La construcción de centros deportivos y autopistas para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro levantó mucha controversia a raíz de la cruda crisis económica que atraviesa el país, y los innumerables casos de corrupción en donde los funcionarios del gobierno quedaron como los responsables de una debacle financiera e institucional.

La ‘cidade maravilhosa’ (ciudad maravillosa), icónica, pero deslustrada, desea brillar a partir del 5 de agosto, cuando se convierta en la primera ciudad olímpica de Sudamérica.

Cuando la antorcha olímpica se apague el 21 de agosto, Río contará con un sistema de transporte ampliado, que permitirá incrementar el porcentaje de pasajeros de 38% a 66%.

Un total de 16 kilómetros de metro conectarán en 13 minutos los turísticos barrios de Ipanema y Copacabana con Barra, un recorrido que antes duraba una hora en el tránsito infernal. “Será el mayor legado de los Juegos Olímpicos”, dijo el subsecretario de Transporte de Río, Bernardo Carvalho.

Con más de 4.000 familias desalojadas de sus casas por las obras olímpicas, en su mayoría en zonas de fuerte potencial inmobiliario, el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas cree que los Juegos dejarán una ciudad “más segregada”.

Por su parte, el alcalde de Río garantizó que los gimnasios, canchas, campos y piscinas no terminarán convertidos en “elefantes blancos” como ocurrió con muchos de los estadios del Mundial de fútbol de 2014.

Dos de las instalaciones del parque olímpico fueron construidas con lo que se conoce como “arquitectura nómada”: la cancha de balonmano será desmontada y convertida en cuatro escuelas públicas, mientras que el estadio acuático será dividido en dos centros de natación.

Con la economía en serias dificultades, sin embargo, crece la incertidumbre sobre el interés inmobiliario post-Juegos en los nuevos apartamentos de la Villa Olímpica.

Rio de Janeiro | AFP