En un año tendrá lugar un nuevo proceso electoral en Colombia y desde ya las alertas comenzaron a encenderse por cuenta de la difícil situación de orden público en el país y los recortes presupuestales que se anuncian, a fin de sortear el problema de liquidez del Gobierno.
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En la primera Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales del año, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que Colombia asistirá en 2026 a una contienda democrática de “muy difícil manejo”.
Incluso, su directora, Alejandra Barrios, señaló que la del próximo año es una elección que puede terminar siendo “caótica” en materia de seguridad, teniendo en cuenta que las mesas de negociación con algunos grupos armados tienen un presente y un futuro muy incierto, y la expansión de los grupos armados es cada vez más fuerte.
“Para la MOE, es importante articular el Plan Nacional de Garantías Electorales con las estrategias de paz y seguridad, especialmente en regiones con procesos de paz o presencia activa de grupos armados en diálogo con el Gobierno. Esta articulación también se debe de dar en los, al menos, 19 procesos electorales atípicos que se podrían llevar a cabo en 2025”, planteó Barrios.
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La vocera de la veeduría electoral fue enfática en que las condiciones de seguridad adquieren especial relevancia para garantizar la participación ciudadana, el desarrollo de las campañas y el despliegue de la logística electoral.
Esa postura también la respaldan partidos como Cambio Radical, tras alertar que en este momento hay 450 municipios que están en poder de organizaciones criminales.
“Así es imposible hacer elecciones. Esto no permite hacer unas elecciones libres. Además, el Gobierno insiste en asfixiar el sistema democrático, pues no ha pagado la reposición de votos del último certamen electoral”, denunció el dirigente político.
Con relación al panorama de violencia que marcó el arranque del 2025, Alejandra Barrios también advirtió que existe una preocupación adicional y es la falta de interés de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, frente al proceso electoral que tendrá lugar en marzo, mayo y junio de 2026, y cuyo calendario electoral está próximo a empezar.
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“Vemos con muchísima preocupación que no hay un interés de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz frente al proceso electoral cuando tenemos hechos como el del Catatumbo”, dijo.
Recorte presupuestal
El otro asunto que empieza a preocupar a nivel institucional, es el anuncio del Gobierno de aplazar $12 billones del presupuesto de 2025, en razón del hundimiento de la reforma tributaria.
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Aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, insiste en que el financiamiento necesario para los certámenes electorales está totalmente garantizado, la Procuraduría General de la Nación pidió que se disponga todo lo necesario para implementar la logística que requieren las elecciones, debido a que los procesos para Congreso y Presidencia de la República de 2026 inician el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2025.
El Consejo Nacional Electoral, por su parte, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que revise el aplazamiento de los recursos para entidades como la organización electoral, puesto que, esto afectaría el trabajo de cara a los próximos comicios.
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