El no haber dado respuestas el alcalde Jorge Acevedo a los oficios remitidos por la Seccional de Análisis Criminal (SAC) del Cuerpo Técnico de Investigación, en el que se solicitó la información que dio origen a la prescripción de la acción de pago del impuesto predial de 7.861 predios de la constructora Sodeva, la Fiscalía dio apertura de la noticia criminal por los presuntos delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
La unidad investigativa pidió al alcalde a modo de colaboración información relacionada con la resolución que emitió el exsecretario de Hacienda del municipio, Orlando Miranda, para proceder con la prescripción el pago de unos 5.000 millones de pesos.
Lo anterior, a fin de establecer si este despacho adelantó y agotó todos los procesos y procedimientos de ley para hacer el correspondiente cobro persuasivo y coactivo, durante un periodo que la ley otorga que corresponde a cinco (5) años.
Esto, porque “se observa que durante el periodo que el señor miranda ejerció como Secretario de Hacienda no advirtió la posible prescripción de esos términos de 5 años, y así evitar que estos recursos públicos fueran prescritos”, precisó la SAC del CTI.
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Señala asimismo, que (Miranda) contaba con mecanismos alternativos para hacer uso del ejercicio de los procesos de cobro persuasivo y coactivo que corresponden, los cuales conforme a la información existente no los llevó a cabo, y a contrario había optado subjetivamente en decretar prescripciones masivas de casi ocho mil predios a la citada constructora.
También se busca establecer si se surtieron los trámites internos de búsqueda en el archivo central físico y digital, que evidencien la revisión efectuada, para determinar si habían o no mandamientos de pago notificados a Sodeva y determinar la trazabilidad e historial del contribuyente predio por predio.
Sobre esto último, Miranda le afirmó a La Opinión que cuando asumió el cargo no encontró ni mandamientos de pago ni procesos de cobro de dicha cartera a Sodeva, motivo por el cual se procedió en consecuencia, es decir, prescribiendo la acción de pago.
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Esto, sin embargo, fue refutado por su antecesora en el cargo Victoria Valencia, quién le aseguró a La Opinión que contra Sodeva Ltda sí habían varios mandamientos de pago y estos figuran en la base de datos Neptuno, la cual fue reemplazada por la de TNS.
“Lo que sucedió fue que cuando se hizo la migración a la nueva plataforma no todos los datos migraron, pero mandamientos de pago sí existen”, precisó la exfuncionaria.
De hecho, Valencia será llamada a rendir declaración juramentada por esta versión que dio a esta casa periodística.
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La SAC busca también establecer si se surtieron los trámites internos de búsqueda en el archivo central físico y digital, que evidencien la revisión efectuada, para determinar si habían o no mandamientos de pago notificados a Sodeva y determinar la trazabilidad e historial del contribuyente predio por predio.
De igual manera verificar el orden de turno y presentación de las solicitudes por cuanto deben existir contribuyentes que solicitaron la figura de prescripción en vigencia 2023, a los cuales no se les ha decidió, ya sea favorablemente o desfavorablemente.
Los predios a los que se les borró de tajo la acción de pago corresponden a las vigencias de cinco años (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
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