En unas semanas el Congreso de la República empezará a discutir el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, que se constituirá en la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro, para cumplir sus promesas de campaña, las cuales se centran, principalmente, en la apuesta de la ‘paz total’, el respeto de la vida y el cambio social.

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Lo que allí se consigne despierta el interés de los distintos sectores, entre ellos los gobernadores, quienes a través de su agremiación, la Federación Nacional de Departamentos (FND), han planteado unas líneas rojas frente al contenido del Plan.

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, presidente de la FND, reconoció que les preocupa los mensajes encontrados que ha enviado el Gobierno Nacional durante la consolidación de su carta de navegación para los próximos cuatro años sobre las regalías y el destino que deberán tener las mismas.

Dice que los riesgos son claros y por eso asegura que los gobernadores estarán atentos a que las regalías no sean tocadas, porque les corresponden a los departamentos, como lo ordena la Constitución Nacional.

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Sobre esta inquietud y el papel que jugarán los mandatarios departamentales en la consolidación de la llamada ‘paz total’, una de las principales políticas a la que le apunta el gobierno Petro, habló el presidente de la Federación de Departamentos.

¿Qué expectativas tienen como gobernadores frente al Plan Nacional de Desarrollo?

Primero, que se respete la descentralización y que el Plan de Desarrollo tienda a fortalecer las autonomías territoriales y la descentralización. Lo segundo, esperamos que en ese Plan de Desarrollo queden claramente establecidas las prioridades territoriales acorde a los ejercicios que se hicieron de participación territorial, esos diálogos regionales vinculantes donde participó la sociedad civil. Esperamos que queden también los proyectos regionales que tienen ya un nivel importante de maduración, en el que las regiones tienen inversiones altísimas, y que se ajusten a las nuevas líneas del gobierno y sean prioritarios en la financiación.

Pero, ¿existen algunas líneas rojas sobre esa hoja de ruta?

Tenemos resaltadas unas líneas del Plan que nos generan inquietudes. No nos gustan algunas declaraciones del director de Planeación, que ha venido hablando de que los proyectos aprobados con el sistema de regalías deben consultar las líneas del Plan Nacional de Desarrollo, y resulta que las entidades territoriales tienen algunas autonomías que están establecidas en la Constitución y la norma donde hacemos nuestros Planes de Desarrollo, nuestros planes indicativos de inversiones de regalías y tomamos nuestras decisiones, no de manera autocrática, sino de manera democrática, sometido a consenso con los Concejos Municipales y con los Consejos Territoriales de Planeación.

¿En dónde puede estar el inconveniente?

Sujetar el sistema de planeación territorial a las instrucciones del Sistema Nacional de Planeación nos parece redescentralizador. De que puede haber concurrencia de fuentes para resolver algunos problemas, sí puede haber concurrencia de fuentes, pero no debe haber, no tiene que haber, porque finalmente nosotros atendemos un tipo de problemas que no siempre son los mismos que atiende el Gobierno Nacional. Ahí tenemos un celo.

¿Qué otros temas les preocupa del Plan de Desarrollo?

Hay varias líneas del Plan de Desarrollo que hablan de la necesaria concurrencia o de la necesaria consulta entre lo que dice el Plan de Desarrollo y lo que vamos a invertir con nuestro Sistema General de Participación y con nuestros recursos de regalías e ingresos. Le voy a hacer la siguiente reflexión: a nosotros nos gustan las líneas del Plan, nos gusta lo que dice, no nos gusta que pretendan ponerle condiciones a los alcaldes y a los gobernadores para poder hacer sus inversiones que están previstas ya en sus Planes de Desarrollo; esa autonomía nos la dio la Constitución. Las regalías no son del Gobierno Nacional, las regalías son de los gobiernos territoriales, lo dice la Constitución.

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El Sistema General de Participaciones es un derecho constitucional de las entidades territoriales, no es una concesión del Estado central, estamos muy celosos con eso y vamos a estarlo en todo lo que viene: Sistema General de Regalías y Sistema General de Participación. También que en ese nuevo esquema de ingreso y Estado abierto que se está proponiendo no se nos reduzcan, vía resoluciones de reglamentación, como se ha hecho anteriormente en algunas oportunidades, algunos niveles de autonomía para los procesos de toma de decisiones, ni se nos limite, pero que también se nos incluya en la amplificación de nuestros ingresos.

Es decir, ¿piden que el Plan de Desarrollo les asigne más recursos?

Que podamos tener acceso a las nuevas rentas, a las nuevas realidades verdes, a todos los nuevos impuestos. Las transacciones electrónicas que se hacen para los temas de juegos de suerte y azar o el de las bebidas azucaradas o a las nuevas modalidades de consumo de tabaco calentado y vapeadores, y todos estos temas. En todas esas líneas queremos tener una participación.

