La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio del Interior para que brinde todas las garantías a los 12 alcaldes de 7 departamentos, entre ellos dos de Norte de Santander, que están ejerciendo sus labores fuera de su lugar de origen por amenazas de grupos armados al margen de la ley, con el fin de que puedan regresar a los lugares donde fueron elegidos y terminen su periodo institucional.

El ente de control se unió al llamado de la Defensoría del Pueblo que alertó hace unas semanas que los alcaldes de Tibú y La Playa (Norte de Santander), Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia) y Villeta (Cundinamarca) han tenido que desplazarse de sus municipios para despachar desde otras jurisdicciones.

Lea: Los ministros que fueron clave en el Gobierno Petro y ahora critican su gestión

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que “los derechos a la integridad, a la vida, a la libre movilidad y al trabajo deben ser garantizados para los servidores públicos que en este momento son objeto de intimidaciones. La presión de los grupos ilegales, cuando el país está en ambiente de elecciones locales, no puede imponerse bajo la amenaza de las armas”.

Situación en el departamento

El caso más reciente en la región es el del alcalde de Tibú, Nelson Leal, quien desde el mes de marzo de este año anunció que saldría de su municipio para trasladarse a la ciudad de Cúcuta y desde allí ejercer sus funciones, debido a las constantes amenazas en su contra y de su familia.

Misma situación que ha tenido que vivir desde el año pasado el alcalde de La Playa de Belén, Ider Humberto Álvarez García, quien por razones de seguridad también debió abandonar su municipio y desde entonces ha despachado desde Cúcuta y Ocaña.

Aunque intentó estar en su pueblo el pasado 4 de junio para celebrar el Día del Campesino, el mandatario fue víctima de un atentado que lo obligó, nuevamente, a dejar su tierra.

Al ser consultado sobre la solicitud hecha por la Procuraduría, de que los alcaldes amenazados regresen a sus lugares de origen, el mandatario de La Playa de Belén, señaló que, desafortunadamente, “no hay garantías de no repetición, ni mucho menos capacidad del Estado para brindarnos seguridad”.

El alcalde indicó que primero estaba la vida, por lo que no es seguro regresar hasta que no termine su periodo institucional.

Conozca: En Norte de Santander, cese al fuego con el Eln genera más dudas que certezas

La Opinión intentó contactar al alcalde de Tibú, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

La Defensoría del Pueblo advirtió que, igualmente, en Norte de Santander se ha identificado que hay varios líderes comunales amenazados, por lo que resulta sumamente alarmante el fenómeno de desplazamiento institucional, ya que  “en varias regiones del país ni siquiera las autoridades elegidas por voto popular pueden permanecer en sus territorios y ejercer sus labores. Si eso pasa con las autoridades, qué pueden esperar las ciudadanas y los ciudadanos que habitan esas poblaciones”, apuntó Camargo.

Reporte inmediato

La Procuraduría le pidió de manera urgente al Ministerio del Interior un reporte detallado sobre las acciones adelantadas y las que se tienen dispuestas para hacer frente a la grave situación que enfrentan los funcionarios públicos y las comunidades en riesgo.

“Es indispensable que se tomen, de forma prioritaria, medidas concretas de protección y presencia institucional en aquellos municipios donde las condiciones de seguridad no permiten que los funcionarios desempeñen sus labores con el fin de garantizar la gobernanza y gobernabilidad territorial”, expresó la Procuraduría a través de un comunicado.

Entérese:  Emerson Meneses es oficialmente el primer candidato a la Alcaldía de Cúcuta

Aunque el Ministerio del Interior no se ha pronunciado específicamente sobre este llamado hecho por el ente de control, sí lo hizo frente a las garantías de seguridad que tiene el país para las próximas elecciones regionales.

“Vamos a llegar hasta el último sitio y es obligación del Gobierno nacional brindar seguridad para que los colombianos puedan tener unas elecciones tranquilas en paz en octubre. Ya el Plan Democracia está andando, ya hay una concertación entre la Policía, entre el Ejército, entre la Armada, entre la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que absolutamente todos los puestos de votación de Colombia, que superan los 120.000, tengan seguridad y estén cubiertos”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El alto funcionario indicó que, al finalizar las inscripciones de candidatos el próximo 29 de julio, se activará el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe), que tiene como objetivo atender y otorgar las medidas de protección a todos los candidatos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion