catatumbo hace dos años procedentes de Venezuela–, sino para quienes retuvieron a los jóvenes, les amarraron las manos y hasta les hicieron videos y tomaron fotos, aplicándoles una supuesta medida de escarmiento. 

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Pues a pesar de que esas personas manifestaron que los entregarían a las autoridades para que respondieran por el aparente robo, se demoraron mucho en hacerlo, dándole chance a esa organización criminal que impone sus leyes a sangre y fuego, para que actuara, tal como finalmente ocurrió.

Aunque las autoridades judiciales no han querido hablar abiertamente sobre este tema, ni han detenido a los responsables, limitándose solo a decir que conformaron una comisión especial para indagar y capturar a toda aquella persona que participó en el hecho, directa o indirectamente, La Opinión conoció que efectivamente la Fiscalía tiene abierto un proceso investigativo por secuestro simple, homicidio preterintencional y homicidio agravado.

Precisamente, en ese proceso no solo estarían implicados los dos hombres armados que se llevaron a la fuerza al menor de edad y a Jackson Arriaga y los mataron, sino también las personas que los detuvieron dentro de un establecimiento público de ese municipio del Catatumbo.

Una fuente judicial explicó que aunque las personas que se ven en los videos y hablan que entregarían a los dos jóvenes a las autoridades, no lo hicieron a tiempo, más aún en una población donde hay un riesgo latente con los grupos armados ilegales.

“Ante los ojos de la sociedad se podría decir que lo que ellos estaban haciendo, estaba bien, porque la intención que ellos tenían era supuestamente entregarlos a la Policía, pero antes de hacerlo querían darles un escarmiento público, paseándolos por el pueblo amarrados, pero no contaban con que llegarían los de la disidencia y se los quitarían”, señaló la fuente.

Añadió: “jurídicamente lo que ellos hicieron está mal, porque los jóvenes a pesar de que, supuestamente, cometieron un delito (robo), no estaba comprobado, entonces ellos hicieron una retención ilegal. La gente habla de que llamaron a la Policía, pero no lo hicieron a una línea oficial, sino que lo hicieron fue a una línea privada de un uniformado que en esos momentos no estaba en Tibú y por eso no contestó la llamada”.

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Ante eso, las autoridades habrían concluido que esa retención ilegal desencadenó en otro delito más grave y fue el homicidio de los dos jóvenes.

“Aunque estas personas de la comunidad no tuvieron una acción directa en el doble asesinato, si están inmersos en un secuestro simple y homicidio preterintencional, porque no debieron retener a los jóvenes y amarrarlos, sino que tuvieron que llevarlos de inmediato a las autoridades”, manifestó la fuente.

Además, hay fuentes cercanas a las indagaciones que señalaron que no solo se los pudieron entregar a la Policía, sino que hubiesen acudido a la Personería o a la iglesia, para que ellos les brindaran la protección y así fueran presentados ante las autoridades judiciales, más aún cuando había un menor de edad implicado.

Mototaxista se defiende

Precisamente, ante esta situación compleja, el mototaxista Roque Antonio González Contreras, quien es una de las personas que se ve en los videos y se le escucha decir que entregarán a los jóvenes a la Policía para que respondan por lo que hicieron, dio a conocer unas imágenes en las que asegura que él y el resto de integrantes de la comunidad que allí estuvieron, jamás pensaron en ese triste final de las víctimas.

“Yo me encontraba trabajando, como lo hago día a día, cuando veo la murmuración (sic) de la gente y veo la reunión donde había mucha gente metida, llego y me asomo, miro y habían agarrado a unos muchachos, ¿qué hago yo?, me pongo a preguntar qué era lo que había pasado y dicen que habían agarrado a dos presuntos ladrones, al asomarme y ver que son dos muchachos y ver a la gente que quería golpearlos, lo que trato es de ayudar a esos jóvenes, ofreciéndoles el apoyo”, señaló en el video Roque González.

Agregó: “Yo les digo que les iba a colaborar para llevarlos a la estación de Policía, junto con la señora del comercio. Cuando yo llego, ellos ya estaban amarrados con cinta, en las manos. Cuando llegué al lugar del hecho eran como a las 8:40 de la mañana…”. (Ver video completo en www.laopinion.com.co)

El abogado defensor de González Contreras, Jhon Rodríguez Caicedo, fue quien se encargó de revelar el video de su cliente y, además, aseguró que, desde el mismo momento que conocieron que la Fiscalía lo buscaba por esa situación, él ha tenido toda la intención de entregarse a las autoridades, pero que por ahora no ven las garantías para hacerlo.

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“Como defensor ya le manifesté que debía entregarse para comparecer ante las autoridades, pero aún no le ha llegado ninguna citación formal. Sin embargo, él supone que tiene orden de captura porque han ido personas extrañas en camionetas a buscarlo, identificándose como miembros de Policía judicial, también le han hecho una persecución, por eso decidió esconderse y buscar un abogado, verificándose que tiene un proceso en su contra por homicidio y el delito de secuestro”, sostuvo el experto en derecho.

Añadió: “el problema es que uno de los occisos es menor de edad y ante eso, la ley impide cualquier rebaja o beneficio. Entonces, al ser capturado o entregarse, va a tener que asumir una medida intramural, que generaría que estuviera preso durante todo el proceso penal. Ante eso, él escogió esconderse hasta que no tenga una garantía fundamental para entregarse y obtener unas medidas menos lesivas, mientras que demuestra su inocencia”.

El abogado defensor afirmó que Roque González es inocente y ajeno a todos esos hechos, porque simplemente tuvo una intención altruista de ayudar a esos jóvenes para evitarles cualquier daño a su integridad, pero con la llegada de esos miembros de un grupo ilegal, que estaban armados y que amenazaron a todas las personas que estaban ahí, nada pudieron hacer.

El defensor del mototaxista también teme por la seguridad de su cliente, pues sabe que estando libre también puede ser víctima de algún grupo armado ilegal, pero tampoco confía que estando en la cárcel tenga su seguridad garantizada, entonces aseguran que es una situación muy compleja. Además, el implicado siente que está sufriendo una persecución por parte de las autoridades.

Pese a todo esto, las autoridades judiciales están buscando a todas las personas que participaron en la retención y homicidio de los jóvenes para que respondan jurídicamente, pues no quieren dejar que este hecho quede en la impunidad.

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