Mientras el presidente de la República, Gustavo Petro, y su saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, minimizan la gravedad de los problemas de violencia en el país, la información en poder de la ONU, las observaciones en terreno de alcaldes y gobernadores y diferentes diagnósticos de expertos en temas de derechos humanos, demuestran lo contrario.

Luego del fracaso de la política de Paz Total, que puso en marcha el mandatario desde el comienzo de su mandato, los ataques contra la población civil, las extorsiones, los secuestros y diferentes tipos de delitos han ido incrementándose en diferentes regiones del país.

¿Una gran mentira?

La controversia comenzó con un comunicado del Consejo Gremial, que pidió al gobierno respuestas concretas ante el aumento de la violencia en Colombia, que atenta contra la vida, la seguridad de los habitantes del país y la infraestructura pública en regiones como Norte de Santander y Chocó.

Ante esta petición, el presidente Petro respondió, pero le restó importancia a la alerta.

“Ayer el consejo Gremial empresarial le dijo una gran mentira a los colombianos. Que había una crisis de violencia. Tenemos sí, focos regionales de violencia”, señaló Petro, que aseguró que las cifras de violencia se han reducido frente a gobiernos anteriores.

El ministro de defensa, Iván Velásquez respaldó a Petro asegurando que, aunque hay violencia no es una situación tan dramática. "Estos hechos se han maximizado para mostrar como que durante este gobierno, precisamente se deterioró absolutamente el orden público, pero no son tan dramáticos como se han presentado".

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Más allá de las cifras

Tras este cruce de información, organizaciones nacionales e internacionales, así como alcaldes de varias zonas del país respondieron a las afirmaciones del gobierno e insistieron en que sí hay motivos de alerta por la crisis de violencia que se vive en el país.

Desde la oficina de los Derechos Humanos de la ONU, el representante de la Oficina en Colombia Juan Carlos Monge, subrayó que, aunque hay acciones que se están haciendo, “persisten las preocupaciones frente al impacto de la violencia en la población civil” y “los esfuerzos no son suficientes para prevenir las violaciones a los derechos humanos”.

Cifras de la ONU sobre reclutamiento, tortura y violencia de menores evidencian un aumento del 100%, pasando de 110 casos en 2022 hasta 216 en 2023, con la advertencia de que estas cifras pueden ser mayores, debido a la existencia de un subregistro consecuencia de la metodología y del miedo de la población por denunciar producto de amenazas.

“En lo que coincidimos la Defensoría, nosotros y otras fuentes como el ICBF es que hay un aumento muy considerable en los últimos años de la violencia y esa tendencia no se puede revertir”, señala el representante Monge.

Estos fenómenos de violencia están extendidos en varias regiones del país y no son de algunos focos como lo señala el presidente. La ONU señala hechos de violencia en Cauca, Arauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, el Pacifico, Santa Marta, Meta, entre otros.

Frente a la postura del presidente, el representante de la ONU hace un llamado de mirar más allá de las cifras y analizar los patrones y tendencias que muestran señales claras de violencia en el país.

“Es muy fácil perderse en las cifras de que sí subió o no subió, pero esto no es una cotización en bolsa, son personas que mueren, que ven vulnerados sus derechos. Son personas muertas, son tragedias donde los problemas estructurales del estado son más evidentes. Si nos fijamos solo en eso no estamos ayudando mucho en el futuro de este país”, señaló.

Por su parte, la Fundación Ideas para la paz advierte que, aunque existe una ligera menor tasa de homicidios en comparación a otros años, otros indicadores muestran la persistencia de la violencia.

Advierten que hoy hay 14 zonas en disputa por parte de los grupos armados (6 más que en 2022); aumentaron los ataques a la Fuerza Pública y la infraestructura en el segundo semestre de 2024, y se incrementó el desplazamiento forzado, el confinamiento y los homicidios de líderes en 2024.

Además, comparando los periodos presidencial, si bien hubo un crecimiento en indicadores de violencia en el gobierno Duque, también lo ha habido en el de Petro.

“Para entender la violencia en Colombia debemos mirar más allá del homicidio, analizar las dinámicas territoriales y profundizar en los impactos humanitarios del conflicto. El debate debe ser serio, informado y coherente. No tenemos un país más seguro que al inicio del gobierno actual”, señala la FIP.

Hablan los alcaldes

Alberto Williams Rivas, alcalde de Novita, Choco calificó la situación como “critica” debido a los enfrentamientos de grupos armados. “La población sigue consternada”, dice.  Actualmente hay más de 1.400 familias confinadas y otras tantas desplazados por la presencia del Eln y el AGC.

El mandatario advierte que esto no es ocasional, ya que desde el año pasado vienen sufriendo por 7 paros armados y van dos más este año, razón por la cual piden acciones concretas al gobierno tras un “sinnúmero de consejos de seguridad que no han mejorado la seguridad”.

Jorge Iván Salah, alcalde de Pivijay, Magdalena advierte de una crisis de violencia en su territorio debido a los enfrentamientos que se presentan entre grupos criminales que ya dejan varios homicidios.

“En estos últimos meses se ha recrudecido la violencia, llevamos más de 8 asesinatos en un municipio que es muy tranquilo. Se dice que son hechos aislados, pero la violencia está en toda Colombia y en todo el departamento”, sostuvo.

Desde la vitrina turística de Anato, 13 alcaldes capitales hicieron un nuevo llamado al Gobierno Nacional para combatir la inseguridad en el país:

"Necesitamos actuar ya. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para trabajar juntos, articular esfuerzos y enfrentar este problema con determinación. Confiamos en el nuevo ministro de Defensa y en la nueva cúpula de la Policía Nacional para construir soluciones concretas. La seguridad no puede esperar más", señalaron.

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