“El Sistema de Alertas Tempranas sirvió para advertir los enfrentamientos entre grupos ilegales en el departamento. Si las autoridades hubiesen atendido a tiempo, la situación estuviese controlada”. Esta fue una de las conclusiones que entregó el defensor del Pueblo en Norte de Santander, Jorge Alberto Villamizar Durán, durante la rendición de cuentas que hizo esta semana sobre el trabajo adelantado en 2020 por esta regional.

“Todo lo relacionado con la atención a la población por vulneración de derechos humanos es importante, pero hay unos casos que afectan más a la región y la comunidad general. Las primeras, sin duda, son las consecuencias que deja el conflicto armado en el departamento”, reconoció el funcionario.

Según Villamizar, desde la alerta temprana número 024 de 2019, la entidad que está a su cargo empezó a advertir al Gobierno y las autoridades sobre los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley en los municipios de Ábrego, La Playa de Belén, Sardinata, Bucarasica y en los límites con el área rural de Cúcuta, pero a pesar de que se desplegaron controles, el escalamiento del conflicto en esta y otras zonas del departamento no se detuvo y con el paso del tiempo se sigue agudizando.

“La efectividad de las alertas depende mucho de la voluntad del Gobierno para que atienda las recomendaciones. Si se para el presidente o los ministros y dicen que se tome una atención inmediata se hace, pero si no hay colaboración, eso no conlleva a nada”, afirmó Villamizar.

El defensor del Pueblo sostuvo que, a pesar de la respuesta tardía en algunos casos, en Norte de Santander se ha tenido más receptividad en el último año.

“Hemos visto que las autoridades locales nos escuchan más, como es el caso del gobernador (Silvano Serrano Guerrero), que ya tomó cartas en el asunto con el refuerzo de la presencia militar y de Policía en la zona”, dijo el funcionario.

Así como la 024 de 2019, en 2021 se emitieron también las alertas tempranas 011 y 035 para Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario, y la 050 para Tibú. En todas se reforzó lo dicho sobre la presencia de grupos armados ilegales como el Eln, Epl, disidencias de las Farc y grupos posdesmovilización como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Rastrojos, entre otros.

“Todas estas alertas son una muestra de que, en todo lo que veníamos alertando meses atrás, estábamos en lo cierto, porque el conflicto en esta zona se ha incrementado muchísimo. Nosotros hemos seguido vigilando, la gente está muy preocupada por lo que podría pasar más allá de esas confrontaciones”, dijo.

Tráfico de personas y migrantes

Otra de las preocupantes revelaciones que hizo Jorge Villamizar durante su rendición de cuentas fue las denuncias que recibió la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander sobre tráfico de personas y migrantes, así como el reclutamiento de estos últimos por parte de grupos al margen de la ley.

Según el funcionario, desde la entidad adscrita al Ministerio Público se alertó el año anterior sobre los riesgos del retorno de la población migrante hacia Norte de Santander, pues durante ese fenómeno, “se presentaron casos de tráfico de personas”.

“Algunos transportadores los engañaban para traerlos o llevarlos desde la frontera, les cobraban una suma de dinero, pero los dejaban en el camino”, aseguró el defensor regional.

Dijo que esta situación fue denunciada por la Defensoría, haciendo un llamado de atención a Migración Colombia.

“Nosotros dijimos que se iba a incrementar la presencia de migrantes en la frontera y así fue. Después, las autoridades venezolanas hicieron intermitente el paso porque debían hacer cuarentena, entonces hicimos la gestión para que se atendieran en el puente de Tienditas”, sostuvo el funcionario.

Villamizar señaló que desde la entidad ya se alertó también sobre el reclutamiento de migrantes por parte de grupos subversivos y delincuenciales que hacen presencia en la región, especialmente en la zona del Catatumbo.

“A ellos les ofrecen una ayuda económica, lujos, y debido a la situación en la que están deciden sumarse a estos grupos que hacen presencia en la zona”, complementó.

Fallas en la implementación del Acuerdo de Paz

El defensor regional del Pueblo indicó que en 2020 advirtieron, igualmente, los vacíos que hay en la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, y en particular sobre temas sensibles como la sustitución de cultivos ilícitos. Jorge Villamizar dijo que lo que encontraron en las visitas a terreno es que si bien son varias las familias y personas que han optado por la erradicación o la sustitución, “no han tenido más opción que volver a las plantaciones ilegales”.

Señaló que, como resultado de las evaluaciones, monitoreo y seguimiento a las alertas tempranas pudieron identificar otras amenazas como: 20 casos de sospecha de contaminación por minas, 1.800 personas víctimas de desplazamiento forzado en 6 eventos masivos, así como el asesinato de 13 líderes o defensores de derechos humanos entre 2019 y 2020.

El defensor aseguró que la pandemia por la COVID-19 hizo que los funcionarios de la entidad tuvieran que doblar sus esfuerzos y atención, pues varias personas presentaron denuncias durante el aislamiento obligatorio, las cuales se atendieron, inicialmente, de forma virtual.

Y resaltó que uno de los logros importantes en el año anterior fue la consecución de los recursos para la construcción de la Casa de los Derechos Humanos en Puerto Santander, la cual servirá para atender a la población de ese municipio y de la zona rural de Cúcuta. Esta será entregada en los próximos meses.