El Partido Cambio Radical radicó esta mañana un proyecto de ley que busca eliminar la gratuidad de las prácticas universitarias en el sector oficial, generando un reconocimiento económico a los estudiantes que están terminando sus carreras profesionales.
La iniciativa, que empezará su recorrido en la Cámara de Representantes, establece que quienes adelanten sus pasantías en entidades del Estado deberán ser contratados bajo la modalidad de contrato de aprendizaje y por ende tendrán que recibir un pago por su trabajo.
Al respecto, la propuesta plantea que, por su desempeño como pasantes, los futuros profesionales recibirán una remuneración mensual que no podrá ser inferior al salario mínimo, proporcional al tiempo laborado.
“El proyecto articula medidas para desarrollar oportunidades a quienes están terminando sus estudios superiores, facilitándoles el acceso al mercado de trabajo, con prácticas laborales en un entorno real”, explicaron los voceros de Cambio Radical.
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Ciro Fernández, representante a la Cámara de esa colectividad y coautor del proyecto de ley, manifestó que los estudiantes universitarios deben recibir una gratificación monetaria en sus prácticas profesionales, toda vez que están poniendo en ejercicio los conocimientos que han recibido.
Por eso, el objetivo de Cambio es que el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo de la Función Pública, estén habilitando permanentemente plazas para el ejercicio de las pasantías y dispongan convocatorias para que los universitarios puedan postularse a ellas.
El representante Julio César Triana recordó que, si bien las prácticas universitarias se encuentran amparadas por la Ley, en el caso de las pasantías se genera un vacío que promueve la falta de garantías laborales para una parte de la población estudiantil del país.
“Para los estudiantes universitarios que tengan como prerrequisitos para la obtención del título correspondiente las pasantías, estas se realizan a través de convenios suscritos entre las instituciones de educación superior y la empresa correspondiente. No existe ninguna obligación legal para hacerle algún tipo de pago al estudiante”, explicó el congresista.
