La meta de recaudo de los tres impuestos temporales que creará el Gobierno, en el marco del Estado de Conmoción Interior para atender la crisis en el Catatumbo, por la guerra entre el Eln y las disidencias Farc, es $1.06 billones.
Las fuentes serán el IVA de 19% a los juegos de azar virtuales, con los que se espera recaudar $519.000 millones; una contribución especial a las actividades de petróleo y el carbón, para lograr unos $214.000 millones; y el 1% al timbre, con el que se estima recoger $330.000 millones.
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Para el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Productores de Carbón (Fenalcarbón), Carlos Cante, aunque aún no hay decreto sobre esos tributos, el Gobierno viene haciendo todo lo posible para acabar con la competitividad del sector, elevando la tasa de tributación a niveles que conduzcan a la inviabilidad financiera de las operaciones.
“Acá no hay nada sobreviniente. No es sobreviniente la crisis de seguridad y humanitaria del Catatumbo. Nosotros veníamos advirtiendo hace más de un año el control territorial y económico de los grupos alzados en armas, sin que se nos escuchara. Como tampoco es sobreviniente que el Gobierno quiera grabar con más impuestos a los carbones colombianos. Lo ha hecho desde el primer día de gestión”, añadió Cante a La Opinión.
Afirmó que se trata de una “clara estrategia” de alejar al sector de la posibilidad de poner los productos en los mercados internacionales. Recalcó que si los asfixian con impuestos, los proyectos dejan de ser viables y se tienen que cerrar.
¿Golpe al bolsillo?
El presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Luis Efrén Leyton Cruz, explicó que estos funcionarios son agentes de retención del impuesto al timbre sobre documentos elevados a escritura pública, tratándose de enajenación a cualquier título cuyo valor sea igual o superior a 20.000 UVT (Unidad de Valor Tributario) y no haya sido sujeto a este tributo.
“Grava las formas escritas de los documentos privados que se tramiten en las notarías, es decir, todos los ciudadanos vamos a ser gravados, a no ser que el decreto, que no lo conocemos, disponga de algunas excepciones”, añadió Leyton.
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El líder del sector notarial, señaló que están excluidas del impuesto del timbre las viviendas urbanas clasificadas en los estratos 1, 2 y 3, los bienes que hayan gravados previamente y aquellos que declaró exequible el artículo 77 de la Ley 2277 de 2022.
Medida devastadora
Desde la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos) reiteraron, como lo hicieron el año pasado, cuando en el proyecto de Ley de Financiamiento se propuso imponer 19% de IVA a las apuestas virtuales y no prosperó, que la medida traería consecuencias devastadoras, no solo para la operación de los juegos legales, también para la sostenibilidad de los recursos destinados al sistema de salud, que dependen en gran medida de las transferencias de esta industria.
El presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo, indicó que el Gobierno estima apuestas por $35.6 billones, para 2023, pero la propuesta no grava dinero real, sino créditos para participar en los juegos.
Sostuvo que los ingresos reales de los operadores, quienes tienen contratos con Coljuegos, fueron de $2.1 billones. Por lo que pretender aplicar IVA, que equivaldría al 100% de los recursos que manejan, es completamente inviable.
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“Si se aplica el IVA, el retorno al jugador se vería reducido del 93% a un 71%-75%, esto haría que los jugadores migren a plataformas ilegales o internacionales que no están sujetas a estas cargas fiscales, lo que incrementaría la informalidad y disminuiría los ingresos del sector”, aseguró Restrepo.
“Esa es la transición que quieren para Colombia, que nos conduzca a la desaparición de empleos dignos y bien remunerados, de compra de bienes y servicios en las regiones, de la carga estratégica de la nación, de divisas por exportaciones, de la fuente más importante de inversión autónoma de departamentos y municipios, de las regalías”, concluyó.
Según el líder de la asociación, desde que los juegos online fueron regulados en Colombia, en 2015, su crecimiento ha sido notable, convirtiéndose en un modelo exitoso en América Latina. Los datos más recientes indican que las transferencias de derechos de explotación al sistema de salud por parte de los operadores pasaron de $3.496 millones (2017) a $317.977 (2023), lo que significa que, en 6 años, el aporte creció 914%.
Los empresarios de juegos online deben cumplir con una estricta regulación fiscal que incluye el pago de derechos de explotación, renta y otros impuestos, así como altos costos operativos relacionados con tecnología, marketing y publicidad.
Del 100% de las apuestas, el 93% se retorna al jugador, dejando un margen bruto real del 7% en promedio, con lo que se deben atender derechos de explotación, costos y gastos. De acuerdo con Asojuegos, el modelo financiero no permitiría absorber un impuesto adicional sin afectar gravemente la operación, al punto de hacerla inviable.
La organización destacó las empresas reinvierten gran parte de los ingresos reales en el desarrollo tecnológico, generación de empleo y publicidad local, lo que contribuye al fortalecimiento de la economía. Entonces, la introducción del IVA también afectaría la competitividad del país, desincentivando la inversión extranjera en el sector.
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