Un nuevo capítulo del enfrentamiento del presidente, Gustavo Petro, con la rama judicial y la Fiscalía se presentó este martes, luego que el Jefe de Estado arremetiera por decisiones adversas.

Suspender el traslado pensional por parte del Consejo de Estado y frenar las suspensiones de las órdenes de captura a 29 cabecillas del Clan del Golfo suman a un libro que lleva cuatro años de rivalidades del Jefe de Estado con el poder judicial.

Por capítulos como estos es que el mandatario insiste y funda su idea de una asamblea constituyente, al advertir de un “bloqueo institucional” en contra de su Gobierno.

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Las peleas constantes del Presidente y hasta sus acusaciones contra las entidades judiciales a quienes señala de favorecer a multimillonarios y hasta de golpes de Estado blandos van en contra de los argumentos judiciales.

En lo que respecta a las pensiones, el Alto Tribunal determinó que el Ejecutivo desconoció una decisión que solo le correspondía tomar al Congreso. Esto es, que la reforma pensional había previsto que el dinero fuera a un fondo específico administrado por el Banco de la República y no por el sistema público de pensiones, el llamado Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

Y en lo que respecta a las órdenes de captura, la Fiscalía informó que se abstendrá de aplicar medidas automáticas hasta contar con información verificable sobre el estado avanzado del proceso de paz y el cumplimiento de requisitos legales.  

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Aún y con estas justificaciones señaladas por las instituciones, el Presidente reiteró que son parte de un entramado para bloquear su mandato y romper la Constitución.

“Este ataque desde fuerzas cavernarias en la justicia contra el derecho a la pensión va contra la vida y la Constitución y es un golpe de Estado contra el pueblo. Eso no puede permitirse y ningún demócrata de Colombia puede admitirlo. Claro que llegó la hora que el pueblo decida”, señaló el Jefe de Estado.

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Tras estas acusaciones, los magistrados de las Altas Cortes exigieron respeto al mandatario, le recordaron de la separación de poderes, al advertir que las acusaciones “incendiarias” solo provocan que "la desinformación y la descontextualización" de las decisiones judiciales "deterioren la confianza institucional, debiliten el Estado de derecho y se traduzcan en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar".

Es de recordar que estos enfrentamientos también los ha tenido Petro con el Banco de la República, a quienes en su momento acusó de tener alianzas con "banqueros mega ricos" por elevar la tasa de intereses o con el Congreso al enfrentarse y acusar a congresistas tras no lograr el consenso de los votos necesarios para aprobar sus reformas.

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