El próximo 13 de marzo, al tiempo que el resto de los colombianos elegiremos a los senadores y representantes que legislarán entre 2022 y 2026, los habitantes de 16 zonas del país gravemente afectadas por el conflicto votarán para escoger a igual número de representantes a la Cámara que ocuparán unas curules especiales previstas por el acuerdo de paz.

Luego de un largo y tortuoso proceso de aprobación en el Congreso, la Corte Constitucional ordenó que las curules empezaran a operar desde este año y por dos periodos, 2022-2026 y 2026-2030. El Gobierno aprobó además una reglamentación muy estricta con el propósito de que las curules fueran ocupadas verdaderamente por las víctimas y no se apoderaran de ellas personas posiblemente con intereses oscuros.

Sin embargo, mientras esta semana se sorteaba la ubicación que ocuparán los candidatos en el tarjetón, ya había surgido la primera controversia, a propósito de la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, quien fue responsable de asesinatos, masacres y secuestros en los departamentos del norte del país, especialmente Cesar, Magdalena y La Guajira.

Tovar, quien está inscrito en el Registro Único de Víctimas, busca ser elegido en la circunscripción número 12, compuesta por municipios del Cesar (Agustín Codazzi, Becerril, la Jagua de Ibirico, la Paz Pueblo Bello y Valledupar) La Guajira (Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar) y Magdalena (Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta), las mismas zonas en donde operó su padre.

La candidatura de Tovar, inscrito por  el movimiento Paz es Vida, ha provocado la indignación de organizaciones de víctimas de la región y llevó al senador y candidato al Senado Antonio Sanguino a solicitar al Consejo Nacional Electoral que revoque su inscripción como candidato, por no ser un verdadero representante de las víctimas.

“Eso es un hecho público allá en Cesar, Guajira y Magdalena. Tan pronto él formalizó su inscripción y empezó a hacer la campaña eso ha generado una controversia pública y una incomodidad y rechazo, incluso hasta una indignación en los sectores de víctimas en esos tres departamentos y en los municipios particularmente, en los organismos de derechos humanos y en quienes estamos comprometidos con la paz”, expresó Sanguino.

Tovar ha defendido su candidatura recordando que no hay delitos de sangre y que él también tiene la condición de víctima, reconocida por el registro de la Unidad de Víctimas. Como consecuencia de las actividades ilegales de su padre, a quien dejó de ver desde que tenía seis años, tuvo que desplazarse e incluso abandonar el país.

*¿Quién representa a las víctimas?

La controversia sobre el caso Tovar ha vuelto a poner sobre la mesa una de las preocupaciones constantes sobre las 16 curules de paz: ¿cómo se garantiza que quienes sean elegidos representen verdaderamente a las víctimas? Especialmente, si se tiene en cuenta que las víctimas no son una población homogénea. Esta condición la pueden tener personas de todos los orígenes sociales y económicos y de todas las tendencias políticas.

Para empezar, como lo señala Alejandra Barrios, directora de la MOE, no se puede distinguir entre víctimas buenas y malas. La única condición para tener todos los beneficios que le otorga la ley a esta población es estar inscrito en el registro que lleva la Unidad para las Víctimas.

Para ella, no es posible establecer más barreras para que las víctimas puedan postularse a estas curules. Por el contrario, en su opinión, la reglamentación decretada por el Gobierno pecó de excesiva.

“Se piden una serie de certificados, se establecen unas reglas especiales en materia de financiación, se establecen unos estándares muy altos que inclusive no se les exige a los partidos políticos ni a los grupos significativos de ciudadanos para las curules ordinarias. El número de listas de candidaturas que se presentaron fue mucho menor de lo que se esperaba porque no se facilitó la inscripción de candidatos y candidatas provenientes de organizaciones sociales”, afirmó Barrios.

Entre los requisitos que se establecieron para que las víctimas pudieran acreditarse como candidatos están ser colombiano en ejercicio, mayor de 25 años, haber nacido o habitado en alguno de los municipios que hacen parte de las circunscripciones tres años antes a la fecha de elección y ser considerado víctima del conflicto armado.

Por ley, son víctimas todas las personas que directamente han sufrido o son parientes hasta en tercer grado de consanguinidad o primero de afinidad de quienes hayan sufrido hechos como homicidio, secuestro, desplazamiento, reclutamiento forzado, entre otros.

Para el senador Sanguino, sin embargo, estos controles resultaron ser insuficientes, pues el espíritu de las curules de paz es proteger a quienes más sufrieron por el conflicto y no a los familiares de los victimarios.

“Eso es una ofensa para las víctimas ante el mundo, ante la humanidad. Seguramente hubo una falta de claridad en la aplicación de la ley, hubo trabas para que organizaciones legítimamente reconocidas inscribieran sus candidaturas y en otros casos no se presenta ningún obstáculo para la inscripción”, expresó el senador.

Para Barrios, sin embargo, no pueden ser las autoridades las que impidan a uno u otro ciudadano participar. Mientras cumpla los requisitos que estableció el acuerdo de paz y la ley que reglamentó las curules, puede hacerlo. Ya la decisión de si se sienten representados por esa persona, será de los electores.

“Esa es una de las responsabilidades que en democracia se le entrega a los ciudadanos para que definan si esa representación les parece adecuada y voten por quienes consideren que los representan”, afirmó.

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