Con gran preocupación quedó el registrador nacional, Hernán Penagos, como buena parte del país, luego de enterarse de que el Ministerio de Hacienda proponía recortarle a la entidad $2,5 billones en el presupuesto del próximo año, cuando ya se tiene que empezar a preparar el proceso electoral del 2026.

Según la ponencia que se filtró y que finalmente se hundió en el Congreso, la entidad electoral pasaba de recibir $3,2 billones en el presupuesto de 2025 a $732 millones, es decir un 77,4% menos  de sus recursos. La situación fue alertada de inmediato por varios sectores políticos, teniendo en cuenta el riesgo en que quedaba la organización del proceso electoral que se desarrollará en dos años.

Paralelamente, ante las Naciones Unidas, el propio registrador nacional, Hernán Penagos, advertía también la semana anterior sobre los riesgos que presenta la falta de autonomía presupuestal de las autoridades electorales.

En esta entrevista, el funcionario se refirió a lo sucedido en el Congreso, contó qué espera la entidad en materia de recursos para el 2025 y cómo se está trabajando ya en el proceso electoral que continúa, para elegir presidente y Congreso, y que, como novedad, tendrá el uso de la biometría facial.

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Usted ha alertado que uno de los principales riesgos en los procesos electorales en Latinoamérica es la falta de autonomía en materia presupuestal, ¿por qué su preocupación?

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, fui invitado para exponer acerca de democracia, gobernanza y riesgos electorales y dije que, a mi modo de ver, en Latinoamérica hay un riesgo muy importante que tiene que ver con la autonomía de los órganos y las autoridades electorales, porque muchas autoridades electorales de Latinoamérica tienen dificultades presupuestales permanentes y esas dificultades presupuestales obedecen a que los ejecutivos se niegan a girar los recursos necesarios, por ejemplo, para hacer procesos electorales.

En función de esa situación, he planteado que, necesariamente, hay que cambiar la manera de presupuestar y entregar los recursos a las autoridades electorales para su funcionamiento y tiene que ver con el tema de la soberanía presupuestal, porque hoy, cada año, las autoridades electorales tienen que ir ante el Legislativo y ante los gobiernos a buscar los recursos para poder funcionar. Dependen de la voluntad del gobierno y eso implica de alguna manera supeditarse a veces a la forma en que los ejecutivos quieren entregar los recursos.

¿Cómo debería hacerse ese cambio?

Hay que pasar a que las autoridades electorales no tengan que depender de los gobiernos para poder tener sus recursos de funcionamiento y eso se logra introduciendo en las constituciones políticas de los diferentes países una cláusula muy clara que diga cuál es el porcentaje del presupuesto general de la nación que debe tener cada autoridad electoral sin tener que irse a hacer acuerdos anuales ante los gobiernos. Eso permitiría más independencia, más autonomía y respeto por el Estado de Derecho y la democracia.

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¿Ve posible que este cambio pueda darse en el corto plazo?

Todo depende de la voluntad de los diferentes gobiernos y de la voluntad de los Congresos de cada uno de los países, pero si lo que queremos es mayor independencia de las autoridades electorales y mayor autonomía de los órganos que conforman los sistemas electorales, es necesario modificar la Constitución. De hecho, la facultad de que los presupuestos en las constituciones debería ser también una cláusula incorporada para el poder judicial. En regímenes como los nuestros, que son presidenciales, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial son poderes públicos independientes, así como el electoral y la mejor manera para que sean independientes es que sus presupuestos no deriven de tener que hacer acuerdos o estar de alguna manera supeditados a las decisiones de los gobiernos de turno. 

Usted hablaba de Latinoamérica, pero sin ir muy lejos, esta semana, en Colombia, un  aparente error del Gobierno por poco deja a la Registraduría sin 2,5 billones de pesos del presupuesto para el otro año, ¿es ese riesgo al que se refiere?

Sin duda que preocupa la posibilidad de que en el futuro la Registraduría no tenga los recursos para hacer los procesos electorales. La democracia y el estado de derecho se garantizan en la medida en que los sistemas electorales funcionen y las fechas electorales se respeten. Obviamente, si no hay recursos, se hace un poco, por no decir imposible, realizar procesos electorales.  Afortunadamente, el tema se resolvió. No sé si fue un error o si fue alguna otra circunstancia, pero quedó superado, sobre todo por el hecho de que el Gobierno tendrá que aprobar por decreto el presupuesto inicialmente radicado ante el Congreso de la República y en ese presupuesto están los recursos de 3,2 billones para la Registraduría. Tengo tranquilidad, pero habrá que esperar a que el Gobierno publique el decreto del presupuesto general para el próximo año y creo que aquí queda superada esa situación. 

Entonces, ¿es un hecho ya que con el presupuesto que el Gobierno va a decretar no se afectarán los recursos para ejecutar las responsabilidades que tiene la Registraduría?

En principio no, porque si el Gobierno va a decretar el presupuesto inicialmente presentado de $523 billones, están los recursos de $3,2 billones que se presupuestaron para la Registraduría inicialmente. Esto quiere decir que, teniendo estos recursos, vamos a poder garantizar el proceso electoral del año 2026.

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Sobre estos cambios de presupuesto, ¿a ustedes, por ejemplo, los consultan del Ministerio de Hacienda?

Claro. Nosotros lo que hacemos, desde varios meses antes, es presentar al Ministerio de Hacienda una relación de las necesidades de la Registraduría para las elecciones 2026. Una vez en el Ministerio de Hacienda evaluaron las necesidades que presentamos, las incorporaron en el proyecto de Presupuesto General de la Nación y ellos lo radicaron ante el Congreso de la República. Todo ha sido concertado, explicado peso a peso en función de cómo y de qué manera necesitamos los recursos para el presupuesto del año 2026.

Aquí no se trata de una posición o de una cifra indiscriminada propuesta por la Registraduría de manera arbitraria, sino que es una cifra coordinada, concertada, explicada técnicamente a todo el Ministerio de Hacienda y a su equipo técnico y ellos con esta cifra fue que radicaron el presupuesto ante el Congreso. Todo ha sido muy juiciosamente presentado y muy juiciosamente explicado.

¿Y para el próximo año plantearon algo en particular en esa solicitud?

Lo que estábamos planteando era la necesidad de que esos recursos se aprobarán de una vez, entre otras razones, porque el calendario electoral inicia en marzo del año entrante. Quiere decir que para esa fecha ya debe haber varios proveedores haciendo trabajo para ir construyendo el proceso electoral del 26. Todo el año 2025 vamos a dedicarlo a construir los procesos electorales. Eso implica presupuestos importantes, así que el tiempo aquí es muy importante porque nosotros tenemos unas tareas de planeación muy claras en las que no podemos fallar si queremos hacer un proceso íntegro.

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