La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) dieron a conocer el primer informe de seguimiento al ‘Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia’, iniciativa presentada el pasado 10 de junio con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Misión de Verificación de la ONU.

Este compromiso tiene el propósito de fortalecer la democracia, prevenir la violencia política y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en el marco de las contiendas electorales del 2026.

Explicó la Defensoría y la MOE que los distintos actores se han vinculado voluntariamente, y este primer reporte, hecho a través de una metodología cuantitativa y cualitativa, comprende el periodo de análisis que va desde el 15 de julio hasta el 15 de diciembre del 2025.

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De las 27 precandidaturas presidenciales, de las cuales 18 aún se encuentran activas, analizadas que se sumaron al compromiso, se registró un nivel de avance del 81,7%. Asimismo, se les realizó seguimiento a las precandidaturas que no han suscrito; en este caso, no se evaluó el cumplimiento, sino el grado de alineación con los puntos contemplados en el compromiso, con el propósito de identificar su aporte al ambiente democrático. Para este grupo, el nivel de alineación fue del 56,4%.

Los resultados confirman que la adopción de compromisos éticos y democráticos contribuye a mejorar la calidad del debate público.

“El nivel general de cumplimiento o alineación entre todas las precandidaturas es de 70,9% (medio)”, detalla el informe.

Al detallar los nueve puntos que fueron analizados, identificaron que el mayor nivel de compromiso se concentra en los puntos 4 y 7 (100%) y estos están relacionados con defender la democracia y acoger el diálogo como compromiso democrático.

Otros puntos con un alto porcentaje de compromiso son el punto 1 con 89,3%, que se encuentra relacionado con la defensa de la primacía de la vida; el punto 8 con 88,3%, vinculado con el reconocimiento a la juventud; y el punto 3 (84,2%), referido a respetar a las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico.

“Por su parte, el punto 2 (62,5%), que llama a la adopción de una política de no violencia, presenta un nivel medio de cumplimiento o alineación”, indicó el informe que presentó la Defensoría.

Además, el documento hace un contraste con aquellos puntos del compromiso que obtuvieron los puntajes más bajos: el punto 5 (48,2%), que se relaciona con promover el lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización; el punto 9 (43,8%), vinculado al apoyo y respeto a las manifestaciones pacíficas; y finalmente, el punto 6 (35%), que se centra en garantizar la difusión de información veraz, y que es el punto del compromiso con menor nivel de cumplimiento o alineación”, detalla el informe.

Durante la presentación del informe, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que “en este compromiso no nos centramos en la violencia física armada directamente, sino en la calidad del debate electoral. Hicimos seguimiento al discurso de los candidatos y las candidatas, bajo una premisa histórica de nuestro país y es que el debate violento ha sido en el pasado un contexto propicio para pasar a la violencia física. Con ello no estamos diciendo que quienes usan violencia en el lenguaje sean responsables directos de hechos violentos, sino más bien es un llamado a una actitud preventiva”.

Resultados por bloques de compromisos

En el documento se dividió el estudio en cuatro grandes bloques y de ellos se extrajeron los resultados más destacados.

El primer bloque llamado ‘Proteger la vida y promover la no violencia en la política’, en el cual el nivel de avance se ubicó en 82,1%.

El análisis hecho evidencia una tendencia positiva hacia el ejercicio político orientado a la defensa de la vida y la promoción de la no violencia. Se identifican buenas prácticas asociadas a la adopción de principios, protocolos y estrategias pedagógicas para la prevención de la violencia política.

No obstante, los resultados insisten en que el reto central es fortalecer las acciones efectivas que protejan especialmente a las mujeres, personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica y grupos étnicos, consolidando una cultura política basada en la dignidad humana y el respeto por los derechos fundamentales.

El segundo denominado ‘Institucionalidad democrática’, con un nivel de avance del 92,6%. Este bloque muestra el mayor nivel de avance del Compromiso en relación con el respeto a la Constitución, la ley y las autoridades electorales, así como con el reconocimiento del diálogo y el acatamiento de las decisiones institucionales como bases de la democracia.

El principal desafío consiste en preservar la confianza pública y garantizar que la dinámica electoral no debilite los valores y reglas que sostienen la legitimidad del sistema democrático.

El tercer bloque lo designaron como ‘Debate plural y democrático’, el cual se ubicó con un avance de apenas el 45,2%.

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Es el eje central del compromiso al destacar la necesidad de promover un lenguaje público respetuoso y sustentado en información verificable. Este bloque es el que presenta el menor nivel de avance. Si bien se identifican logros en la adopción de prácticas comunicativas responsables, persisten diferentes riesgos asociados a la polarización, la estigmatización y la circulación de información no verificada.

Los resultados muestran que aún no se termina de consolidar el debate plural y democrático como práctica transversal entre las precandidaturas y sus entornos políticos, lo que constituye un desafío prioritario para el desarrollo del proceso electoral y la participación ciudadana.

El bloque ‘Buen futuro para la política’ es el cuarto punto y el cual obtuvo un avance del 77%.

De acuerdo con el seguimiento hecho por las entidades que participaron, persisten brechas en el respaldo efectivo a la protesta pacífica y en la inclusión real de juventudes históricamente excluidas. El reto central es pasar de los reconocimientos simbólicos a compromisos concretos que garanticen participación efectiva, incidencia real en la toma de decisiones y respeto pleno a las expresiones democráticas.

Recomendaciones a partir de los hallazgos

La Defensoría del Pueblo formuló una serie de recomendaciones de acuerdo con los hallazgos encontrados y dirigidas a distintos actores del proceso electoral.

A las precandidaturas, partidos y movimientos políticos, les insta a fortalecer protocolos de prevención de la violencia política, promover un lenguaje respetuoso y no estigmatizante, y garantizar la difusión de información veraz y verificable, especialmente en entornos digitales.

“Unas están dirigidas a las campañas, en adoptar protocolos de defensa de la vida y no violencia, que implican desde tomar decisiones, de dar directrices, de no difundir mensajes violentos, también protocolos de protección al interior de las campañas, incluyendo el tema de prevención de la violencia de género”, puntualizó.

A las instituciones del Estado, les recomienda implementar medidas integrales y sostenidas de seguridad, fortalecer la confianza en la institucionalidad electoral y reforzar las capacidades de diálogo, mediación y gestión pacífica del conflicto.

“El compromiso por un proceso electoral libre y en paz debe ser la regla de juego en estas elecciones para que las precandidaturas lo asuman como un referente de buenas prácticas democráticas y un estándar mínimo de responsabilidad política durante la campaña. Este es nuestro llamado: defender la democracia para ser un país más justo, con paz, donde el pluralismo político no sea un riesgo, sino que sea una riqueza que nos ayude a avanzar como nación”, concluyó la Defensora del Pueblo.

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