Norte de Santander fue protagonista esta semana de una nueva audiencia, en el marco de la investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el caso de los llamados falsos positivos que marcaron la historia del departamento.

En esta oportunidad, sin embargo, los convocados no fueron los máximos responsables de estos crímenes cometidos contra civiles presentados en forma ilegítima como dados de baja en combate para evidenciar resultados operacionales, sino aquellos que tuvieron participación en los hechos, pero esta no fue determinante.

Es decir, que dispararon sus armas, gastaron munición para simular combates, cambiaron las prendas de vestir de las víctimas, alteraron las escenas o incurrieron en falsedades, entre otros comportamientos.

La diligencia hace parte de una estrategia denominada la ‘Ruta No Sancionatoria’, a través de la cual la JEP intenta reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad y reparación, a la vez que les permite a los comparecientes saldar sus deudas con la justicia y reintegrarse a la sociedad, como una forma de allanar el camino hacia la reconciliación y la construcción de paz.

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Los primeros en ser escuchados fueron los soldados profesionales en servicio activo Leonardo Antonio Guzmán Cortés y Gersaín Guzmán Vargas, quienes estuvieron involucrados en los hechos en los que fue asesinado el campesino Héctor Antonio Rubio Álvarez, en julio de 2007, en Hacarí, Norte de Santander.

En el relato que escucharon los magistrados, Leonardo Guzmán detalló que el sargento viceprimero Arnoldo Téllez, perteneciente al Batallón de Contraguerrilla No. 96, de la cuestionada Brigada Móvil No. 15, le dio la orden de asesinar al señor Rubio Álvarez y que si bien en un principio lo consideró, al hablar con quien sería su víctima se arrepintió y no acató la orden.

“Eso llevó a que el sargento Téllez cambiara el plan inicial, para finalmente asesinar al señor Rubio”, se escuchó en la audiencia.

Por su parte, Gersaín Guzmán Vargas contó la forma en que sometieron a la víctima a un procedimiento ilegal, con el fin de tratar de justificar su muerte. En su relato se incluyen detalles sobre la manipulación del cuerpo con armas y una granada, así como la simulación del combate en la que supuestamente fue dado de baja. 

“Guzmán Vargas también mencionó que participó en el levantamiento del cuerpo de Héctor Rubio”, dice la JEP.

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Los magistrados a cargo del caso les pidieron a los dos soldados comparecientes precisar y entregar más información sobre otros miembros del Batallón de Contraguerrilla que participaron en los hechos y explicar en detalle cómo fue que se alteró la escena del crimen, entre otros datos del hecho en el que perdió la vida el inocente campesino.

Según la JEP, el caso que fue relatado por estos comparecientes y frente al cual entregaron más información, ya fue reconocido por los máximos responsables que imputó la Sala de Reconocimiento de esta justicia transicional.

Norte de Santander es el quinto departamento con mayor número de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado durante el conflicto. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el 68 por ciento de los casos se cometieron en la región del Catatumbo.

Saldar cuentas

La JEP explicó que la ‘Ruta No Sancionatoria’, cuya primera audiencia se concentró en uno de los casos ocurrido en Norte de Santander, lo que pretende es ayudar a “pasar la página” del conflicto armado y permitir que se resuelva, de forma definitiva, la situación jurídica de la mayor parte de comparecientes sometidos a esa justicia especial.

“Solucionar la situación jurídica es saldar las cuentas de verdad y reparación con las víctimas y con la justicia. En el caso de los máximos responsables, es necesario que acepten su responsabilidad por los crímenes cometidos, para que sean favorecidos con una sanción propia. Por su parte, los no máximos responsables o partícipes no determinantes, ingresarán a una ruta para definir si son merecedores de los beneficios no sancionatorios que otorga la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, o de sustitución de la sanción por una sanción propia o alternativa para los condenados”, explicó la JEP.

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Como parte de la estrategia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas distribuyó el trabajo de los seis magistrados titulares en seis subsalas regionales, que abarcan todo el territorio nacional.

Una de ellas es la subsala Catatumbo, a la que le corresponde resolver la situación jurídica de los comparecientes adscritos o vinculados con la Brigada Móvil 15, el Batallón de Infantería N°15 ‘General Francisco de Paula Santander’, y a las demás unidades militares que operaron en Norte de Santander, estén priorizadas o no por la Sala de Reconocimiento. En esta instancia se estudian los casos de por lo menos 500 comparecientes.

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