La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos Jairo Pinzón López, y José Manuel Galeano Puentes, exgerentes de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, por presuntos contratos verbales por aproximadamente $ 581.612.392 millones.
De igual forma, se tomó la decisión de archivar la investigación disciplinaria en contra de Luis Alfredo Toscano.
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La entidad busca esclarecer las presuntas decisiones de los investigados, cuando al parecer, sin un negocio jurídico previo para los meses de junio a agosto de 2020, habría recibido el área de farmacia del hospital el suministro de materiales quirúrgicos, equipos y dispositivos médicos por la empresa Inversiones Tecnomédica de Colombia S.A.S; presuntamente, ante las solicitudes expresas de las partes y debido a la urgencia de la pandemia por el COVID-19.
La Procuraduría verifica la posible vulneración al principio de moralidad y economía de los funcionarios y calificó provisionalmente la falta como grave, a título de culpa grave.
Finalmente, el ente disciplinario compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las conductas señaladas de posible infracción al código penal.
Los procesos que tienen en apuros a Pinzón
Hasta el 24 de septiembre de 2020, Jairo Pinzón López estuvo suspendido de su cargo como gerente del Hospital de Ocaña, gracias a una investigación que adelanta en su contra la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, por las presuntas irregularidades que habrían rodeado una millonaria contratación adelantada por el funcionario en los primeros meses del año pasado.
La suspensión se produjo en mayo, apenas unos días después de que el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, lo ratificara en su cargo para un nuevo periodo. El 14 de agosto le prorrogaron la medida.
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Según informó el Ministerio Público, el gerente de la ESE habría incurrido en varias inconsistencias en la celebración de por lo menos 22 contratos de obra, suministros de material quirúrgico y de medicamentos, por más de $4.000 millones.
Por estos hechos, en octubre, el ente de control disciplinario le formuló al funcionario tres cargos por cuanto, al parecer, cometió faltas graves, al suscribir contratos, posiblemente, desconociendo las reglas para ese fin.
Aunque Jairo Pinzón fue escuchado en audiencia de versión libre y allí tuvo la oportunidad de presentar sus alegatos frente a los reproches que le hace la Procuraduría, se determinó que, hasta el momento, el gerente no había logrado desvirtuar las presuntas conductas irregulares encontradas.
Con la lupa de la Procuraduría puesta sobre sus actuaciones administrativas, el gerente volvió a ser apartado de su cargo en noviembre de 2020, esta vez por decisión de la Superintendencia de Salud, que ordenó la intervención del Hospital de Ocaña, luego de identificar 87 hallazgos de tipo administrativo, contractual, financiero, asistencial y jurídico.
Pinzón López, sin embargo, decidió tutelar su derecho al debido proceso y el 15 de diciembre el Juzgado Segundo Administrativo falló a su favor, con lo cual se suspendió la Resolución No. 012773 de 2020 mediante la cual se ordenó la intervención forzosa administrativa de la ESE y se ordenó su reintegro.
Pero como la Supersalud no cumplió, el Juzgado abrió un incidente de desacato y el 13 de enero pasado el Tribunal Administrativo profirió un auto de cúmplase, lo que obligó a hacer efectivo el regreso de Pinzón.
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