¿Les preocupa que algunas de las grandes obras ya previstas se metan en el congelador o incluso las puedan cambiar?

Todos hemos tenido esa preocupación este semestre que pasó. Al inicio del Gobierno todos hemos ido morigerando esos temores y hemos ido encontrando un buen entendimiento y un buen diálogo con el Gobierno Nacional, para poder seguir adelante con los proyectos y con todas aquellas estrategias que veníamos implementando y que tienen algunas inversiones importantes de tiempo y de recursos de parte nuestra.

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¿Los nuevos recursos que esperan vendrán de la reforma tributaria? y ¿por cuánto serían?

No tenemos claro, son recursos del Gobierno Central. Finalmente se van a invertir en nuestro territorio, pero hay un compromiso del Gobierno, un compromiso del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de hacer la reforma fiscal territorial, cómo ayudarnos a nosotros a fortalecer nuestros tributos y nuestros ingresos y esa es una promesa muy valiosa que valoramos mucho del señor presidente Gustavo Petro. Pero vuelvo en que tenemos algunas señales encontradas, pues el presidente dice unas cosas, el ministro hace otra y a veces vemos otra. Entonces, esperamos que todas esas dudas se nos aclaren en el trámite del Plan de Desarrollo.

Cinco meses después de la nueva administración nacional, ¿cómo ha sido esa relación, en general?

El presidente ha sido atento con nosotros, se ha reunido con nosotros en tres o cuatro oportunidades, la mayoría de los funcionarios ha venido siendo deferente y cumplidor. Hay algunas excepciones, pero realmente el Gobierno se va acoplando. Hay gente que se demora más en arrancar que otra, pero nuestra relación con el Ejecutivo ha sido clara, ha sido cordial y nos declaramos, hasta el momento, satisfechos en el relacionamiento con el Gobierno.

¿Los gobernadores van a poder cumplir con los Planes de Desarrollo?

Estamos trabajando para cumplir en niveles cercanos al 90 % de nuestros planes. Evidentemente tuvimos traumatismos con la pandemia, pero traumatismos que la mayoría hemos podido superar, que vamos a lograr cumplir las metas y también tenemos que decir que la pandemia, dentro de sus tragedias, también nos trajo oportunidades, nuevas fuentes de inversión, posibilidad de reorientación de recursos, nuevas solidaridades de la comunidad internacional y del Gobierno para tener algunos frentes.

Cese al fuego con grupos armados

¿Le preocupa en algo a la Federación los anuncios de cese al fuego y la decisión del Eln de no acogerse todavía al mismo?

Tenemos una gran esperanza en lo que está sucediendo, los anuncios de cese al fuego bilateral son importantes. Sin embargo, tenemos dos preocupaciones: ¿cuál es el rol de los gobiernos locales en esto?, ¿qué vamos a hacer los alcaldes y los gobernadores?, ¿vamos a cumplir alguna función con nuestros equipos o no?, ¿vamos a servir para verificar, para servir? No sabemos todavía, estamos esperando que se nos cuente cómo vamos a participar. Queremos participar en este proceso de consolidación de paz territorial.

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En segundo lugar, tenemos otra gran preocupación sobre qué va a pasar con la extorsión. ¿El cese al fuego incluye la extorsión?, es la gran pregunta, pues mucha gente en este país, empresarios grandes, pequeños, comerciantes, ganaderos, agricultores, campesinos de todos los niveles económicos, están siendo víctimas de este delito, casi toda promovida por estos grupos que anuncian acuerdos bilaterales.

Cuando habla de que no saben aún qué les corresponderá hacer, ¿a qué se refiere?

Nosotros tenemos una capacidad en el territorio, podemos ayudar a facilitar cosas, a cumplir compromisos, a verificar, a tener información real de los asuntos, a invertir en las regiones que se requieran, no sabemos pero alguna función o muchas de estas, o todas estas, tendremos que cumplir en este proceso, porque no creo que se pueda obviar a los Gobiernos territoriales en la construcción de la paz.

¿Se han reunido con el alto comisionado de Paz para hablar sobre estos temas?

Lo hemos hecho como Federación, pero no nos hemos reunido de manera individual cada uno de nosotros, digamos él se ha reunido con nosotros como cuerpo de gobernadores, como Federación, y nos ha contado lo que quiere. Entiendo que ellos (Gobierno) requieren unos niveles de confidencialidad y de sigilo para poder capitalizar resultados, estamos a la espera que nos cuenten cuándo entramos nosotros.

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