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Un millón y medio de colombianos se podría quedar sin votar en octubre
La alerta la volvió a lanzar la Registraduría, tras pedirle al Gobierno tomar medidas en materia de orden público.
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Miércoles, 7 de Junio de 2023

Una vez más las autoridades electorales, los gobernadores y los entes de control le hicieron un urgente llamado al Gobierno Nacional frente al panorama de seguridad que rodea las elecciones locales y regionales que tendrán lugar en menos de cinco meses.


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Durante el ‘Encuentro de Seguridad Nacional por los Territorios’, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, las alertas volvieron a quedar encendidas porque el fantasma de la violencia asusta nuevamente el desarrollo de los comicios.

Según el registrador nacional, Alexander Vega, si el mapa de riesgo electoral se mantiene y no se toman las decisiones necesarias para que las Fuerzas Militares y de Policía puedan actuar, en octubre se podría ver afectada la votación en 79 municipios, 600 puestos de votación y al menos 1’400.000 personas verían restringido su derecho al sufragio.

“La Registraduría Nacional no tiene previsto trasladar ningún puesto ni mesa de votación por temas de orden público. Es hora de decisiones. La logística para que la Fuerza Pública cumpla con su tarea es necesaria”, sentenció Vega.

El funcionario recordó que de acuerdo con el mapa de riesgo con el que vienen trabajando, las regiones priorizadas por razones de orden público y presencia de grupos armados son: Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Chocó, Antioquia y Sucre.


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En el caso particular de esta región de frontera, Vega había manifestado semanas atrás, durante un comité de seguimiento electoral que tuvo lugar en Cúcuta, que tanto la capital del departamento, como El Tarra, Tibú, Teorama, Sardinata, Villa del Rosario, Puerto Santander y Convención eran algunos de los municipios con mayor riesgo para estas elecciones.

 

Llamado de atención al Gobierno

En su intervención, el registrador Alexander Vega envió un mensaje directo al Gobierno Nacional y dijo que las organizaciones criminales ya anunciaron el “empadronamiento de los ciudadanos” y que ante esto la pregunta que surge es si la Fuerza Pública alcanzará a reaccionar para tomar las medidas necesarias.

El mismo funcionario insistió en que la respuesta debe ser que sí, pero que para ello es necesario que el Ejecutivo asigne los recursos que se necesitan para organizar la logística y el despliegue de los planes ‘Democracia y Ayacucho’.

“Si hay constreñimiento al elector por parte de grupos armados ilegales en las regiones, vendrían eventuales nulidades y se convocarían el otro año elecciones atípicas, con lo cual se generaría un doble esfuerzo y gasto para el Estado”, recalcó.

 

La advertencia al Gobierno la hizo también la Procuraduría General de la Nación, tras manifestar su preocupación ante los gobernadores, por el incremento de los reportes de violencia y perturbación del orden público, causados por prácticas como la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

Recientemente, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que, en los primeros seis meses del calendario electoral, de octubre 29 de 2022 a 29 de abril de 2023, se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia por parte de los grupos armados ilegales en el país.


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“En este periodo de las elecciones de 2023, la MOE ha registrado un total de 634 hechos entre acciones armadas y amedrentamientos de los grupos armados ilegales contra la población civil, lo cual implica un crecimiento del 141% en comparación con el total de hechos para el mismo periodo del último proceso electoral local vivido en Colombia, en el 2019”, manifestó la veeduría.

El 51% de estos hechos violentos se concentra en los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.

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